El gobierno de Ecuador declaró esta tarde el “estado de excepción” en todo el territorio nacional, por una semana, y delegó en las Fueras Armadas el control de la seguridad del país, como consecuencia de un violento amotinamiento de la policía que se desarrolla en Quito y en las principales ciudades del país.
La información fue difundida a través de la página de Twitter del gobierno ecuatoriano, pero luego fue confirmada a la prensa por voceros del Palacio Corondelet.
Horas de tensión se viven en Ecuador donde los efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas se sublevaron por la aprobación de una ley que se votó ayer en la Asamblea y que prevé recortes presupuestarios para ambos sectores.
Ante el alzamiento, el presidente Rafael Correa acudió a un cuartel para confrontar a los sublevados, advirtiéndoles que no cedería y ofreciendo su pecho para que lo matasen. “Señores si quieren matar al presidente, aquí está, mátenlo”, desafió el mandatario, que recibió una respuesta hostil de los policías.
El mandatario debió abandonar el cuartel en medio de una refriega entre los manifestantes y su personal de seguridad, en la cual explotaron bombas lacrimógenas. Afectado por los gases, Correa salió del regimiento en camilla, y fue trasladado hasta el vecino hospital de la Policía.
Desde la habitación del centro de salud, Correa realizó declaraciones en las que sostuvo que se encuentra “secuestrado” en el lugar y que distintas personas intenta ingresar al nosocomio. Además, aseveró sentirse “traicionado”.
“Esto fue una gran traición a la Patria, un intento de Golpe de Estado”, afirmó Correa.
Mientras, en Washington se desarrolla en estos momentos una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se prevé aprobar un proyecto de resolución para “respaldar decididamente al Gobierno constitucional” de Ecuador.
El proyecto de resolución que está bajo la consideración de los estados miembros de la OEA pretende “repudiar cualquier intento de alterar la institucionalidad democrática en el Ecuador” y hacer “un enérgico llamado a la fuerza pública de Ecuador y a los sectores políticos a evitar todo acto de violencia que pueda generar una situación de inestabilidad política”.
Los incidentes que comenzaron de manera sectorizada pronto se extendieron a distintas ciudades donde también se registran saqueos a supermercados y comercios. En tanto, los vuelos locales e internacionales permanecen suspendidos en el país. El ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases en Quito “hasta nueva orden”.
Los reclamos y protestas provocaron pánico en los habitantes y muchos de ellos comenzaron a acudir a los bancos a sacar dinero. Ante esto, el presidente del Banco Central de Ecuador, Diego Borja, pidió a la población mantener la tranquilidad y no retirar dinero de los bancos.”Lo peor que se podría hacer en este momento es entrar en pánico, sacar dinero, ponerse en riesgo porque salen del banco y pueden ser asaltados”, dijo Borja.
Los incidentes comenzaron cuando un grupo de policías y militares tomaron distintas dependencias de las fuerzas en reclamo por las medidas adoptadas por el Ejecutivo. El presidente Correa vetó de manera parcial la ley de servicios públicos que preveía el pago de bonos extra para algunos policías.
Desde el gobierno intentaron justificar la medida manifestando que lo que se buscaba era una situación más justa entre los miembros de las fuerzas. “La ley trata de homologar los salarios de lo servidores públicos para que no haya grandes diferencias entre unos y otros”. Se trata de establecer justicia salarial”, sostuvieron.
Durante la votación en la Asamblea, algunos de los diputados oficialistas apoyaron la propuesta de ley esto “molestó” al presidente Correa que desde horas de la mañana barajaba la posibilidad de disolver el Parlamento y llamar a elecciones anticipadas.
Mientras, los parlamentarios de la bancada oficialista permanecen de manera indefinida en el interior de la Asamblea, en un intento de velar por la democracia. Hasta allí llegaron grupo de policías que ocuparon el edificio e impiden el ingreso o salida de las personas que trabajan allí. Además, varios legisladores han denunciado que han sido desalojados por los agentes de edificios aledaños a la Asamblea, donde tienen sus despachos.
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