Integrantes del nuevo directorio de Vicentin se reunieron este miércoles, en Santa Fe, con los diputados y las diputadas que forman parte de la Comisión de Seguimiento del Concurso Preventivo de la agroexportadora de Avellaneda.
El contador Omar Scarel y el ingeniero Daniel Foschiatti, presidente y vice del nuevo directorio, estuvieron en la Legislatura con los integrantes de la comisión. Scarel y Foschiatti llegaron a Santa Fe acompañados por el abogado Estanislao Bougain y por el diplomático Diego Guelar, ex embajador argentino en China y flamante asesor de Vicentin. Los accionistas de la empresa convocaron a Guelar con el objetivo de reabrir mercados extranjeros para que Vicentin pueda volver a exportar.
En la reunión celebrada en el recinto de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Concurso de Vicentin intentaron –en vano– obtener respuestas de los directivos acerca de la situación que llevó a una de las empresas más exitosas del país a caer en default y declararse en concurso de acreedores.
Las explicaciones no convencieron a los legisladores. “No hace falta revisar el pasado, nosotros miramos hacia el futuro”, respondió Bougain ante la consulta del diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, sobre el destino de los millonarios créditos tomados por Vicentin durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
Al finalizar el encuentro, el presidente del directorio dio algunas declaraciones a la prensa. Scarel sostuvo que el dinero tomado por Vicentin –algo más 1300 millones de dólares– se destinó a distintas inversiones de la compañía: “Estamos trabajando para construir una propuesta que les sirva a todos y que sea homologada en el concurso”.
Esas explicaciones no conformaron a los legisladores, que en su tercer y hasta ahora último informe –presentado el 18 de noviembre– señalaron que hay “indicios del envío de dinero (de los préstamos) a guaridas fiscales, maniobras de estafas y desbaratamiento de derechos acordados en contra de bancos extranjeros y los productores locales”.
Un mar de dudas
El presidente de la comisión, Luis Rubeo (PJ), sostuvo después de la reunión que “los directivos de la empresa hablan de una nueva Vicentin, pero nosotros decimos que, para que eso suceda, tenemos que saber qué ocurrió en el pasado”.
“Ellos dicen que la deuda sigue planteada en función de la operatoria comercial y a nosotros nos parece que esto no es así. Vamos a seguir trabajando como comisión en la defensa de los puestos de trabajo, para evitar la extranjerización de la empresa y para saber dónde fueron los fondos públicos”, agregó Rubeo en relación a los créditos por más de 300 millones de dólares otorgados por la Banco Nación durante el macrismo.
El diputado de la UCR Fabián Palo Oliver coincidió: “La presencia del nuevo directorio de Vicentin no le ha dejado nada nuevo a la comisión. Lo único que vemos es un cambio de nombres. Repiten la estrategia del directorio anterior, se muestran como víctimas de decisiones del Estado Nacional y de una campaña de desprestigio”.
“Nosotros tenemos en claro que las únicas víctimas de este proceso son el Estado Nacional por esos 300 millones de dólares que le debe la empresa al Banco Nación, el Estado provincial por la deuda impositiva acumulada, los trabajadores que viven angustiados desde hace un año, las entidades financieras internacionales y más de dos mil productores, en su mayoría de Santa Fe, que confiaron en Vicentin y todavía están aguardando el dinero que les corresponde”, agregó el legislador del Frente Progresista.
Según Palo Oliver, en la reunión los legisladores les manifestaron a los directivos que “va a ser muy difícil, sino imposible, conseguir inversores que se interesen en la empresa si antes no se aclara qué sucedió con la misma en el pasado inmediato, si no se echa luz sobre por qué se llegó a esta situación”.
Vaciamiento y lavado
“Es muy posible que la estrategia sea la quiebra”, aventuró Palo Oliver. “Hemos asistido a un sistemático proceso de vaciamiento de la empresa, con el desprendimiento de activos que no pasan a formar parte del concurso y operaciones de triangulación. Este proceso incluyó también el previo sobreendeudamiento, la fuga de capitales y la evasión impositiva. No es posible hablar de futuro si no se sabe dónde está el dinero, si hubo comisión de delitos económicos o penales”.
Además, el legislador radical señaló que “a esta altura parece que sólo se intenta ganar tiempo para que transcurra el concurso ya que no anunciaron un plan de negocios ni tienen aún inversores interesados. Incluso, con el volumen de deuda acumulada, es muy posible que la estrategia sea la quiebra. Rechazaron la intervención del Estado Nacional y provincial y hoy no dijeron nada distinto a lo dicho por el directorio anterior”.
Por su parte, el diputado Del Frade opinó que Vientin incurrió en “una fenomenal maniobra de lavado de dinero y fuga de capitales, con una colonización de los organismos estatales que colaboraron con este robo al pueblo argentino”.
“Cuando les preguntamos dónde está la plata y cuándo la van a devolver, ellos tartamudean y nos dijeron que está en los fierros. ¿Qué fierros, si vas a la Algodonera Avellaneda y trabajan con alambres? Alguna vez en la Argentina tienen que ir preso los delincuentes de guante blanco”, agregó Del Frade.
Peligro: extranjerización
Tras la reunión, el diputado Palo Oliver aseguró que la comisión “no cambia su posición” y apuntó que “si bien lo deberá determinar la Justicia, entendemos que varios de los actos llevados a cabo por los directivos de la empresa podrían configurar delitos económicos. Ratificamos cada una de las afirmaciones hechas en los tres informes, que son producto de entrevistas con cada uno de los actores de este proceso, como abogados, jueces, fiscales, organizaciones que se sienten defraudadas por las empresas, así como de los informes remitidos por organismos públicos”.
“El trabajo de la comisión no ha culminado, aún queda mucho por hacer porque el concurso sigue, porque todavía no nos han dicho dónde está el dinero que le prestó el Banco Nación, porque tenemos que tratar de garantizar las fuentes de trabajo que peligran y porque aún se corre el riesgo de que esta empresa, muy importante desde lo estratégico para el mercado de granos, sea adquirida por capitales foráneos con su consecuente extranjerización. Allí creemos que deberá intervenir el Estado Nacional para evitarlo”, concluyó Palo Oliver.
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