El Ciudadano
El conflicto laboral que se viene dando en Electrolux sumó un episodio fatal cuando en la tarde de este miércoles un delegado gremial de la UOM falleció de un paro cardiorrespiratorio en medio de incidentes en las puertas de la empresa. Según contaron desde la Unión Obrera Metalúrgica, el delegado Edgardo Benedetti, trabajador de CYM Materiales, sufrió un infarto cuando crecía la tensión entre quienes mantenían el bloqueo en la planta de Batlle y Ordóñez al 3400 y los trabajadores que habían resuelto en asamblea volver a sus labores, y que en la jornada descargaron a mano un camión con insumos para la planta. “No se permitió el ingreso de una ambulancia para atenderlo, por lo que falleció en el lugar”, acusó el gremio metalúrgico, lo cual fue negado en forma terminante por abogados que representan a empleados cesanteados, quienes además acusaron a la UOM de mantener un “accionar patoteril y propatronal” en el conflicto en la firma multinacional de línea blanca.
Los abogados Celina Tidoni y Agustín Comas acusaron al gremio metalúrgico de transmitir versiones “falseadas” de los hechos: “En ningún momento el día de hoy (por este miércoles) se interrumpió el paso de ninguna ambulancia para entrar o salir de la planta. Esto se trata de una mentira alevosa de la UOM”, sostuvieron. Y adjuntaron un video en el que no sólo pasa una ambulancia sino dos: unidades de terapia intensiva móvil de Ecco primero y de Emerger pocos instantes después.
Aunque la secuencia filmada no refleja si antes se había demorado o no el ingreso, los letrados negaron que eso hubiera ocurrido. “Lo que sucedió fue el fallecimiento por un infarto de un delegado de otra empresa que fue llevado allí por la dirección de la UOM. Es repudiable y deleznable que la dirección de la UOM quiera utilizar este hecho, una vez más, contra los trabajadores despedidos que reclaman legítimamente por sus puestos de trabajo”, se plantaron los letrados, que enunciaron así otro tipo de conflicto: ya no sólo con Electrolux por cesantías, sino también con el propio gremio metalúrgico. “Electrolux realizó despidos ilegales avalados por la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica, jamás se impidió el ingreso y el egreso de ninguna persona o vehículo por fuera de los camiones que intentaban ingresar insumos o retirar productos terminados”, insistieron los abogados, que esgrimieron como “prueba de esto” que operarios, administrativos y miembros de la gerencia ingresaron a planta “con normalidad durante todos estos días, incluyendo sus vehículos” particulares. “Además de esto, ingresaron cotidianamente camiones que trasportaban alimentos, camiones atmosféricos y camiones de caudales, entre otros vehículos”, insistieron.
Tidoni y Comas concluyeron acusando al gremio de apelar a prácticas que cometió en el pasado: “La UOM dispuso de una patota para intentar levantar el acampe por la vía de la represión paraestatal. Esto consta en numerosas fotos y videos, donde se ven personas ajenas a la empresa, con distintivos de la UOM o de otras empresas, que comenzaron a hostigar y agredir a los que se encontraban presentes, pudiendo entrar y salir de la empresa libremente, por disposición de Electrolux”.
Fierro caliente
Por su parte, la UOM desmintió por completo la acusación e invirtió totalmente los cargos: también con videos de la puerta de Electrolux, desde el gremio marcaron que quienes protagonizan el bloqueo no son trabajadores despedidos de Electrolux sino “activistas”, e insistieron en que se dificultó el paso de móviles de atención médica. “Se nos ha muerto un compañero producto de la locura de personas que negaron el paso de la ambulancia para su atención. La situación pasó todos los límites. Llamamos a la cordura para que los trabajadores puedan volver a sus puestos laborales. El derecho a reclamar es digno y se respeta, pero lo sucedido ya nada tiene que ver con reclamar derechos. Es antihumana la acción de no dejar pasar atención médica, y es imperdonable”, cuestionó con gravedad el sindicato.
“Estamos quebrados”, dijo a El Ciudadano el abogado de la UOM Rosario, Pablo Cerra. Tras lamentar el fallecimiento del trabajador y militante sindical, el letrado denunció que en el bloqueo de la planta de Electrolux hay “tres” trabajadores despedidos, que son los que reclamaron la reincorporación a sus puestos en las audiencias que se vienen manteniendo en el Ministerio de Trabajo. “El resto son activistas”, se quejó, y reflejó que en el bloqueo se coló la campaña electoral, con la presencia de candidatos: “Los propios trabajadores les pidieron que se fueran”, marcó.
Cerra se remontó al inicio del conflicto, en enero pasado, cuando la UOM pidió la intervención del Ministerio de Trabajo ante el “rumor” de que Electrolux, encabezada por el grupo multinacional de origen sueco del mismo nombre, se iba a retirar de la Argentina. “En la audiencia la empresa desmintió su retiro, pero ratificó que tenía que reducir 240 puestos de trabajo para no cerrar”, recordó el letrado.
Cerra reafirmó que desde entonces la UOM se puso al frente de la situación. Y apeló al planteo de la balanza: sostuvo que la intervención del gremio metalúrgico impidió que se concretara semejante cifra de cesantías, aunque admitió que desde entonces, entre retiros voluntarios y despidos, la firma echó a 40 trabajadores. Y, en ese sentido, valoró como positivo el acuerdo que consta en actas en la sede de la cartera laboral, en el que la firma rubricó que no va a despedir a ningún otro trabajador hasta fin de año.
También sostuvo que tanto el acuerdo como la moción de avanzar en medidas de fuerza por los despedidos se trataron en asamblea, y marcó que la mayoría de los 900 trabajadores aprobó el convenio y decidió retomar tareas laborales. “Esta situación se puede verificar con el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores que interpusieron reclamos son tres”, insistió Cerra, y también sostuvo que a la última audiencia “sólo fueron cinco trabajadores de la última tanda de despidos”.
“La UOM recibió la presión y la extorsión de la patronal, que dice que si esto no se resuelve, la empresa cierra”, denunció el abogado metalúrgico, a la par que rechazó “el acoso y el autoritarismo de estos grupos que están bloqueando el portón”. Y respecto a la judicialización de la protesta, con la formulación de cargos penales por parte de la fiscal Valeria Haurigot –imputación que fue rechazada por el juez Hernán Postma– el abogado Cerra distinguió: “Estamos en contra de la criminalización de la protesta. Pero una cosa son ex trabajadores y otra cosa son activistas. Si son activistas están cometiendo un delito; si son ex trabajadores, no. Pero siempre se tiene que resolver pacíficamente”.
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