El Ciudadano
Dos de los imputados como miembros de una asociación ilícita encabezada por Esteban Lindor Alvarado apelaron la prisión preventiva que le dictaron tras la imputación que se realizó en junio pasado. Se trata de una mujer policía y un sindicado ladero de Alvarado. Si bien la cautelar no se modificó, lo que implica que seguirán detenidos. La Cámara Penal dispuso limitar el arresto preventivo por 45 días para la uniformada. En cuanto, a Nicolás “Fino” Ocampo se dejó abierta la posibilidad de discutir salidas laborales y por acercamiento familiar.
Jorgelina Chaves, es una de los miembros de la fuerza provincial imputados como miembros de una asociación ilícita. Se trata de una suboficial que trabajaba en el Comando Radioeléctrico y tenía contacto con Pablo Báncora, un investigador del equipo de la Policía de Investigaciones (PDI) asignado a la Unidad de gravedad Institucional, quien también fue preso por esta causa al igual que los hermanos e investigadores Martín y Marcelo Rey.
La Fiscalía dijo que la uniformada era parte del segmento que brindaba impunidad e información a la banda de Alvarado. Acusaron a la mujer de intentar infiltrar a la investigación un teléfono trucho que le habían asignado a Leandro “Chulo” Olivera, un muchacho de 29 años cercano a la banda de Los Monos, a quien la organización de Alvarado intentaba involucrar en una balacera perpetrada contra la vivienda de una funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Los fiscales explicaron que el 18 de septiembre pasado Bancora le envió un mensaje de whatsapp al celular de Chaves donde le informaba los datos de Chulo y lo vinculaba a las balaceras. Ambos policías insistieron en varias oportunidades para que los fiscales intervinieran ese teléfono que resultó ser trucho.
La uniformada quedó detenida tras la imputación y su defensa apeló la medida cautelar. Si bien el tribunal a cargo de Daniel Acosta no hizo lugar al pedido de transitar el proceso con un arresto domiciliario, limitó la medida cautelar que era sin plazo y dispuso que la misma vencerá en 45 días.
El Fino
Otro de los que apeló el arresto preventivo y pidió una prisión domiciliaria fue Fino Ocampo, sindicado ladero de Esteban Alvarado. La fiscalía a cargo de Matías Edery y Luis Schiappa Pietra lo imputó de ser parte de la banda y de seguir a un testigo protegido en la causa que investiga el crimen del prestamista Lucio Maldonado. Según la acusación, el Fino intentó vincular a este testigo –que brindó detalles en la ejecución del prestamista– con pistas falsas plantadas a la Fiscalía como el autor del ataque a la casa de una funcionaria del MPA ocurrida el 31 de enero pasado contra el freten de su vivienda de Rioja al 500.
La defensa de Fino pidió que se revocara la medida cautelar y subsidiariamente un arresto domiciliario, solicitud que fue rechazada por la Fiscalía. Fue en ese marco que el camarista rechazó el planteo defensista aunque dejó abierta la posibilidad de discutir en primera instancia salidas laborales y de acercamiento familiar.
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