Más de doscientos días pasaron desde que el Concejo Municipal aprobó sumar al conocido test de alcoholemia en conductores un control de narcóticos en calle. Según lo que prescribe la ordenanza, hace meses que el Ejecutivo debió mandar un informe con los resultados de la implementación del test. Sin embargo, no hubo respuestas.
La reglamentación en manos de la Secretaría de Servicios Públicos debía definir cuáles serían las drogas a detectar, pero ni siquiera eso se cumplió.
“No han respondido en nada. Lamento haber creído en la palabra de los funcionarios que prometieron la implementación pero no me queda más que hacer una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público”, explicó en diálogo con El Ciudadano el concejal radical Jorge Boasso, promotor de la ordenanza.
“Se trata de aplicar la ley. Hoy en día hay más conductores bajo el efecto de las drogas que del alcohol y no se controla”, aseguró sin dudar el edil, recordando: “Así lo establece la ordenanza que votamos entre todos”.
“Es evidente que no hay voluntad de hacer cumplir las leyes nacionales que prohíben la conducción bajo la influencia de drogas, con las consecuencias trágicas que eso tiene”, lamentó Boasso.
La cuestión a resolver
Tal como publicó este medio, la ordenanza no especificaba cuáles debían ser las drogas a relevar. En lo preliminar se buscaría, según habían adelantado desde la Secretaría de Salud local, la presencia de cocaína y marihuana, no como una persecución al consumidor sino con la idea de prevenir accidentes: si el test daba positivo empezaban a correr multas de 600 a casi 2.000 pesos e inhabilitaciones para conducir de quince días a tres meses.
Ahora bien, ¿hay niveles permitidos para el consumo de drogas ilegales de quienes conducen? Y también: ¿Son estas drogas las únicas que afectan la conducción? Las drogas legales como los psicofármacos, ¿no deberían ser incluidas para el caso de quienes abusan en su consumo y guían un vehículo?
Lo cierto es que por ahora el control de narcolemia, todavía en suspenso, no contempla las sustancias y fármacos legales que junto con el alcohol constituyen, desde la óptica de la Sedronar (Secretaría de Estado de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico), el principal problema en cuanto a adicción en el país.
Consumos peligrosos
En diálogo con este diario, el presidente de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (Arec), Ignacio Canabal, opinó: “Si bien es claro que no se debe conducir ni operar maquinaria bajo el uso de drogas legales o ilegales, entendemos que este tipo de controles debería incluir las drogas legales cotidianas que son las que más se consumen en la Argentina”.
De acuerdo con el presidente de Arec, el uso de benzodiazepinas (conocidas por los nombres comerciales Rivotril, Clonazepam o Alplax) y antidepresivos supera al de drogas ilegales (cocaína y marihuana, entre otras), tal como demuestran la mayoría de las estadísticas sobre consumo.
“Si vamos a hacer políticas de control deberíamos tener en cuenta que de la población argentina entre un 2 y 8 por ciento consume drogas ilegales. Siguen arriba en el ranking el alcohol y el tabaco, y en tercer lugar los medicamentos. Entre ellos, aumenta el consumo de ansiolíticos”, precisó Canabal.
Indefiniciones
Tal como publicó este medio, representantes del Colegio de Farmacéuticos admitieron que se trata de drogas legales reguladas por el sistema de recetas. Sin embargo, insistieron en que creció la adquisición de medicamentos por internet, modalidad que no es controlada.
El presidente de la institución, Cándido Santa Cruz, desestimó un aumento del consumo de psicofármacos en la ciudad al menos en los canales legales. Sin embargo, advirtió que “es probable que si pudiésemos detectarlo se registraría mucho, aunque quedaría por ver si las dosis utilizadas impiden conducir”.
Al respecto agregó que en la actualidad mucha gente usa benzodiazepinas para dormir, desacelerar o sobrellevar una depresión, sin que esté establecido en qué medida podría resultar un impedimento para manejar un vehículo.
Las sanciones
Según la ordenanza aprobada en abril quienes conduzcan bajo los efectos de estupefacientes serán penados con multa de 600 a 1.940 pesos, además de inhabilitación de quince días a tres meses para conducir en la vía pública. En caso de reincidencia se aplicará multa de 1.940 pesos e inhabilitación de tres a seis meses.
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