Dos empleados policiales que prestaban servicio en la Agencia de Investigación Criminal )AIC) fueron condenados por coimear a un sospechoso de pertenecer a una asociación ilícita dedicada a cometer robos. Le pidieron 150 mil pesos durante un allanamiento para no llevarlo detenido y ayudarlo a zafar de la investigación fiscal. Mediante un acuerdo abreviado ambos fueron condenados por la jueza Rosana Carrara a cumplir 3 años de prisión, pagar una multa de 100 mil pesos a cada uno y les impusieron una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Carlos Darío Santiago Romero de 42 años y Pablo Godoy de 43, prestaban servicio en la AIC y en ese carácter realizaron un allanamiento el 11 de septiembre en la capital provincial por delitos contr la propiedad. En la vivienda acordaron con el propietario una suma de 150 mil pesos a cambio de no llevarlo detenido y evitar el secuestro de una camioneta y una moto.
El acuerdo implicó el pago de 50 mil pesos en el momento del allanamiento y a los tres días los uniformados se presentaron en la casa allanada y le exigieron al dueño el pago de los 100 mil pesos restantes lo que se concretó el miércoles 16 de septiembre, contó el fiscal Ezequiel Hernández.
Pero este no fue el único hecho que el fiscal les imputó. Hernández contó que el 24 de septiembre y abusando de su condición de policías “utilizaron información obtenida en ocasión de sus funciones, para ayudar a tres hombres –entre ellos, al que le habían cobrado los 150 mil pesos dos semanas antes– a eludir una investigación por el delito de asociación ilícita destinada a la comisión de robos calificados por la utilización de armas de fuego”, aseguró.
Hernández dijo “les advirtieron que se realizarían allanamientos en las viviendas de las tres personas y que estaban vigentes órdenes de detención para los tres”. Efectivamente, uno de los investigados huyó y estuvo prófugo hasta el 13 de octubre del año pasado, y otro de los imputados se deshizo de su teléfono celular, el cual contenía evidencia útil para la investigación, contó.
Romero además se hizo cargo de un hecho ocurrido el 26 de enero de 2015 cuando era sargento de la sección Sustracción Automotores de la Unidad Regional I”, especificó. El fiscal contó que “junto con otros tres policías le dispararon con una escopeta a dos hombres que circulaban en una moto por inmediaciones de la avenida Perón y calle Perú” e hirieron a uno de ellos. El fiscal contó que ambas víctimas fueron privadas ilegítimamente de su libertad en la sección Sustracción Automotores. A unade ellas lesionaron con golpes de puño y patadas en la cabeza y espalda mientras lo obligaban a permanecer arrodillado, agregó.
Además “Romero insertó declaraciones falsas en el acta de procedimiento redactada en relación a este procedimiento policial, con la deliberada intención de ocultar los delitos cometidos en ocasión del mismo”. En tal sentido, enumeró que “entre tales falsedades se cuenta la mención de que el disparo de arma de fuego fue realizado a zona segura, que las víctimas llevaban consigo un revólver con el que apuntaron a personal policial y que uno de ellos entró a un pasillo de viviendas para escapar luego por los techos”, dijo el fiscal.
La fiscalía y la defensa de los policías presentaron un acuerdo abreviado que fue fundamentado ante la jueza Carrara quien luego de evaluar los requisitos de admisibilidad resolvió homologar el acuerdo.
Hernández, contó que “tanto Romero como Godoy reconocieron su culpabilidad y dieron su conformidad con el tipo de juicio desarrollado”. Ambos fueron condenados como coautores de cohecho pasivo y encubrimiento calificado por la gravedad del delito precedente y por ser el autor funcionario público en ejercicio y en ocasión de sus funciones. Romero además fue sentenciado como coautor de los delitos de abuso de armas, privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y falsedad ideológica en instrumento público calificado por ser ejecutado por un funcionario público abusando de sus funciones.
La jueza resolvió condenarlos a cumplir 3 años de cárcel, pagar una multa de 100 mil pesos cada uno y los inhabilitó en forma permanente para ejercer cargos públicos.
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