La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó un informe sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en 2019 durante un acto en Plaza de Mayo, en el cual se cuestionó la política represiva aplicada durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y la gestión de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Organismos de Derechos Humanos, partidos de izquierda y familiares de víctimas de las fuerzas policiales y de seguridad presentaron este relevamiento que actualiza de forma anual el archivo de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado que la Correpi lleva desde 1996.
Según esta edición del informe, de las más de 7.000 personas que fueron asesinadas por las fuerzas policiales “desde el fin de la dictadura cívico militar eclesiástica, el 26 por ciento murió en los últimos cuatro años” de la gestión de Cambiemos.
El informe determinó que desde diciembre de 2015 al 15 de noviembre de 2019, “un total de 1.833 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal, en 1.435 días de gobierno”. Por lo que durante la gestión de Mauricio Macri hubo un muerto por las fuerzas de seguridad cada 19 horas.
“El gobierno que termina ha sido, sin dudas, el más represivo en los últimos 36 años. Día a día nos hemos encontrado en las calles, contra la explotación, la opresión y la represión, y vivimos, en carne propia, toda la avanzada contra nuestros derechos, en un verdadero estado de excepción”, señaló la Correpi en el documento que fue leído en la plaza.
El informe hace hincapié en las decisiones de Cambiemos que dieron lugar a una “profunda transformación de la política represiva en el país”.
Entre ellas, destaca: La desaparición forzada de Santiago Maldonado y el “fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel”; la norma que aprueba el uso de armas taser , reglamentada en mayo de este año; la resolución 845 que habilita el pedido de identificación aleatoria en los trenes; la inauguración del servicio cívico voluntario en valores “para adoctrinar y militarizar a la juventud”; la creación de la Policía de la Ciudad, responsable de 68 casos de violencia institucional en 2019; y la represión durante las marchas del 13, 14 y 18 de diciembre del 2017.
Personalidades como la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y Sergio Maldonado, hermano del joven militante Santiago Maldonado –víctima de una desaparición seguida de muerte tras un operativo de Gendarmería llevado a cabo hace dos años en Chubut– estuvieron presentes en este acto.
Como parte de la convocatoria, el colectivo de familiares de víctimas de la represión policial que integra Correpi leyó un documento en el que sostuvo que el gobierno de Macri, a través de la gestión de Bullrich en seguridad, “premió a los efectivos” que protagonizaron casos de gatillo fácil.
“Por eso le pedimos al gobierno de Alberto Fernández que salga de esta lógica de gatillo fácil y muertes por la espalda que se impuso en el macrismo. Creemos que la designación de Sergio Berni como ministro de Seguridad en la provincia (de Buenos Aires) es un antecedente que nos preocupa”, sostuvieron los familiares.
En ese sentido, la Correpi consideró que la flamante administración de Fernández debería derogar un conjunto de regulaciones “represivas” que oficializadas por el gobierno saliente.
El organismo exige que se eliminen el Registro de Personas y Entidades vinculadas al Terrorismo; los comandos unificados para la intervención de las fuerzas conjuntas federales y provinciales; los protocolos de “lógica bélica para la actuación de las fuerzas de seguridad en movilizaciones y las deportaciones “exprés” de inmigrantes, entre otras regulaciones”.
Comentarios