A partir de hoy Barcelona multará “a clientes y personas que favorezcan o promuevan el consumo de la prostitución” en la calle, al tiempo que impondrá sanciones “leves” para quienes ejercen la prostitución, informó el Ayuntamiento de la ciudad.
Hoy entra en vigor el cambio de ordenanza por lo que se “aplicarán sanciones más graves a los clientes de la prostitución” en Barcelona, precisó el consistorio en un comunicado oficial.
Las multas para las trabajadoras del sexo “tendrán la consideración de leves y serán sancionables con multas de 100 a 300 euros”, pero cuando lo hagan a menos de doscientos metros de un centro docente o educativo “la multa irá de 300,1 a 750 euros”, precisa la normativa.
En cuanto a los clientes, serán sancionados con multas de 1.000 a 1.200 euros y cuando estén haciendo consumo de sexo a menos de doscientos metros de distancia de centros docentes o educativos la multa ascenderá entre 1.200,01 a 1.500 euros”, añadió.
En cuanto a practicar sexo en el espacio público, la falta “de consideración muy grave” será sancionada desde los 1.500,01 a 3.000 euros.
El Ayuntamiento de Barcelona focaliza las sanciones sobre todo hacia los clientes e “impulsa medidas para proteger a las personas que ejercen la prostitución, dado que son la parte más débil y vulnerable”, precisó.
En Barcelona, la demanda y ofrecimiento de servicios sexuales en el espacio público son conductas prohibidas desde el 2006.
En ausencia de una legislación superior, la modificación del texto normativo forma parte de la “estrategia global” de la ciudad impulsada por el gobierno municipal “para dar respuesta a este fenómeno que se da en el espacio público y que en muchos casos supone una vulneración de los derechos humanos más fundamentales”, consideró la alcaldía.
El ayuntamiento seguirá potenciando “la atención a las personas que ejercen la prostitución a través de la Agencia para el Abordaje del Trabajo Sexual (Abits)” precisó el consistorio que este año aumentó un 67 por ciento el presupuesto destinado a atender a quienes ejercen la prostitución, ya que es “una prioridad” ofrecer protección a ese colectivo.
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