El gobierno nacional formalizó ayer la creación de una oficina destinada a investigar los delitos económicos cometidos durante la última dictadura militar, en medio de la pelea con los diarios Clarín y La Nación por presuntas irregularidades en torno a la compra de la empresa Papel Prensa en los años de plomo. La medida se conoció por medio de una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial, que dispuso la creación del organismo, que dependerá de la Secretaría de Derechos Humanos, en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad que conduce Julio Alak.
Según la resolución 3216/10, el objetivo de esa “unidad especial” es investigar los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la última dictadura militar en la Argentina por “motivación económica”. El flamante organismo estudiará distintos casos, entre ellos, “la creación de monopolios como el del papel para diarios, a fin de favorecer a determinados grupos periodísticos a cambio de silencio”.
Las investigaciones que comandará Alak buscarán develar principalmente si hubo apropiación de empresas o bienes de las personas detenidas o desaparecidas durante la dictadura. “Tiene entre sus objetivos el de entender, a través del Archivo Nacional de la Memoria en la recolección, actualización, preservación y digitalización de los archivos e informaciones vinculados a la vulneración de los derechos humanos por el terrorismo de Estado, durante la dictadura cívico militar que asoló a la República entre 1976 y 1983”, explicaron.
A la vez, se detalló que la oficina creará un registro de víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica, a fin de coordinar las acciones con los organismos competentes del Poder Judicial de la Nación y del Poder Público Fiscal y otras áreas de ese ministerio.
En la publicación del Boletín Oficial, desde la Casa Rosada aseguraron que “además de los objetivos macroeconómicos de la dictadura”, también hubo en el país “una política de enriquecimiento individual por parte de funcionarios de la dictadura o de grupos económicos afines”.
Se investigará si existieron delitos de “apropiación de bienes de las personas detenidas, asesinadas, desaparecidas, exiliadas o presas o apropiación de empresas, vía el desapoderamiento del capital accionario de sus titulares a punta de pistola”. Al mismo tiempo, se rastrearán casos de “saqueo de campos y propiedades con similar metodología”.
“En muchos de los casos intervinieron, junto a los jefes militares que están siendo sometidos a procesos judiciales, civiles que hasta ahora no han sido objeto de imputación por la responsabilidad penal que les cabe”, enfatizaron desde la administración kirchnerista. A fines de agosto pasado, la presidenta Cristina Fernández presentó un informe en el que denunció supuestas irregularidades en la compra de Papel Prensa, realizada por los diarios La Nación, Clarín y La Razón. En tanto, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para declarar de “interés público” el papel de los diarios, medida que no prosperó por falta de número.
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