Desde hace diez años, la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE) investiga y asiste en la búsqueda de hijos e hijas de personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, una tarea silenciosa y constante que busca desentramar el plan sistemático de robo de bebés.
En octubre de 2012, se sumó a la tarea iniciada 45 años atrás por las Abuelas de Plaza de Mayo con un sentido de urgencia que todavía se mantiene: encontrar a esos jóvenes, víctimas de delitos que se continúan cometiendo hasta que no se resuelven, y devolverles su verdadera identidad.
“Son cada vez menos agujas en un pajar igual de inmenso que antes”, describió el fiscal general Pablo Parenti, titular de la Unidad, sobre el difícil trabajo que llevan realizado y el que tienen por delante. Con el avance de las investigaciones y la identificación de 130 nietos y nietas, la probabilidad de resolver los que faltan es cada vez menor en un universo enorme de 4 millones de nacimientos registrados entre 1975 y 1983.
“Hace mucho que no aparece un nieto y por supuesto que nos ponemos a repensar estrategias y a rompernos la cabeza para ver qué otros criterios podemos usar para afinar la búsqueda. Lo cierto es que nos enfrentamos a un terreno muy arduo, contaminado con todo el fenómeno de inscripciones irregulares que había en aquellos momentos, cuando se inscribían personas que no eran hijos biológicos como hijos biológicos”, explicó Parenti y añadió: “Cuanto más aceleremos la tramitación de casos y más ADN se incorporen al Banco, más chances tenemos de encontrarlos”.
La Unidad fue creada por la Procuración General, entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó, y fue acompañada por un nuevo protocolo para organizar la actuación judicial en este tipo de casos. Ambas medidas fueron en respuesta a una demanda de muchos años de Abuelas, que incluso había llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2003, en el caso de la nieta restituida Evelin Bauer de Pegoraro, el tribunal internacional resolvió el caso con un compromiso del Estado de que el Ministerio Público Fiscal debía diseñar y ejecutar un Plan Especial de Investigación sobre la apropiación de niños durante la dictadura para optimizar la resolución de casos.
Con los años, la UFICANTE se convirtió en un actor fundamental en estas causas, en coordinación con Abuelas, la Comisión Nación por el Derechos a la Identidad (CONADI) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
“En estos años fue muy importante la aplicación del protocolo y nuestra asistencia a jueces y fiscales para tratar de que las audiencias (para la toma del ADN) sean con cierta contención. Se logró agilizar mucho el proceso, la cantidad de audiencias empezó a crecer y se incorporó así la convocatoria de personas para ADN como una práctica judicial. La cantidad de análisis aumentó mucho a partir de la creación de la Unidad y la interacción con otros actores”, detalló.
Las investigaciones preliminares son otra parte central del trabajo de la Unidad con el que consolidó como la puerta de entrada de todas las causas por apropiaciones. Se realizan a partir de denuncias en Abuelas y la CoNaDI o de sus propias investigaciones y ya llevan realizadas más de 1200. “De esa forma, los casos llegan a los jueces y fiscales de todo el país con un trabajo, un valor agregado adicional y en condiciones de ir al ADN”, añadió.
En los últimos años, sumó entre sus prioridades la búsqueda de perfiles genéticos para continuar completando el BNDG y la convocatoria previa de las posibles víctimas en audiencias informativas en la propia Unidad en las que consiguieron hasta ahora que todas las personas que se presentaron se realicen voluntariamente la extracción de ADN.
Terreno muy difícil
La búsqueda de hijos de desaparecidos se cruza necesariamente con los casos de apropiación que no se dieron en el marco del terrorismo de Estado: inscripciones como hijos biológicos de quienes no lo eran y redes de tráfico de niños y niñas. “No hay una diferencia detectable a priori. Usamos algunos criterios, si encontramos un vínculo con las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas o los cruzamos con otros parámetros como partos domiciliarios o los médicos que firmaron la partida, pero es un terreno difícil. Llegamos a muchos casos donde hay alteraciones de identidad pero que no estaban vinculadas con el terrorismo de Estado”, señaló Parenti.
El BNDG lleva realizados unos 15.000 análisis genéticos de casos sospechosos. Menos del 1% fueron casos de Abuelas resueltos por ADN y el resto se explica por las masivas inscripciones irregulares.
Los dos fenómenos se entremezclan, haciendo la búsqueda más compleja. La partera Juana Arias de Franicevich era la dueña de una clínica privada de Wilde, vinculada al tráfico de niños. Sin embargo, a partir de una investigación se logró determinar su vínculo con el médico policial Jorge Antonio Bergés, quien asistió a partos en centros clandestinos del Circuito Camps. De cien casos relevados sospechosos que pasaron por sus manos, cuatro resultaron ser bebés apropiados: Ana Libertad Baratti de La Cuadra, Adriana Garnier Ortolani, Martín Ogando Montesano y Maximiliano Menna Lanzillotto.
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