En medio de la ola de ajuste en el Estado, un organismo público encaró la dirección contraria. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo, un organismo autárquico y descentralizado, modificó su estructura para elevar 50% sus cargos jerárquicos y prácticamente duplicar la plantilla de personal en áreas gerenciales, con salarios que van desde 70 mil hasta 120 mil pesos.
La ampliación de la planta jerárquica quedó plasmada en la primera resolución firmada en el año por el nuevo superintendente, Gustavo Morón, reemplazante de Juan González Gaviola. De acuerdo con las planillas de esa norma, publicada en el Boletín Oficial el 5 de enero, Morón dispuso elevar de 52 a 77 los cargos relevantes. Los cambios se plasmaron en el crecimiento de las subgerencias, que pasaron de 10 a 19, y en los departamentos, que subieron de 29 a 44.
Además de esas incorporaciones estructurales, la jefatura de la SRT incluyó dentro de su organigrama un comité consultivo que ya existía pero que hasta el año pasado funcionaba como ente externo con participación de empresarios, sindicalistas y especialistas, cuya labor era ad honorem y que se reunía sólo para la discusión de aspectos puntuales del sistema de riesgos del trabajo. La inclusión de ese órgano abre la posibilidad de la incorporación de asesores y otros empleados jerárquicos en cumplimiento de la normativa que rige el sector, publica hoy Ámbito Financiero.
La superintendencia está dentro del esquema del Ministerio de Trabajo pero es un ente autárquico y descentralizado. Tiene a su cargo velar por el cumplimiento de la ley que regula la actividad de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) que cada empleador debe contratar obligatoriamente para la cobertura de eventuales accidentes o enfermedades de sus trabajadores a cargo.
El organismo tiene 2.400 trabajadores en todo el país (en las provincias hay comisiones de Salud) y de ellos, 1.029 contratados a plazo fijo cuyo vínculo formal fue extendido a principios de año hasta el 31 de marzo. Dentro de la SRT afirman que la nueva gestión se propone anular unos 450 contratos de una camada de ingresantes el año pasado, en general con salarios que van desde 15 mil hasta 23 mil pesos. Este diario se contactó con los colaboradores directos de Morón para conocer la posición del superintendente pero hasta anoche no hubo respuesta.
Ya en 2008 el mismo ente había quedado en la mira cuando González Gaviola se había duplicado el sueldo y había transferido a su equipo de colaboradores desde el anterior cargo que ocupaba, la Superintendencia de AFJP, y había habilitado indemnizaciones para todos ellos.
En este caso, la reestructuración de Morón abrió 25 nuevas áreas: en el caso de las nueve subgerencias incorporadas, sus titulares percibirán salarios de entre 90 mil y 95 mil pesos en bruto, mientras que los directores de los nuevos 15 departamentos cobrarán entre 70 mil y 79 mil pesos en bruto. En tanto que en las gerencias, si bien no hubo agregados en la estructura renovada, todas fueron ocupadas por personas de confianza de Morón y de su equipo con sueldos mensuales de entre 110 mil y 120 mil pesos. A los anteriores gerentes se les pidió ceder la firma y el cargo a cambio de mantener parte de sus salarios, a otros se los invitó a retirarse y en algunos casos hubo despidos a jerárquicos de carrera.
Esta reestructuración formal no contempla la discrecionalidad con la que contarán los nuevos directivos para nombrar asesores con haberes equiparables a los de jefes de departamento. Se calcula que en total esa planta de cargos gerenciales, que hasta el año pasado no superaba las 50 personas, con la primera resolución del año se elevará a por lo menos a un centenar.
Morón es un contador que cultiva el bajo perfil y que atravesó en los últimos años diversos estamentos de la administración pública. En el Gobierno de la Alianza fue auditor interno del Ministerio de Trabajo durante la gestión de Alberto Flamarique. De ahí llegó por primera vez a la SRT ya en la gestión de Patricia Bullrich en la cartera laboral, y entre 2007 y 2015 trabajó para Guillermo Montenegro en el Ministerio de Seguridad porteño.
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