Policiales

Juicio a Los Monos

Dos funcionarios acusados por falso testimonio

Son la ex titular de Delitos Complejos, Ana Viglione, y el ex  subsecretario de Información Criminal, Andrés Ferratto. Una jornada que benefició al policía Gustavo “Gula” Pereyra.


Ana Viglione y Andrés Ferrato presentaron un escrito, a primera hora de este jueves, para evitar su declaración como testigos en el juicio oral por asociación ilícita contra la llamada banda de Los Monos. El fundamento es la investigación que el Ministerio Público de la Acusación inició en su contra por falso testimonio. El pedido lo hizo el propio juez instructor Juan Carlos Vienna luego de la declaración de los funcionarios del Ministerio de Seguridad en el Juzgado de Instrucción 4° que investigó la asociación ilícita. Allí negaron haber dado órdenes a su subalterno Gustavo “Gula” Pereyra –hoy enjuiciado– para que investigue sobre narcotráfico. Pero una serie de mails entre el uniformado y sus superiores los compromete. Recientemente el fiscal Aníbal Vescovo decidió acusar a Viglione y Ferrato por falso testimonio y solicitó 3 años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación para ambos. Finalmente sólo declaró Viglione.

En la jornada de este jueves, llegó a manos del Tribunal que preside el juicio un escrito donde la ex jefa de la secretaría de Delitos Complejos dependiente del Ministerio de Seguridad, Ana Viglione, y el entonces subsecretario de Investigación Criminal, Andrés Ferrato, pidieron evitar la declaración porque están imputados en una causa por falso testimonio vinculada al caso. Los testigos fueron solicitados por la defensa de Gustavo “Gula” Pereyra, quien era jefe de la brigada de Delitos Complejos, y realizaba investigaciones sobre narcotráfico por órdenes de Viglione y Ferrato, según declaró. Pero los funcionarios lo desmintieron en una declaración testimonial frente al juez Juan Carlos Vienna, en junio de 2013.

Pereyra amplió su declaración indagatoria y acompañó una serie de mails donde les enviaba información a sus superiores sobre las investigaciones que tenía en curso, muchas de ellas vinculada al narcotráfico: datos sobre ubicación de bunkers y quiénes lo regenteaban, bandas organizadas, homicidios donde había algún implicado relacionado a drogas, nombres de presuntos narcotraficantes o sus apodos. También sobre la mafia de los medicamentos, picadas clandestinas, ferias ilegales, cobro de coimas por personal policial a bunkers, estafa con combustible para móviles policiales y datos sobre la brigada de la División Judiciales.

Pereyra dijo en su ampliación que fue vinculado a la causa Monos para desprestigiarlo porque dentro de los mails envió información sobre Luis Quevertoque y Ariel Lotito –miembros de la División Judiciales que llevó adelante gran parte del a investigación por disposición del juez Vienna–. Pereyra contaba en ese mail que se enteró la existencia de una escucha del año 2010 en San Javier donde bajaron una avioneta con drogas. Supuso que esa información se filtró y trataron de sacarlo del medio.

Con estos datos Vienna pidió una investigación contra Viglione y Ferrato que tuvo varias idas y vuelta del viejo al nuevo sistema penal. Finalmente quedó en manos del fiscal Aníbal Vescovo. En mayo de este año ambos fueron citados a una audiencia imputativa. Hoy se conoció en el juicio que el fiscal presentó acusación contra ambos funcionarios. El dato lo brindó el abogado Alberto Tortajada, que defiende a Pereyra, quien además es querellante en la causa contra sus superiores.

Para el fiscal Vescovo, los funcionarios Viglione y Ferrato al declarar ante Vienna, “afirmaron falsedades y negaron verdades” sobre el modo en que Pereyra realizaba su trabajo. En sus declaraciones dijeron que sólo recolectaban datos de calle para reconstruir dinámicas de delitos organizados que no estuvieran vinculados a la trata de personas o drogas, que esporádicamente, buscando algún dato se topaban con información vinculada al narcotráfico. Dijeron que la brigada no tenía oficina, ni acceso a banco de datos y trataba directamente con Ferrato y que rara vez estuvo Viglione presente en esas reuniones semanales. Pero Vescovo hizo base en los mails para acusarlos y le resultó extraño que Pereyra, siendo comisario inspector, realizara tareas secundarias como declararon sus superiores. Pidió 3 años de prisión para ambos y el doble de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo por el delito de falso testimonio.

Tortajada pidió la incorporación al juicio de esa acusación y fue aceptada por el Tribunal. Tras lo cual desistió de ambos testimonios. Finalmente el juez Ismael Manfrín resolvió la oposición de algunas de las partes al desistimiento del testimonio de Viglione y la mujer se sentó a declarar.

Fausto Yrure, abogado de varios de los Cantero, fue el único que preguntó. La mujer dijo ser policía retirada, contó la estructura de la desaparecida secretaría de Delitos Complejos y que conocía la creación, para abril de 2013, de la Brigada Operativa de la División Judiciales aunque no tenían vínculos la División Judiciales con su secretaría, explicó.

Conocía a Cristian Romero, el jefe de la División Judiciales, de vista. También a algunos de sus integrantes: a Luis Quevertoque porque fue su instructora en la escuela de cadetes. A Raúl Tirrito Sacone porque fueron compañeros de promoción y con Ariel Lotito no tuvo vínculos. Viglione reconoció haber realizado algunas averiguaciones sobre la brigada cuando la llamaron para hacerse cargo de la secretaría porque vivía en Santa Fe. No recordó si alguna autoridad provincial la consultó sobre el desempeño de la brigada.

El abogado le contó sobre una escucha donde Lotito habla con Romero y le cuenta que hubo una reunión en Santa Fe con la cúpula provincial en la que estaba muy bien visto para un ascenso. Reunión en la que estaba Viglione que opinó negativamente y la hicieron callar, según las palabras de Lotito. Viglione no recordó la situación, especialmente hacerla callar la boca. “No me ha sucedido gracias a Dios en ningún ámbito, cuando hablo, lo hago con fundamentos” concluyó.

También hubo otros testigos, entre ellos una mujer que trabajaba en la firma de venta de aparatos de Nextel y chips prepagos en Córdoba y Alvear que para agilizar el trámite de la venta de chips los ponía a su nombre. Aseguró que Alejandro R., quien les facilitaba la telefonía al grupo según la investigación, compraba chips al por mayor. Finalmente declaró la jefa de la central telefónica del 911 de la Unidad Regional II. La mujer contestó preguntas de la Fiscalía sobre oficios donde se le solicitaba información sobre el recorrido de algunos móviles policiales pedidos por la División Judiciales y el Juzgado de Instrucción 4°, finalmente dijo que era la mujer de Luis Quevertoque.