Política, Región

En Santa Fe, Rosario y Melincué

Diputados de la UCR denuncian por presunta ilegalidad el permiso de juegos online a los casinos

El decreto firmado por Perotti en medio de la inactividad de las salas de juego habilitó una presentación judicial de los legisladores Pullaro y Bastiá. Acusan falta de regulación y violación a la ley que permitió las concesiones de los complejos físicos


Ante la imposibilidad de abrir las puertas por las medidas sanitarias para contener la pandemia, el gobierno de Santa Fe autorizó a los concesionarios de los casinos de las ciudades de Santa Fe, Rosario y Melincué a explotar los juegos de azar a través de la modalidad online o virtual. Ahora, dos diputados radicales denuncian que esa decisión es ilegal por ser una contratación directa de un negocio millonario sin regulación establecida.

La presentación ante Fiscalía la hicieron los diputados de la UCR Maximiliano Pullaro y Fabián Bastía, acompañados de sus pares Sergio Basile, Silvana Di Stefano y Marcelo Gonzalez. Consideran que la modalidad no está legislada y el Ejecutivo violó las condiciones del pliego licitatorio.

Los legisladores consideran que el trámite de los permisos aparece como poco transparente y configura “un claro exceso en las potestades de la administración”. Y van más allá: piden que se investigue una posible conducta “con apariencia delictiva a tenor del artículo 248 del Código Penal”.

“El juego on line en la provincia es ilegal. El decreto que firmó el gobernador (Omar) Perotti otorga una explotación millonaria por 15 años a 3 empresas y se firmó de manera oscura a espaldas de la sociedad”, señaló Pullaro respecto de la presentación ante la Justicia.

Bastía agregó: “La investigación fiscal se llevará adelante y veremos hasta quién llega. No cabe duda que hay responsabilidad del Estado y el representante es el gobernador y el ministro que ha firmado. Lógicamente la repartición que lo lleva adelante es la Lotería y es por eso que vamos a pedir que su titular se presente en Diputados.”

Los legisladores se apoyan en el criterio territorial tenido en cuenta en la ley al momento de seleccionarse los lugares de radicación de los casinos, con la consiguiente prohibición de trasladar el asiento de las salas de juego y de captar apuestas fuera de las jurisdicciones físicas habilitadas.

También vuelven sobre el objeto de la autorización por ley de los casinos, que es –interpretan– el de insertarlos en el contexto físico de otros emprendimientos, como hoteles de nivel internacional, salas de convenciones, paseos comerciales, para fomentar un polo turístico y de desarrollo económico y urbano. Esos fundamentos de la norma, afirman, son ajenos al negocio de las apuestas online.

“Otras provincias en la Argentina han regulado el juego on line de manera correcta, con beneficios para el Estado. Acá el gobernador sacó un decreto a matacaballo de manera espuria, oscuro y llamativamente, en el mismo momento las empresas beneficiadas comenzaron a operar. Definitivamente esto no está bien y por eso pedimos a la Justicia que lo investigue”, comparó Pullaro, presidente del Bloque UCR en la Cámara baja santafesina.

“La denuncia penal es por la posible comisión de un hecho ilícito, que nosotros creemos que existe, fundado en el artículo 248, abuso de poder y en el 301 del Código Penal, juego ilegal”, puntualizó Bastía.

Los dos legisladores radicales estimaron que el juego on line no es una actividad “complementaria” o “accesoria” del juego presencial, sino una actividad distinta, por lo que califican a la decisión de la Casa Gris como una nueva concesión sin marco legal que la autorice. En esa línea, consideran que resulta imposible la fijación de un canon, porque la legislación vigente lo ata a la inversión en infraestructura y al tiempo de la concesión, según la localización.

“No hace falta comprobar que atrás de una concesión ilegal se esconde un negociado o un hecho de corrupción (cuestión que, por supuesto, tampoco se puede descartar de plano). Son los funcionarios quienes deben actuar de forma tal que no den lugar a legítimas sospechas, y esas solas inconductas poseen relevancia jurídico-penal suficiente como para, mínimamente, iniciar la correspondiente investigación penal preparatoria”, señalan ya en el terreno de otras posibles graves derivaciones.

 

Comentarios