Ciudad

Fantasma del desalojo

Distintas banderas se levantan en defensa de La Toma

En estos años se presentaron diversos proyectos legislativos a nivel nacional, provincial y en el Concejo Municipal de Rosario para que se declare de interés parlamentario la resolución positiva de este conflicto, mediante la propuesta formulada por el gobierno de Santa Fe.


 

Los trabajadores en lucha desde el establecimiento popularmente conocido como La Toma, de Tucumán 1349, realizaron este lunes a la tarde una asamblea popular para informar sobre la situación del largo litigio contra el desalojo impulsado por sectores financieros.

La decisión fue acompañar un plan de lucha ante la ruptura de las negociaciones que buscaban una solución a la batalla judicial. El planteo de no continuar el diálogo, según los referentes de La Toma,” fue tomada de manera unilateral  por parte del Servicio de Depósitos SA (Sedesa)”, el fondo que residualmente quedó con la titularidad de un crédito hipotecario que los empresarios del viejo supermercado no pagaron en 1993, hace más de dos décadas.

“Este plan de lucha consiste en profundizar la ocupación y utilización militante del establecimiento en manos obreras por parte de todos los sectores populares convocados”, dijeron.

 

Pedios en legislaturas y Concejo Municipal

En estos años se presentaron diversos proyectos legislativos a nivel nacional, provincial y en el Concejo Municipal de Rosario para que se declare de interés parlamentario la resolución positiva de este conflicto, mediante la propuesta formulada por el gobierno de Santa Fe de adquirir el crédito hipotecario.

“En asamblea se resolvió también a exigir a los distintos bancos que componen la titularidad de Sedesa  que depongan esta actitud irracional que (en el marco de una situación social cada vez más complicada) aleja la perspectiva de una resolución que beneficie a los trabajadores, a las organizaciones populares, a las políticas públicas al servicio de la comunidad que se desarrollan desde La Toma, junto a un sinfín de actividades culturales y de solidaridad social”, sentenciaron.

Acompañaron de la asamblea de los integrantes de La Toma el Movimiento Sindical Rosarino (MSR), CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, organizaciones sindicales pertenecientes a esas agrupaciones, diputados y concejales de distintos sectores políticos como Lucila De Ponti, Alicia Gutierrez, Norma López, Enrique Estévez, Eduardo Toniolli, organismos defensores de derechos humanos y  DDHH, el Dr. Juan Lewis defendiendo a los trabajadores, personalidades de la cultura como Mario Piazza o Adrián Abonizio, el Decano de la Facultad de Humanidades y Artes Jose Goyti, el IMFC, partidos políticos del FIT, integrantes del FSyP,  del Partido Justicialista, de la Franja Morada, la CCC y  de pueblos originarios, junto a un amplio sector de organizaciones populares.

 

El fantasma del desalojo

Hace dos semanas dos trabajadores de la Justicia provincial recorrieron la planta baja y el primer piso del edificio de Tucumán 1349 donde desde hace 17 años funciona el Centro Cultural La Toma. Fueron a tasarlo porque los abogados de los fondos de inversión del Servicio Depósito Sociedad Anónima (Sedesa) rompieron las negociaciones con el Gobierno de Santa Fe y empezaron una causa penal para desalojar a las 50 organizaciones sociales y políticas que trabajan en el ex supermercado Tigre. Desde los fondos reclaman el pago de una hipoteca de hace 24 años que quedó de la quiebra de un grupo de bancos.

 

Los herederos

“Desconocen los 17 años en los que los trabajadores y el pueblo le dimos una función social al establecimiento. Hay 50 organizaciones con políticas de acción social, gente trabajando y estudiando. No nos vamos a mover porque tenemos una responsabilidad ante la sociedad que decidimos defender hasta las últimas consecuencias”, dijo a El Ciudadano el director de La Toma, Carlos Ghioldi.

Según explicó, los representantes de La Toma (un centro cultural en los papeles), el Gobierno de Santa Fe y el Juzgado N° 14 habían negociado una solución al conflicto del edificio. El gobierno había ofrecido comprar el crédito hipotecario, pero los fondos se negaron. “Las personas detrás del desalojo no prestaron plata. Ni siquiera viven en Rosario. Representan a un fondo especulativo que quedó después de la quiebra de El Tigre. Reclaman una hipoteca de hace 24 años que lanzó un grupo de bancos que se fundieron en 1993. Los fondos la heredaron”, agregó Ghioldi y pidió el acompañamiento de organizaciones sociales y políticas.

“Llamamos a todas las asociaciones populares, sindicatos y políticos para informarles cómo está el conflicto por la propiedad del edificio. Vamos a anunciar un plan de acción y movilización para resistir el desalojo”, concluyó.

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