Diputados nacionales del PRO, Unión por Todos y el Partido Demócrata de Mendoza pidieron a la Corte Suprema de Justicia que “suspenda la ejecución de la sentencia” que dictó el martes pasado sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales.
Los legisladores macristas Federico Pinedo, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Triaca y Gladys González; Patricia Bullrich, de Unión Por Todos y Roberto Pradines, del partido Demócrata de Mendoza, reclamaron la paralización del fallo “hasta tanto se verifiquen los presupuestos fijados por la Corte”.
El escrito, que ingresó por Mesa de Entradas del alto tribunal, supedita la aplicación del fallo a que “exista una autoridad de aplicación de la ley de Medios audiovisuales que sea efectivamente ‘un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión’”, tal como recomendó la Corte.
Los legisladores reclamaron, además, que “se verifique la acción del Estado como ‘garante de la libertad de expresión’, que garantice que ‘por la vía de subsidios, de reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación no se conviertan en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas”.
En sintonía con esos planteos, exigieron que “se verifique que los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, no se conviertan en espacios al servicio de los intereses gubernamentales”.
Esos puntos fueron definidos en la presentación como “requisitos para que en la República Argentina rijan las garantías de libertad de expresión y libertad de prensa, fundamentos necesarios del Estado de Derecho y del sistema democrático establecido por el artículo primero de la Constitución Nacional”.
“¿Puede avalar una decisión legislativa y una judicial que la implemente el que rija en los hechos un sistema que desvirtúe la libertad de expresión de la que el Estado y sus tres poderes son garantes, aplicando a unos ciertos criterios restrictivos de su capacidad de expresarse y a otros no lo que se considera central para el sistema democrático?”, se preguntaron los diputados.
“¿Hace falta demostrar que han despedido a periodistas, como en el caso de Juan Miceli, por hacer preguntas a un dirigente oficialista sobre el uso político de una tragedia nacional como la inundación de La Plata? ¿Hace falta ver todas las reproducciones de la programación oficial para detectar propaganda, adoctrinamiento, impulso de la mentira? ¿O, por el contrario, la única verdad es la realidad?”, insistieron.
En ese contexto, denunciaron “la existencia de un ‘cepo publicitario’ orientado a dejar sin ingresos a los medios críticos del gobierno” y citaron como antecedentes “las denuncias que se vienen formulando por distintas organizaciones como (Fopea) Foro del Periodismo Argentino o como la Fundación LED Libertad de Expresión + democracia dan cuenta del clima de confrontación que se vive contra los periodistas de todos los medios de comunicación”.
“Sin cuestionar las decisiones de esa Corte sobre constitucionalidad de las leyes, si actuamos como se solicita, consideramos que ambos habremos cumplido con nuestro deber institucional, garantizando a los argentinos que podrán vivir en un estado democrático, sin gobernantes ni particulares que abusen de su poder y sin gobernantes que usen los fondos públicos, los fondos de todos, para llevar agua para su corriente partidista”, concluyeron.
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