A tono con los tiempos. Entre fuertes repercusiones –y mayoritario entusiasmo– por el megaoperativo de fuerzas federales en la víspera, el Concejo Municipal aprobó ayer por unanimidad dos proyectos que surgieron del seno de la comisión de Seguridad Pública y Comunitaria para atacar desde otras aristas la problemática vinculada con las drogas en la ciudad. El primero de ellos, de autoría del edil Diego Giuliano, es una ordenanza para implementar una línea 0800 para denunciar, en forma anónima y gratuita, a los quioscos o búnkers donde se venden estupefacientes. Y el segundo, de autoría de Jorge Boasso y también una ordenanza, plantea la implementación, además de las mediciones de ingesta de alcohol, controles de “narcolemia” a los conductores de vehículos para detectar si consumieron estupefacientes y están conduciendo bajo sus efectos.
“Una línea gratuita de atención permanente, con modalidad 0-800, destinada en forma exclusiva a la recepción de denuncias anónimas de hechos puntuales de venta de estupefacientes prohibidos por la ley”, es lo que crea la ordenanza que se elaboró también a partir de iniciativas del edil justicialista Osvaldo Miatello y del socialista auténtico Alberto Cortés, cuyo último mandato concluyó en diciembre pasado.
El tema fue uno de los que más tiempo de debate insumió en el recinto en la sesión de ayer. En particular la puntualización sobre la permanencia en el total anonimato de los denunciantes. Aunque en todas las líneas, incluido el 911, buena parte de las comunicaciones tienen como autores a “bromistas”, para los autores de la iniciativa se trata de un punto clave para que los vecinos se animen a dar cuenta de situaciones, sin temor a potenciales represalias. Es uno de los flancos débiles –admiten por lo bajo– del Buzón de la Vida o Buzón Verde, creado para el mismo fin pero ubicado en los centros municipales de distrito, donde hay cámaras de seguridad y, lo que más temen los vecinos, posibles ojos indiscretos. Por ello, el personal que se destine a su atención “tendrá expresamente prohibido” preguntar cualquier dato personal de quienes hagan denuncias.
Según el proyecto aprobado, la implementación de la línea telefónica tendrá como autoridad de aplicación a la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana: “La Municipalidad se desempeñará como agente receptor de las llamadas que indiquen localizaciones de sitios de comercialización de estupefacientes para su inmediata derivación a la autoridad competente”, dice el segundo artículo de la ordenanza.
Así, el área local deberá diagramar una rutina que incluya un registro diario de las llamadas recibidas, donde consten la hora en que se realizaron y los datos de los lugares y/o de personas denunciados por venta de estupefacientes, “y la mayor cantidad de datos posibles para facilitar la investigación”.
El programa se complementará con una amplia campaña de difusión de su existencia, en la que se hará hincapié precisamente en la condición de anonimato.
Con todo, el 0800 será en sí mismo también un registro escrito y oficial que interpelará el accionar de otras áreas del Estado, ya que en las redes sociales se multiplican los comentarios anónimos que dan cuenta con pelos y señales de búnkers o de otras situaciones siempre señaladas como perfectamente conocidas por vecinos de todos los barrios donde ocurren.
En línea paralela, pero con orientación hacia el mismo tema, Boasso logró el acompañamiento unánime a su propuesta de control de droga por saliva. Aunque en el Concejo había dejado una iniciativa similar la ex concejala del PRO Laura Weskamp, esta dejaba librada a la autoridad de aplicación puntos en los que el “Programa de prevención y detección de consumo de estupefacientes que afecten la capacidad de conducción segura de vehículos en la vía pública” del edil radical abunda en precisiones.
“Incorporar el sistema de detección de droga en saliva nos permite avanzar en educación y seguridad vial, al igual que perfeccionar los controles de alcoholemia. En la actualidad se realizan operativos con respecto al consumo de alcohol al conducir, pero nada se advierte respecto del consumo de estupefacientes”, explicó Boasso.
Al debatirse la iniciativa en el recinto, el autor marcó que en el Código de Faltas vigente en la ciudad se establecen las penalidades para los conductores a los les diera positivo: el punto es que controles semejantes nunca se realizaron.
Incluso el socialista Miguel Cappiello marcó que los castigos resultan leves: se trata de multas de 600 a 1.940 pesos, además de inhabilitación de 15 días a 3 meses. Y en caso de reincidencia, multa de 1.940 pesos e inhabilitación de 3 a 6 meses”.
La iniciativa marca que los equipos de detección deben estar homologados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial: Boasso explicó que el ente ya lo hizo, y que los dispositivos ya están en uso en la provincia de Entre Ríos.
No prosperó, en cambio, uno de los puntos del proyecto, que su autor aceptó modificar: la creación de una base de datos de los infractores y la obligación a realizar un curso de seguridad vial, que otros ediles objetaron como una “invasión a la privacidad”.
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