Ana Laura Píccolo
Ninguna vida vale más que otra. Ni siquiera en Rosario donde la muerte cotiza en bolsa. Pero a la hora de esclarecer crímenes, el contexto donde se producen esas violencias determina si la Justicia va a reparar en algo el daño irreversible o a garantizar impunidad. La escalada de homicidios ya es inédita: hay listas de víctimas elegidas “al azar”. La vida vale menos. Y si el que gatilla viste uniforme, no vale nada. Aunque en eso no hay novedad. Borran huellas, fraguan actas, montan escenas, inventan hechos. Porque Rosario también acumula casos de violencia institucional desestimados por el Poder Judicial y archivados por falta de pruebas.
La muerte de Carlos “Bocacha” Orellano no escapa a esa lógica. A horas de que empiece el juicio oral contra dos policías y dos patovicas, el abogado que representa a su familia, Salvador Vera, habló de “manipulación en la escena del hecho” y otros “patrones que se repiten” cuando hay policías acusados.
Dijo que “es importante resaltar la gravedad del asesinato de Bocacha porque se cometió en un contexto de violencia institucional” y expresó su preocupación de que el juicio “pierda relevancia en función de la escalada de violencia” que se vive en Rosario.
“Hoy los índices han escalado brutalmente producto de la gran cantidad de homicidios que imprimen las bandas criminales y narcopoliciales”, remarcó Vera y mencionó hechos “arbitrarios e infundados” que se cobran la vida de personas ajenas a esas actividades delictivas.
Por eso aclaró que la muerte de Bocacha se inscribe en otro contexto y “nos sitúa en la violencia que despliegan los grupos de seguridad privados y los agentes policiales cumpliendo funciones de seguridad en la noche, con los niveles de violencia y de impunidad que manejan y con la falta de controles estatales que han generado esta situación que terminó con Bocacha agredido y ahogado en el río Paraná”.
Morir para contarlo: nuevas pericias del cuerpo de Bocacha perfilan que lo asfixiaron
Carlos Orellano tenía 24 años. El último domingo de febrero de 2020 fue a bailar a la Fluvial y desapareció. Dos días después encontraron su cadáver sumergido en el río, justo debajo del boliche Ming River House. Durante ese intervalo, su familia averiguó que la seguridad privada lo había agredido en el sector VIP y que los policías que hicieron adicionales esa noche escondían algo.
Más tarde, la Fiscalía y la querella reconstruyeron que el joven fue retirado del boliche y arrinconado contra la barranca del río, que describen como una trampa mortal similar a un precipicio, donde lo golpearon con superioridad física y numérica provocando el desenlace mortal con su caída al agua.
Con el avance de la investigación se identificó y acusó a cuatro sospechosos que este lunes comenzarán a ser juzgados por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Se trata de Fabián Claudio Maidana (54) y Emiliano López (32), agentes de seguridad privada del boliche, y la pareja de policías provinciales que esa noche hizo servicios adicionales Karina Gómez (43) y Gabriel Nicolossi (40), también imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Todos se encuentran con prisión preventiva y enfrentan pedidos de pena de entre 17 y 19 años de cárcel.
El inicio del juicio está previsto a las 9 de este lunes. La Asociación Civil Bocacha Orellano convocó una concentración media hora antes en la puerta del Centro de Justicia Penal (Sarmiento y Virasoro) en busca de apoyo para reclamar justicia.
Huellas en la arena
“En esta causa vimos una situación que se repite en todos los casos de violencia institucional que involucran a policías como autores de hechos delictivos: hay una manipulación de la escena del hecho y de la evidencia que es muy grave para el esclarecimiento de la verdad y el avance de la Justicia”, resaltó Vera.
“Se han borrado las cámaras de la guardería náutica que enfocaban todo el sector posterior del boliche y del balcón que da al río en el horario en el que ocurrieron los hechos. Misteriosamente desapareció el registro fílmico de uno de los clubes que también enfocaba a ese sector del muelle 3 de La Fluvial”, detalló.
“Ocurrieron muchas cosas raras. Registros fílmicos de dos lugares distintos que se borran y desaparecen en la misma franja horaria, el propio registro fílmico del boliche que inicia grabando perfectamente la noche del hecho y corta la grabación justo cinco minutos antes del ingreso de Orellano y después deja de funcionar”, agregó.
Vera también mencionó “el trabajo forense en el sector de un baño que estaba en ese balcón que da al río, que de acuerdo a lo que informaron peritos tenía rastros intervenidos con alguna sustancia química que impidieron el análisis de esos rastros que presuntivamente eran hemáticos”.
Por último recordó que tras el incidente, el comisario de la 2ª no cumplió la orden de la Fiscalía de resguardar la filmación del boliche, y que cuando finalmente eso se produce, el técnico del gabinete criminalístico informa que las cámaras no andaban y no había ningún registro; siendo que cuando ese disco rígido se cauteló y peritó aparecieron las filmaciones que se cortan. Son muchas cosas raras”, reiteró Vera.
Bocacha no es el primer pibe que desaparece en la noche rosarina y reaparece sumergido en el río Paraná. La manipulación de la escena del hecho que refiere el abogado tampoco es nueva. “Estos patrones se reiteran en todos los hechos de violencia institucional y en Rosario nos lleva puntualmente a otro caso que ha quedado impune”, dijo Vera en relación a Gerardo “Pichón” Escobar.
“Una muerte originada y producida a partir de una situación en un boliche donde también hubo manipulación de evidencia de registro fílmico que impidió el avance de la causa. Un caso también vinculado a la noche y a la acción de patovicas conjuntamente con policías que termina en la desaparición de un pibe que finalmente aparece en el río como Orellano”, recordó.
Por eso resaltó que “el nivel de dificultad para generar prueba en hechos de estas características no es menor. Llegar a una acusación y en definitiva a un juicio nos parece muy valorable porque tiene la importancia de reflejar socialmente cómo ocurren estos hechos con jóvenes en la noche y con tanta impunidad y ausencia de control estatal”.
Vera dijo que esperan “un juicio que condene a estas personas que consideramos responsables. Porque Bocacha no se cayó sino que lo tiraron, no se murió sino que lo mataron imprimiendo violencia en su cuerpo. Esto lo determinaron los forenses por las múltiples infiltraciones hemáticas en toda la zona del cuello y del hombro que indican un nivel de sujeción corporal”.
Y concluyó: “Ojalá consigamos una condena que sirva para reparar en algo a esa familia, a esa mamá y a ese papá que padecen tanto esta pérdida que pudo evitarse. Porque eso es lo importante: estos agentes tenían la obligación de cuidarlo e hicieron todo lo contrario”.
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