Carina Ortiz
Un estallido social, un gobierno en ruinas, la crisis económica, la espera de un bolsón de comida y la represión policial sin límites marcaron a fuego en la memoria colectiva aquellos 19, 20 y 21 de diciembre de 2001. Nuestra provincia era gobernada por Carlos Reutemann y la presidencia de la Nación estaba a cargo de Fernando de la Rúa, quien dejó la casa de Gobierno en helicóptero y un país en llamas. Ambos murieron impunes: el primero ni siquiera llegó a ser imputado por la casi decena de muerte en Santa Fe; el segundo fue sobreseído.
La represión de diciembre de 2001 es una herida que no cierra y sigue agigantándose año a año con la falta de respuesta por parte de la Justicia. Un claro ejemplo de lo que ocurre ante el caos institucional y el desmadre de una fuerza policial que canaliza sus acciones a través de la violencia, en barrios periféricos y sobre la población más vulnerable: veinte años igual.
En Santa Fe sufrimos la pérdida de nueve vidas en manos de las fuerzas policiales, ocho de ellos en Rosario y alrededores, además de numerosos heridos. Sólo en dos casos hubo una respuesta judicial después de largos procesos penales que terminaron con la condena de dos policías por dos de los hechos y algunos más vinculados con delitos de encubrimiento de esos homicidios.
En cuanto a la responsabilidad política, para la Justicia santafesina no la hubo. El juez Rubén Saurín, que había ido denunciado esos días por estar colgado de la luz, decidió en abril de 2009 archivar la causa que investigaba por homicidio culpuso, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad al ex gobernador Reutemann, a su entonces ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez y al secretario de Seguridad Enrique Álvarez archivó la causa.
A nivel nacional, el ex presidente De la Rúa fue sobreseído en 2013. La semana pasada, la Cámara de Casación confirmó las condenas al ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y al entonces jefe de la Policía Federal Rubén Santos por tres homicidios culposos y 25 víctimas de heridas de armas de fuego en la ciudad de Buenos Aires.
Los muertos de la represión del 19 de diciembre
Rubén Pereyra tenía 20 años, era de barrio Las Flores, había formado una familia y tenía una pequeña hija. Se ganaba la vida haciendo changas de jardinería y tras el estallido económico y social del 2001 fue una de las tantas personas que se reunió en la puerta del hipermercado Libertad, en la zona sur, a esperar un bolsón de comida.
Desde el camión que llegó al lugar no bajaron alimentos sino policías armados que arremetieron contra los manifestantes. Rubén recibió disparos en la espalda y murió: por el hecho ocho uniformados de la entonces División de Drogas Peligrosas fueron indagados pero el juez de instrucción Osvaldo Barbero los sobreseyó a todos.
Yanina García tenía 18 años y una pequeña hija. Recibió un balazo en cercanías de su casa ubicada en la zona de Pasco y Pascual Rosas donde había un supermercado. Un disparo policial le quitó la vida. No hubo imputados por el hecho.
Gabriela Machado tenía 41 años, 9 hijos y se ganaba la vida como vendedora ambulante de comida. Murió en frente al supermercado La Gallega en San Martín al 2400 de Villa Gobernador Gálvez. Había llegado hasta el lugar a buscar un bolsón de comida que iban a entregar. Al menos esa era la información que tenían pero los esperaba una feroz represión. Gabriela intentó resguardarse y corrió entre los balazos, los golpes y los gases lacrimógenos pero su corazón no aguantó semejante violencia y se descompensó en el lugar. No lograron reanimarla.
Juan Delgado tenía 28 años: recibió varias perdigonadas y un tiro a corta distancia en el medio de una represión que ocurrió en las cercanías de un supermercado ubicado en barrio República de la Sexta. Era albañil y tenía tres hijos. Estaba junto a otros vecinos en la esquina de Necochea y Pasco esperando saber si era cierto que iban a entregar bolsones de comida pero fueron reprimidos. Juan sufrió heridas en el pecho de perdigones y lo mató un balazo calibre 9 milímetros. Su crimen nunca fue esclarecido. Ni siquiera se individualizó un sospechoso. Para su hermana lo claro es que la bala fue policial.
Más sangre derramada
El 20 de diciembre Ricardo Villalba tenía 16 años. Fue asesinado en Esquivel y Cabassa, en barrio Parque Casas. En ese lugar había un local comercial y varias personas se concentraban en esa esquina. Llegó personal policial de la comisaría 10° y hubo represión. Ricardo recibió un tiro en la cara que lo mató. Por el caso no hubo imputados ni respuesta de la Justicia.
Walter Campos tenía 16 años, vivía en Empalme Graneros y según contó su familia, era uno de los tantos pibes que eran blanco de los uniformados de la comisaría 20. Ese 21 de diciembre de 2001 en Cabal y Olivé había una gran cola de vecinos esperando un bolsón de mercadería. La familia de Walter contó que el chico y un amigo fueron a reemplazar a un familiar en la cola y tuvieron un entredicho con otros jóvenes.
Una de las organizadoras llamó a la policía y ese fue el principio de una persecución. Un agente de la seccional que custodiaba el lugar comenzó a correrlo y se sumaron otros. También había personal de TOE, entre ellos el sargento Ángel Iglesias con un rifle con mira telescópica que se encontraba apostado en la zona: era un francotirador. Este uniformado aseguró que le disparó a Campos para proteger a su colega. La víctima recibió un tiro en la cabeza a doscientos metros del lugar, cerca del Arroyo Ludueña. El policía fue sobreseído y la causa finalmente cerrada por la Corte Suprema de Justicia en abril de 2004.
En la capital santafesina
Marcelo Pacini tenía apenas 15 años. El 19 de diciembre se acercó hasta un local comercial ubicado en Blas Parera al 5800 de Santa Fe donde había escuchado que iban a entregar bolsos con comida. El dueño del lugar, un ex militar, disparó una escopeta desde el interior del comercio y los perdigones impactaron en la zona de la espalda y la axila del adolescente, también hirieron a otra joven que estaba en el lugar.
En un primer momento el comerciante recibió falta de mérito. Esa decisión fue revocada y lo procesaron por exceso en la legítima defensa.
Dos condenas
Graciela Acosta tenía 35 años y era militante del Partido Comunista. Su homicidio ocurrió el 19 de diciembre en cercanías del supermercado La Gallega ubicado en San Martín al 2400 de Villa Gobernador Gálvez. Uno de los proyectiles policiales impactó en la espalda de Graciela. Una amiga la sostuvo en sus brazos hasta su muerte y resguardó la bala que la atravesó. La pericia balística determinó que el proyectil salió del arma del uniformado Luis Armando Quiróz, quién también quedó comprometido por el testimonio de un periodista.
En un primer momento el policía fue absuelto pero un tribunal superior revocó la decisión y en 2007 fue condenado a 11 años de prisión. Tras la condena se investigó a los policías José Abraham y Alberto Sifredi, responsables de la comisaría 29 de Villa Gobernador Gálvez, donde trabajaba Quiróz por encubrirlo.
Claudio “Pocho” Leprati tenía 35 años y era un militante social. El 19 de diciembre estaba en un comedor de la escuela a Nº 756 José M. Serrano de barrio Las Flores donde trabajaba. En medio del caos que había en el lugar se subió al techo para pedir que dejen de disparar que había niños en el lugar y recibió un tiro con una Itaka. El proyectil le pegó en la tráquea y murió´.
Por el hecho, después de un extenso derrotero judicial fue condenado el el uniformado Esteban Velásquez a 14 años de cárcel. En el ámbito civil el policía y la provincia fueron condenados por daños y perjuicios. Además los policías Roberto De la Torre, Rubén Darío Pérez, Marcelo Fabián Arrúa y Carlos Alberto De Souza fueron condenados a cumplir dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo por encubrir el hecho entre otros delitos. La condena que fue confirmada en en el año 2015. Hoy a Pocho se lo conoce como “el Ángel de la bicicleta”, tal como se titula la canción que León Gieco le dedicó.
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