“No hay aumento si no hay audiencia pública”, proclamó el dirigente de la Asamblea por los Derechos Sociales Aníbal Faccendini. La organización, junto con representantes de asociaciones vecinales de Villa Magnano, Belgrano, Domingo Matheu y otros barrios de Rosario, realizó ayer un “plenario ciudadano” en el edificio del Colegio San José, donde medio centenar de delegados, además de rechazar los “desmedidos aumentos” de la canasta familiar navideña, cuestionaron la no aplicación de la “tarifa social” por parte de la Empresa Provincial de la Energía y pidieron por “una EPE pública, eficiente y al servicio de la gente”. Algo que, al entender de los presentes, dista de ser.
“La EPE, en los cerca de 30 años que tiene, nunca en toda su historia hizo una sola audiencia pública, lo cual marca cómo deja de lado la opinión del usuario”, cargó Faccendini. Su opinión –que no es aislada– es lapidaria respecto de la empresa, a la que achacó demorar en reconocer su responsabilidad a la hora de cubrir electrodomésticos “quemados” por picos o caídas de tensión, o eludir su responsabilidad cuando las afectadas son instalaciones domiciliarias, comerciales o fabriles completas. Y también por retrasar indemnizaciones aun cuando se admite culpable.
Pero en lo que más machacó la Asamblea es la tarifa social, para cuyo acceso la empresa plantea un ingreso de 300 pesos. “La Asignación Universal por Hijo cubre familias con una gran vulnerabilidad social, que con el pago superan lo mínimo para acceder a la tarifa social de la EPE. ¿Cómo es esto de que son vulnerables para recibir ese beneficio y no para el la tarifa reducida del servicio eléctrico? Es una burla para el conjunto de los santafesinos”, se quejó Faccendini.
También insistió que la EPE difundió sin más el aumento del servicio pero sigue sin aplicar el plan para los “enganchados”, que significa una regularización de la provisión eléctrica también con consecuencias de estabilización en la tensión para el resto de los vecinos. “Los empleados de la EPE recién están viendo cómo se podría poner en práctica”, sostiene la ADS, acusando a la eléctrica de tener “morosidad para implementar los beneficios, y premura para aumentar las tarifas”. Y recordó que el plan de inclusión fue lanzado en la segunda quincena de noviembre, está destinado a 240 mil familias de la provincia –de ellas 65 mil de Rosario y 25 mil de Santa Fe– “y todavía no se hizo nada”.
Sobre el aumento de la tarifa eléctrica, informado en un escueto comunicado durante la mañana del sábado de un fin de semana largo –el 13,4 por ciento de suba fue la sorpresa del 20 de noviembre, Día de la Soberanía y último feriado trasladable del año– la Asamblea por los Derechos Sociales concluyó que es “ilegal” y no puede aplicarse: “No respeta lo que dice el artículo 42 de la constitución ni la ley de Defensa del Consumidor, esto es información previa, participación social y audiencias públicas”.
Con todo, el plenario de ayer decidió avanzar en el pedido de una reunión al titular de la EPE, Daniel Cantalejo, para presentar la queja formal por el aumento y el reclamo de una serie de medidas para que la empresa sea pública “en serio”, ya que “no alcanza con que sea estatal”. Y también tramitarán un reclamo hacia la Secretaría de Comercio Interior –un área nacional– para que establezca controles sobre las cadenas distribuidoras que “fijan los precios” de las canastas navideñas.
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