El Ciudadano
El gobierno nacional no reglamentó la segunda parte del decreto de necesidad y urgencia que ponía un freno a despidos, que surgió como acuerdo con la CGT y que operó como freno de la conflictividad sindical, especialmente desactivando la chance de un paro general para diciembre pasado. Se trata del DNU 1.043/18 que en su primera parte de cinco artículos instituye el bono de 5.000 pesos para fin de año y que tuvo dispar acatamiento en las cámaras patronales. La segunda parte de la norma, los artículos 6° al 9°, establece un marco de contención para preservar puestos de trabajo. Lleva el título “Procedimiento previo de comunicación para despidos sin justa causa”, y obligaba a los empresarios, hasta el 31 de marzo próximo, a comunicar al Ministerio de Producción, con diez días de antelación, despidos de trabajadores con contrato por tiempo indeterminado. Además establecía durante ese tiempo la realización de audiencias entre la parte patronal y la sindical para buscar alternativas a las cesantías. Ahora no corre más.
“El problema de la falta de reglamentación es que los empresarios, en su mezquindad, aprovechan cualquier hueco legal para avanzar con despidos”, lamentó el cotitular de la CGT Héctor Daer –uno de los responsables de la negociación del DNU con el gobierno y las cámaras patronales– al ser consultado por el diario Ámbito Financiero. Fue uno de los periodistas de ese medio, Mariano Martín, quien refirió que el gobierno llegó a enviar a gremios y cámaras empresarias un borrador de la reglamentación antes de fin de año, pero nunca se oficializó.
Según recordó el sitio infogremiales.com, el espíritu del decreto, era habilitar instancias de diálogo previas a despidos por goteo, cubriendo así el vacío normativo que los diferencia de los despidos masivos, en los que las empresas deben pedir antes de concretarlos la apertura de un procedimiento preventivo de crisis y atravesar por audiencias de conciliación.
“El mecanismo de informar antes de despedir no surtió ningún efecto. Solo evidenció la ausencia de una política del gobierno frente a la crisis de empleo o, lo que es lo mismo, un permiso para que los empresarios despidan sin consecuencias”, citó Ámbito al presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte.
La afirmación fue convalidada por un abogado asesor de empresas, José Zabala, quien admitió al diario porteño que sus clientes que avanzaron en despidos cumplieron con lo indicado por el DNU 1.043/18 pero en ningún caso fueron convocados por la Secretaría de Trabajo.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, naufragó así, primero en la práctica y ahora en la teoría. La vigencia es opinable, pero aun acatándose la letra la cartera laboral, degradada y ahora dependiente del Ministerio de la Producción, no cumple su papel de convocar “de oficio o a petición de parte” al empleador y al trabajador cesanteado junto a sus representantes sindicales a “las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral”.
Esto, pese a que como corresponde a todo decreto de necesidad y urgencia, está firmado por el presidente Mauricio Macri y todos los miembros de su gabinete, ya que su alcance es el de una ley: puede ser dictada por el Ejecutivo, pero “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos” por la Constitución Nacional, y además debe ser refrendado por el Poder Legislativo.
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