Las manos del albañil están cubiertas de cal. En una sostiene más de 15 vainas 9 milímetros que recogió en la puerta de su casa y en la otra unos cuatro plomos abollados, que sacó de la habitación de sus hijos pequeños. Las exhibe dentro de lo que era su única herramienta de trabajo, una vieja camioneta que está carbonizada en la vereda de su humilde vivienda de Empalme Graneros. Los atentados se cometieron en menos de 24 horas. Primero la quema del vehículo, cerca de las 3 del lunes, y en los primeros minutos de ayer, la feroz balacera contra el frente de la casa de Cullen 926 bis, donde hace poco más de tres meses las mismas balas se llevaron la vida de su hijo Kevin Tolosa.
El adolescente fue asesinado el pasado 3 de abril luego de trabajar una jornada de 12 horas junto a su padre y esperar en la puerta de su casa el turno para bañarse. Una de las balas con las que dos motociclistas rociaron el frente de la vivienda le atravesó el corazón. La imputación recayó sobre dos muchachos que están detenidos y sindicados de trabajar en el búnker de drogas que se levanta en inmediaciones de Campbell y La República y que según varios vecinos nunca dejó de funcionar.
Cuando Eduardo B., de 22 años, conocido como Gabi y Damián R., de 24, apodado Gordo Picaporte, fueron apresados comenzaron las amenazas sobre la familia Tolosa para que desistan de la causa judicial que investiga el juez de Instrucción Juan Carlos Vienna.
Pero el matrimonio compuesto por Oscar y Alejandra, aseguró que la muerte de su hijo les sacó el miedo. Sin embargo, pese a todas las denuncias de amenazas que formalizaron nada cambió, o peor aún, volvieron a ser víctimas de las balas, en un barrio donde el territorio lo marcan los plomos de los “transeros”, como se menciona a los vendedores de drogas.
El ataque que terminó con la vida de Kevin ni siquiera estaba dirigido a él. Al parecer, su hermano mayor se había trenzado a golpes con un soldadito del quiosco de drogas y al día siguiente llegó la respuesta, con una balacera feroz en el frente de su casa.
“Me arruinaron otra vez. Me quemaron la camioneta, con los planos de mi trabajo adentro, tengo que ir a Funes en colectivo, me rompieron todos los vidrios de la casa, las balas les pasaban por arriba de la cabeza a mis sobrinos y a mi suegra. Hace tres días que no duermo. ¿Qué tengo que hacer?”, preguntó Oscar entre los sollozos de su familia, con una mezcla de impotencia y desesperación.
En una nota que publicó este diario el 8 de julio, la familia Tolosa denunció lo que venían sufriendo amenazas tras la pérdida de Kevin: “Tuvimos graves amenazas. Porque esta gente que le hizo esto a mi hijo trabaja para los búnker. Trabajan para la droga. Y cuando fuimos a la seccional nadie nos dio una mano y nos tuvimos que ir de la casa un par de días”, había dicho Oscar.
Y las amenazas se cumplieron. “Nos acostamos, escuchamos dos balazos primero, nos levantamos asustados, hicieron una pausa y volvieron a tirar unas 14 veces. Sentimos una moto de gran cilindrada, se paró en la puerta, todavía están las frenadas en la calle. Tiraban y los chicos gritaban como locos, no sabíamos qué hacer. Cuando dejaron de disparar salimos y había varios vecinos que vieron una moto gris con dos personas arriba. Por los apodos, son los mismos que atienden el búnker de acá a la vuelta”, dijo Oscar.
Ambas denuncias las radicó en la seccional 20ª, la misma que intervino en el homicidio de su hijo y en las amenazas posteriores. .
“Mirá si me matan un hijo más, o a mi señora, o sobrinos que estaban durmiendo ahí. Que alguien nos apoye, que nos ayuden a derrumbar el búnker porque la policía no hace nada”, agregó el albañil.
“Tenemos mucha impotencia, porque sabemos de lo que es capaz esta gente. Que no les importa nada. Pasan con autos cero kilómetro, con 4×4 y se sienten los dueños del barrio”, concluyó diciendo María Alejandra.
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