Por Martin Lucero (*)
Ante el inicio del ciclo lectivo 2021 todos los actores del sistema educativo acuerdan en la importancia de la apertura de escuelas y las clases presenciales no sólo por una cuestión académica sino también por el impacto que tiene en la socialización de las infancias y adolescencias.
También existe un consenso mayoritario de que las clases presenciales deben dictarse de manera segura, adecuando la infraestructura, con la utilización obligatoria de elementos de cuidado sanitario y respetando los protocolos pertinentes.
El informe de Unicef Unesco de diciembre 2020 llamado “Educación en persona y transmisión de Covid: Revisión de la Evidencia” establece que, a diferencia de lo que se creyó anteriormente, la educación presencial no parece ser un factor de incremento de infección. También expresa que, en todos los casos, deben tomarse medidas de mitigación y que algunas de las muestras se realizaron en contextos de aperturas de escuelas relativamente limitadas.
En igual sentido se han expresado la OMS – Unicef – Unesco en septiembre 2020: “Globalmente, la mayoría de los datos de los países que han vuelto a abrir las escuelas o que no llegaron a cerrarlas sugiere que las escuelas no han estado asociadas con aumentos significativos de la transmisión comunitaria. El cumplimiento de unas medidas reforzadas de prevención y la oportuna detección y el aislamiento de los casos y sus contactos han servido hasta ahora para evitar brotes mayores en casi todas las situaciones”
Por su parte la Sociedad Argentina de Pediatría (octubre 2020), en un informe que ha tomado gran notoriedad mediática, también expresa: “Consideramos que el retorno a las aulas debe ser un proceso ordenado, en el que se cumplan todas las recomendaciones destinadas a proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, de los maestros, de todo el personal escolar, sus familias y comunidades”
Como puede verse organismos nacionales e internacionales coinciden tanto en la importancia de la presencialidad como en la necesidad de extremar las medidas de cuidado o mitigación (grupos reducidos, mascarillas, ventilación de los espacios, desinfecciones, distanciamientos, etc.).
La obligación de garantizar las medidas sanitarias en el ámbito educativo es del Estado y de las entidades propietarias de escuelas privadas según corresponda.
La demanda de las entidades gremiales docentes es que estas medidas sean de cumplimiento real y efectivo al momento de la apertura. Un requerimiento razonable y acorde al de todas las actividades laborales. Un lugar que no es seguro o no cumple los protocolos no puede ni debe funcionar sea un bar, un club, un banco, una empresa cualquiera y lógicamente una escuela.
En concreto: Nadie se opone a la presencialidad. Hay una lógica resistencia a la falta de cuidado de la salud.
En Argentina bajo la consigna #abranlasescuelas y mediante la participación activa de diversos sectores de la política partidaria el debate ha tomado la real preocupación de muchas familias y se ha metido de lleno en la agenda de los medios en un año electoral.
En medio del debate algunos sectores apuntaron a los sindicatos docentes como los principales opositores a “la apertura” de las escuelas. Una afirmación sin demasiado sentido atento a que los decretos de apertura o cierre de actividades fueron firmados por los gobernantes (de diverso signo político) y anunciados en conferencias de prensa conjuntas.
No hay dudas. En su momento todas las fuerzas políticas acordaron con el cierre de escuelas por razones sanitarias. No fue una decisión gremial.
Sin embargo, de manera mezquina, cuando todos los actores acuerdan con la presencialidad y no hay mayores debates al respecto, algunos sectores políticos impulsan la “declaración de la educación como servicio público esencial”.
Vale una aclaración preliminar: hubo actividades en el contexto de la pandemia donde se “exceptuaba” a sus trabajadoras y trabajadores del aislamiento obligatorio para el resto de la población (farmacias, estaciones de servicio, locales de repuestos de PC, lugares de comida para llevar, etc) porque la actividad era necesaria (“esencial”) para la vida cotidiana. Como se puede ver son actividades privadas que lejos pueden estar de considerarse servicios públicos. Y de ninguna manera representaban una “obligación” para quienes se desempeñaban en la actividad. El propietario de una casa de comidas para llevar bien podía decidir no abrir aunque estuviera autorizado puesto que si bien la actividad podría ser de necesidad para su barrio no era un servicio público como el hospital de la zona.
La educación como servicio público esencial no es un debate nuevo. Durante los 90 en el gobierno de Carlos Menem y más recientemente durante la presidencia de Mauricio Macri (sin ninguna pandemia de por medio) se intentó instaurar la idea. De hecho el último proyecto data de 2018 impulsado durante el gobierno nacional de Cambiemos.
El planteo es sencillo. Los servicios esenciales (definidos por el Comité de expertos de la OIT en 1983 como aquellos “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”) tienen reglamentado con limitaciones el derecho a huelga. Coherente con ello, el Comité de Libertad Sindical de la OIT, basado en los convenios 87 y 98 ha declarado reiteradamente que el sector educativo “no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término y por tanto no procede la exclusión del derecho de huelga”. La misma interpretación es expuesta por la Oficina Internacional del Trabajo su informe sobre principios de huelga de 1998.
En nuestro país la legislación define como servicios esenciales a los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica; los servicios telefónicos, el control de tráfico aéreo y algunos que en circunstancias especiales determine el Ministerio de Trabajo. Los servicios alcanzados por esta normativa tienen que llevar adelante un complejo mecanismo para poder realizar medidas de fuerza que abarca notificaciones previas, guardias mínimas, acuerdos obligatorios y sanciones por incumplimiento.
Con esta declaración la vieja aspiración de la derecha política argentina de “prohibir” los paros docentes se vería mucho más cerca y la posibilidad de sancionar la actividad gremial también.
Es por eso que llamamos la atención sobre este punto. No se puede hacer campaña engañando a la gente.
Como puede inferirse la declaración de la educación como “servicio público esencial” no hubieran implicado que las clases hubieran sido presenciales en 2020. Ya que este tipo de declaraciones esta vincula con las medidas de fuerza gremiales, no con cierres motivados en cuestiones sanitarias dispuestas por el estado.
En sentido estricto “las clases virtuales” del año 2020 deberían considerarse como un “servicio esencial prestado” motivo por el cual no hubiera resuelto la presencialidad.
La mentira queda expuesta.
A ese punto llega el nivel de manipulación de la opinión pública. Impulsar “soluciones” que nada resuelven.
Desde nuestra parte seguimos considerando que la mejor definición jurídica que le podemos dar a la educación no es rebajarla a un mero servicio sino por el contrario sostenerla como “un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado” como lo hace la Ley Nacional de Educación.
De esto se trata todo. De una discusión de derechos. La presencialidad no va a resolver los problemas de desigualdad que hay en el sistema educativo si no hay inversión del estado, políticas públicas inclusivas y un fuerte compromiso político sostenido en el tiempo.
La discusión no puede terminarse en que “abran las escuelas” porque desde hace años el desafío es que alumnos y alumnas sigan entrando por las puertas abiertas. Y también saliendo con la escolaridad obligatoria completa con herramientas para poder desarrollarse en la vida.
Si el debate educativo se acaba en la presencialidad no habremos aprendido nada de la pandemia. La educación debe seguir siendo tema de agenda permanente, una preocupación central de las familias y una interpelación permanente a quienes nos gobiernan.
Lo único que no debe ser la educación, es una módica prenda de campaña electoral que será olvidada por la política tan pronto se cuenten los votos.
(*) Secretario general Sadop Rosario
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