Agustín Aranda
Hace 11 años, en agosto de 2009, la historia de las políticas de drogas en Argentina cambió. Fue cuando la Corte Suprema de Justicia dio a conocer el fallo Arriola. El mensaje a jueces y juezas del país fue claro: no era necesario gastar tiempo ni plata en enjuiciar a una persona por tener un par de cigarrillos de marihuana, algunos gramos de cocaína o unas pastillas para consumo personal. La Corte ya lo había hecho en 1986 cuando ordenó liberar de culpas al guitarrista de Los Abuelos de la Nada, Gustavo Bazterrica, por haber tenido un poco marihuana y cocaína encima.
Aún con los fallos, ya históricos, la idea de no perseguir a quienes usan drogas está lejos de ser una política para el Poder Judicial. Entre 2016 y 2019, por ejemplo, los dos tribunales federales de Rosario, ciudad donde empezó el caso Arriola, se duplicaron las causas a quienes consumen, según datos de la Nación. En paralelo, hubo 15% menos de expedientes contra quienes venden o trafican. Esos años fueron los de la campaña del macrismo que dibujaba con panes de drogas el slogan “Argentina sin narcotráfico”.
Las causas por consumo personal suelen archivarse, pero el esfuerzo de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial no sólo se mantiene. Creció. “Descubrimos que el 93% de los operativos de seguridad en la gestión anterior fueron para incautar una cantidad ínfima de droga”, dijo este lunes la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. La funcionaria participaba del primer panel de la 18ª conferencia nacional sobre políticas de drogas organizada por la asociación Intercambios.
Costos y salidas
El año pasado, cuando se cumplió una década del fallo Arriola, la organización Reset hizo un informe con datos del Ministerio Público Fiscal (MPF) para saber cuánto costaba a Argentina arrestar y enjuiciar a personas que usan sustancias de venta ilegal. Nada de narcos. Gente que la detuvieron comprando o que en “tareas de prevención” les encontraron un poco de droga encima. En Reset hicieron las cuentas y les dio que cada año, entre fuerzas de seguridad y Poder Judicial, el Estado gasta un promedio de 40 millones de dólares por año. Desde que la Corte Suprema mandó el mensaje con Arriola el acumulado suma 440 millones de dólares.
Este año desde Reset compartieron otro informe para contar que desde el fallo hubo 28 proyectos legislativos para que el Poder Judicial no castigue a las personas que consumen y cambiar la actual ley de drogas. Entre las conclusiones destacaron que, salvo excepciones, todos los proyectos coinciden en que perseguir a las personas consumidoras limita su libertad y significa un desperdicio de recursos (que mejor sería volcarlos en prevención y delitos de mayor daño social). En el texto sumaron: “Algunos sectores se observan preocupados por un eventual aumento del consumo motivo de la despenalización, siendo que ello ya fue estudiado ampliamente y descartado en la realidad de una treintena de países que en la actualidad no criminalizan el consumo, entre los cuales podemos nombrar en nuestra región a Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México y Uruguay, entre otros”.
En diálogo con El Ciudadano, Mariano Fusero, abogado de Reset, insistió sobre los países que aplican otras políticas de drogas: “No han aumentado drásticamente los índices de consumo, ni de violencia, ni de afectaciones a la salud mental, entre otros pronósticos desacertados. En cambio, han podido redireccionar sus recursos y esfuerzos a la prevención y tratamiento de los consumos problemáticos, como estrategias más efectivas para controlar en fenómeno desde una política sanitaria”.
El detalle
Los datos de causas federales en Rosario están disponibles en la plataforma de Procunar, el organismo encargado de la narcocriminalidad en Argentina. Allí puede verse que en 2019 un promedio de 30 causas por mes a consumidores y consumidoras ocuparon a los tribunales locales cuyo atasco llevó al presidente Alberto Fernández a proponer a crear una secretaría de narcotráficos para la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario sumando cargos y recursos.
En paralelo, ese año hubo un repunte de causas a comerciantes y traficantes, pero el balance de los años de “Argentina sin narcotráfico” mostró una caída de 15% de causas. En 2016 hubo un total de 1.284 causas. En 2017 fueron 1.187. En 2018, cuando la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comunicó con panes de marihuana la frase de su campaña “Argentina sin narcotráfico”, Rosario tuvo su marca más baja en los años macristas: 886 causas. El 2019 terminó con 1.081 mientras que llegó el récord de causas contra quienes consumen: 380 nuevas procesos judiciales contra personas que tenían poco droga encima y ningún indicio de que quisieran venderla.
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