Por segunda vez en lo que va del año, un grupo de familiares de las víctimas de la explosión de Salta 2141 montó un escrache en las oficinas de Litoral Gas, en Mitre y San Lorenzo.
Alrededor de las 8, y tal como se había anunciado, parte de los manifestantes cortó calle Mitre y otro grupo se ubicó frente a las puertas cerradas de la oficina comercial de la empresa con carteles y pancartas que colgaron en las vallas que, preventivamente, se habían dispuesto en el lugar.
Momentos más tarde ingresaron al hall de atención al público, custodiado por dos agentes de seguridad privada, para detenerse frente al sector de cajas y gritar cánticos contra los directivos de la empresa.
En esta ocasión, a diferencia del escrache de mayo, que les valió a varios de familiares denuncias en la Justicia por “impedir la normal circulación del personal dentro de la compañía”, no hubo ni siquiera insultos. Por el contrario, y tal como explicó a El Ciudadano Claudia Vaio, madre de Santiago Laguía, los empleados no tienen la culpa sino los directivos.
“Hasta el personal de seguridad nos recibió con un beso y abrazo. Y si me quieren meter otra denuncia que lo hagan. No me van a sacar nada. Ya no tengo nada. Lo mejor que tenía me lo sacaron”, contó la mujer antes de marchar hacia calle Urquiza junto a una manifestación que se llevó las miradas matutinas del microcentro hasta llegar a Oroño y Salta para participar del acto por el aniversario.
“Venimos hasta acá para que nos escuchen. Cuando llegamos y nos encontramos con el vallado nos dio mucha bronca porque nosotros no somos los asesinos. Los asesinos son ellos. Aquí no hay nadie. Las oficinas están vacías, el personal no da la cara y desapareció, como siempre”, había afirmado antes Claudia desde el hall central de la empresa.
A futuro
“Espero que la gente tome conciencia de que no sólo pedimos por nosotros. Rosario vive con una bomba de tiempo con esta empresa”, refirió Vaio sobre Litoral Gas.
Consultada por el proyecto de expropiación presentado la semana pasada en la Legislatura provincial, la madre de Laguía reprochó: “Nos gustaría tener un memorial en el lugar que sea activo y no un cementerio. Que tenga un grupo de psicólogos y abogados para ayudar a la gente a la que le pueda pasar algo similar en el futuro. Pero el proyecto no avanzó porque se opuso, obviamente, el socialismo. Nadie se compromete. La gente que gobierna no se compromete; la Justicia tampoco”.
Respecto de la causa, donde ya hay once procesados por estrago culposo agravado, Vaio, quien ya había criticado el trabajo de la fiscal del caso, Graciela Argüelles, insistió en que la Justicia debe imputar también a la cúpula de Litoral Gas.
Este pedido también fue realizado por uno de los querellantes en la causa, quien pidió incluir a los gerentes de la empresa Conrado Bianchi y Ricardo Fraga, quien lo sucedió.
Cabe recordar que entre los procesados figuran el jefe de los inspectores de Litoral Gas, Claudio Tonucci, la gerenta técnica Viviana Leegstra y los inspectores Gerardo Bolaños –quien cortó el gas el 25 de julio sin poner un cepo de seguridad para que trabajara el gasista José Allala, otro imputado– y Luis Curaba y Guillermo Oller, que reconectaron el servicio un día más tarde sin hacer una inspección integral.
Incidentes previos y causas en los Tribunales
A mitad de año se conoció que Litoral Gas había presentado una denuncia contra un grupo de familiares de víctimas de Salta 2141 referida al escrache realizado en las mismas oficinas en las que protestaron ayer.
En aquella oportunidad, y de igual manera, un grupo de familiares se presentó con pancartas, reclamó a viva voz una entrevista con personal jerárquico de la empresa e ingresó al hall de acceso a las oficinas. La situación se tensó luego de varias horas por lo que tuvieron que intervenir dos fiscales y personal policial. En la denuncia, la compañía argumentó que en esa oportunidad varios empleados quedaron bloqueados y no pudieron salir o ingresar a la dependencia, lo cual configuró “privación ilegítima de la libertad”. La causa está en la fiscalía de Fernando Dalmau, del área de Investigación y Juicio del Ministerio Público de la Acusación. Es la segunda luego de otra en la empresa solicitó que se investigaran las pintadas aparecidas en el domicilio particular de Conrado Bianchi.
Comentarios