Dos empleados policiales son enjuiciados en la capital provicial por tentativa de extorsión, hurto, falsedad ideológica y encubrimiento. Se trata de un sargento de 43 años y un suboficial de 30 años. Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández solicitaron una pena de seis años de prisión para cada uno. Además, pidieron que sean inhabilitados para ejercer cargos públicos durante doce años y se les aplique una multa de 50.000 pesos cada uno. El debate es presidido por el juez Gustavo Urdiales.
EL hecho ocurrió el 28 de noviembre de 2014 cuando los uniformados llegaron hasta una carnicería ubicada en Catañaduy al 6800 diciendo que buscaban un arma de procedencia ilegal. El dueño del local no se encontraba y, según contaron los fiscales, intentaron extorsionar a la persona que estaba atendiendo. Revisaron el lugar sin una orden y encontraron un revólver que se llevaron en forma ilegal.
Los funcionarios del MPA contaron que los acusados abusaron de sus funciones. “Obligaron a la víctima a subir a un automóvil y, mientras recorrían la ciudad, llamaron por teléfono al dueño de la carnicería y le exigieron 5.000 pesos a cambio de la libertad del empleado”, señalaron.
El comerciante se negó a pagar la extorsión y “el empleado del local comercial permaneció detenido en una dependencia policial hasta las 16:30 del mismo día, cuando firmó bajo presión un acta con declaraciones falsas”, contaron. Dijeron que “el documento había sido redactado por los acusados y narraba una aprehensión en la vía pública que nunca existió”.
Los acusados fueron identificados como el sargento M. A. M. y el suboficial E. N. P. “Se valieron de su trabajo como policías para intentar extorsionar a una persona, perpetrar un hurto, incluir declaraciones falsas en un acta de procedimiento y encubrir su accionar ilegal”, afirmaron los fiscales.
Jiménez y Hernández solicitaron condenas a seis años de prisión efectiva para cada uno de los acusados, el doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 50 mil pesos a cada uno por los delitos de tentativa de extorsión, hurto agravado por haber sido cometido por integrantes de las fuerzas policiales, falsedad ideológica en un instrumento público calificada por haber sido perpetrada por funcionarios públicos con abuso de sus funciones y encubrimiento.
Para este martes está previsto que se lleven adelante los alegatos de clausura y se estima que el veredicto se conocerá el jueves.
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