El Ministerio de Trabajo de Santa Fe dictó este miércoles una conciliación obligatoria en el conflicto abierto por 40 despidos de la multinacional Cargill en sus plantas de Punta Alvear y Villa Gobernador Gálvez. En ese lapso, la cerealera debe dar marcha atrás con las cesantías, los trabajadores cesar con el paro por tiempo indeterminado con el que resistían la decisión corporativa y abrirse una instancia de negociación entre las partes.
La centenaria compañía, que tiene sede en Estados Unidos, había emitido un comunicado por el cual negaba un recorte de su planta laboral, aunque admitía los despidos y los justificaba en la necesidad de recomponer perfiles de personal para atender a “nuevos desafíos” de los negocios en los que incursiona, que van desde la molienda de soja y la ganadería hasta la administración de fondos. El texto señalaba que incroporaría tantos empleados como los que cesanteara. Desde el gremio de Aceiteros, el que concentra mayor cantidad de afiliados de las plantas, acusaron a Cargill de traición: dijeron que habían acordado retiros voluntarios que, después y sin aviso, se transformaron en despidos.
Al término de la audiencia de este martes en la sede de San Lorenzo y Ovidio Lagos, el ministro de Trabajo, Julio Genesini, confirmó a El Ciudadano el dictado de la conciliación obligatoria hasta el 19 de febrero, fecha en la que se pautó una nueva reunión de partes. “La empresa tiene la obligación de acatar, porque es un acto previsto por ley y esperemos que acate la conciliación como corresponde”, confió el funcionario. El gremio de los aceiteros ya lo hizo: bajó el paro por tiempo indeterminado y las concentraciones frente a los ingresos de las dos plantas en Santa Fe y este mismo miércoles, a las 18, los trabajadores volverían a sus tareas.
Varios sindicatos involucrados
Además de los representados por el sindicato de Aceiteros, entre los despedidos hay afiliados a la Asociación Empleados de Comercio (AEC). Juan Gómez, su secretario gremial, no pudo precisar cuántos afiliados están afectados. “La empresa no trajo un listado”, justificó la falta de certeza en su estimación de “entre siete y diez”. Respecto de la conciliación obligatoria, aclaró que “se trata de una salida transitoria”.
“Queremos que se los reincorpore definitivamente, porque muchos de ellos hace años que están trabajando y recién ahora descubren que le quieren cambiar el perfil, como dice el comunicado de la empresa, que no se entiende. Creemos que es un claro intento de precarizar a los trabajadores y cambiarlos por otros que ingresen en otras condiciones, obviamente en desventaja”, lanzó Gómez una sospecha fundada en estrategias empresarias reiteradas.
El secretario gremial de AEC aclaró que Cargill “es una de las que más factura en el mundo y no puede aducir problemas económicos, por lo cual es una clara postura de meterle miedo a los trabajadores y precarizarlos en las plantas”.
