La Cámara de Diputados debatirá desde este mediodía los proyectos de Presupuesto 2017, la limitación de los denominados “superpoderes” y el régimen de inversión privada (PPP) en la obra pública, en una sesión maratónica que podría extenderse más de 24 horas.
El oficialismo logró obtener dictamen de mayoría favorable al Presupuesto tras conceder modificaciones al proyecto original en acuerdo con las bancadas massistas y peronistas en ambas cámaras legislativas, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser tratada este miércoles a partir de las 11:45, horario en que está programado el inicio de la sesión.
Además del apoyo del Frente Renovador y del bloque Justicialista de Diego Bossio, Cambiemos se granjeó el respaldo con disidencias parciales de Margarita Stolbizer, el socialismo y el diputado José Luis Gioja, mientras que el grueso del Frente para la Victoria-Pj suscribió un dictamen de minoría, al igual que el Frente de Izquierda.
Entre las concesiones, se destacan un refuerzo de 1.290 millones de pesos para Ciencia y Técnica y 5.000 millones adicionales para las provincias mediante el Fondo Federal Solidario de la soja.
El massismo también logró cerrar con Cambiemos una mejor ecuación en torno a los “superpoderes”, pasando del 10 por ciento que proponía el Gobierno en el proyecto original para reasignar partidas presupuestarias en el 2017, a un 7.5 en el ejercicio de ese año.
Se acordó, en tanto, que dicho tope del que dispone el jefe de Gabinete para reestructurar gastos del monto presupuestario total aprobado, pasará a ser del 5 por ciento a partir del 2018 (y no del 2019 como proponía el Poder Ejecutivo).
Además, Cambiemos consensuó con el Frente renovador limitar al 15 por ciento el cambio de jurisdicción, a fin de que no se desvíen fondos de inversiones para pagar gastos corrientes o deudas.
Otro de los cambios acordados con las provincias es la transferencia automática de 8 mil millones de pesos para financiar los déficits de las cajas previsionales, de los cuáles el 70 por ciento se asignará a las administraciones provinciales y un 30 por ciento a los municipios.
El dictamen, además, reforzó el rol de la Auditoria General de la Nación para revisar las cuentas de la empresa Aerolíneas Argentinas, en tanto que se mejoró el reparto de la ley de financiamiento educativo para aumentar los fondos de provincias en mejora edilicia de escuelas.
En tanto, se eliminó el artículo 51 que otorgaba facultades especiales al jefe de Gabinete para adelantos transitorios, y se suprimió la devolución de los saldos técnicos de IVA para prestadores de servicios públicos con tarifa subsidiada, a excepción de Aysa.
A su vez, se incorporó la obligación al Ministerio de Hacienda de presentar el plan financiero cada 90 días para controlar que no se emita deuda para financiar gasto corriente.
En lo que respecta al Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva, el proyecto inicial enviado por el Poder Ejecutivo suponía un recorte absoluto de mil millones de pesos, lo que implicaba, en términos relativos, la rebaja del presupuesto de la cartera a su mínimo histórico.
La situación puso en pie de guerra a la comunidad científica, que se congregó masivamente el jueves pasado frente al Congreso: la protesta dio sus frutos ya que con el refuerzo incorporado en el proyecto se mantiene el gasto del año pasado en términos relativos, aunque muy lejos de las promesas de campaña del presidente Mauricio Macri, quien se había comprometido a duplicar la inversión en el área.
A favor del sector, también se acordó flexibilizar en el proyecto la posibilidad de contratación de los organismos de Ciencia y Técnica, de modo tal de no quedar supeditados a la aprobación del jefe de Gabinete.
En el marco de las proyecciones macroeconómicas comprendidas en el plan de presupuesto, el oficialismo estima un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3.5 por ciento, una inflación de entre 12 y 17 por ciento, un tipo de cambio nominal promedio de $17.92 y un déficit fiscal del 4.2 por ciento del PBI.
El debate comenzará con las exposiciones de 40 minutos de los miembros informantes de cada dictamen, proseguirá con los discursos de los bloques, y luego las intervenciones individuales.
Los diputados procederán a las votaciones en general, y luego al tratamiento en particular de los articulados donde hubieran disidencias.
El Gobierno confía en contar con los votos para aprobar estas tres leyes que considera fundamentales para reactivar la economía.
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