Policiales

Entraderas en el sur provincial

Dos leyendas del hampa local cayeron como jefes de una banda

La Policía de Investigaciones (PDI) de Casilda comenzó siguiendo las pistas de robos en Chabás y Bigand y terminó en Rosario y Granadero Baigorria con la detención de dos célebres protagonistas de las crónicas policiales que serán imputados hoy junto a otros dos hombres por el fiscal Emiliano Ehret.


Foto: gentileza Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Cuatro entraderas en el sur provincial perpetradas con idéntica modalidad en los últimos meses alertaron a la Policía de Casilda, que tiene jurisdicción en las localidades de Chabás y Bigand donde se habían cometido los robos. Guiados por pistas que se mantienen bajo estricto secreto, los pesquisas señalaron como jefes a dos leyendas del hampa local: Pepón, un sextagenario que fue pionero en los delivery de drogas de los años 80 y Carlitos, un veterano con varias condenas ya cumplidas y una por robo a medio terminar que purgaba desde su casa por tener más de 70 años. Ambos fueron detenidos ayer en sus domicilios de Rosario y Granadero Baigorria. La banda la completan otros dos hombres un par de décadas más jóvenes que hacían el trabajo “pesado” y también están presos. Serán imputados este jueves por el fiscal de Casilda Emiliano Ehret.

La pesquisa estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) de Casilda a cargo de Cristian Fabbiani. Dos entraderas en Chabás y otras dos Bigand abrieron una causa que contó con escuchas telefónicas y otras tareas de calle que no fueron develadas. El 10 de septiembre pasado, en plena investigación, se sumó la quinta entradera, en Casilda. Un trío entró de madrugada a una vivienda y sorprendió durmiendo a la familia, a la que le sacó dinero y elementos de valor para huir en el auto que manejaba un cuarto integrante de la banda, que según los investigadores era un Ford Fiesta modelo Kinetic.

Días después durante allanamientos surgidos por ese robo cayó el primer detenido, Agustín M., un joven de menos de 30 y que en 2016 había sido condenado en un juicio abreviado por entraderas, confió un vocero.

Los pesquisas siguieron investigando hasta que les avisaron que otro sospechoso de integrar la banda había caído preso durante un robo en la ciudad de Rafaela. Adrián J., de unos 40 años.

Ayer, el fiscal Ehret ordenó dos allanamientos para dar con los sindicados cabecillas, dos viejos conocidos de las crónicas policiales. De un domicilio de Rosario se llevaron a Carlos M., conocido como Carlitos cuya última condena la firmó en un abreviado por una entradera en el barrio rosarino de Arroyito, de noviembre de 2014, que terminaba de purgar en su casa por tener más de 70 años. Según la Policía, pesaban sobre el hombre dos capturas activas. El otro es José “Pepón” S., a quien se llevaron de Granadero Baigorria. Su nombre estuvo vinculado al de José Luis S. y Sergio “Toroncho” B. en una causa archivada que incluyó la investigación de ocho policías, el robo de dos prontuarios de Jefatura y amenazas de muerte a la entonces jueza federal Laura Inés Cosidoy, antes que en Rosario se popularizara el consumo de cocaína y se inventaran los búnkers para comercializarla la droga en los barrios periféricos.

En los allanamientos de este miércoles también secuestraron un Ford Fiesta Kinetic, que según los investigadores es el mismo que utilizaron en varias entraderas.

Un pesquisa adelantó que además de acusar al cuarteto por esos cinco hechos, durante la investigación surgieron otros tres perpetrados también en los últimos cuatro meses en las localidades de Teodelina, Bogado y Totoras.

“Con la detención de estos cuatro podemos decir que el 99 % de la banda está desbaratada”, celebró un investigador de Casilda quién pidió resaltar el buen trabajo realizado desde la pequeña localidad y con escasos recursos humanos.

Según el policía, la banda operaba en todo el sur santafesino con la misma modalidad. Irrumpían en viviendas durante la madrugada, sorprendían a los moradores durmiendo, los reducían, amordazaban y luego, bajo amenazas con armas de fuego, les exigían que les digan donde tenían objetos de valor y dinero en efectivos.

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