Comunidades diaguitas de cuatro provincias acordaron con el gobierno nacional agilizar la mensura de los territorios que ocupan y frenar así posibles intentos de desalojos.
Luego de tres días de reuniones y gestiones con autoridades de diferentes organismos nacionales, los comuneros –como también se los conoce en los valles calchaquíes– regresaron conformes a sus territorios ubicados en Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja.
La presión sobre sus tierras, motivo central del viaje a Buenos Aires, tiene como antecedente directo la muerte de Javier Chocobar, producida el 12 de octubre de 2009 en Chuschagasta y la de Esperanza Nieva, de 81 años, registrada en junio del 2010 en Amaicha del Valle, ambos en Tucumán, situación que alertó sobre los riesgos que atraviesan diariamente decenas de comunidades indígenas.
La ley 26160, prorrogada hasta 2013 e impulsada por la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner en 2006, busca remediar esa situación.
Luego de la reunión con los funcionarios nacionales, el cacique de Los Quilmes, Francisco Chaile, resumió a Télam: “Queremos la seguridad de las tierras donde vivimos siempre”.
Daniel Fernández, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai); Claudio Morgado, del Inadi; el titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), Enrique Martínez y Gabriel Mariotto, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca); fueron algunos de los funcionarios que recibieron a los diaguitas.
Por otra parte, Chaile, un referente indígena perteneciente a la etnia de Los Quilmes, puso de relieve la “articulación directa con el gobierno por parte de la Unión Diaguita”, ya que la organización realizó trámites y gestiones ante organismos como la Ansés y la Secretaría de Cultura de la Nación.
En el caso del Inadi, durante la entrevista con Morgado se hizo hincapié en el caso de Rolando Fregenal, cacique de la comunidad tucumana Solcos Yampa, que el 31 de diciembre último fue detenido “sin pruebas” y alojado en un calabozo de Simoca “pero sólo por 18 horas porque la movilización fue inmediata”, dijo el afectado al puntualizar que “todo es por las tierras”.
Sobre este tema, David Sánchez, un joven comunero vecino de Fregenal, en el norte tucumano, explicó la “connivencia de sectores judiciales con terratenientes que quieren las tierras” de los grupos originarios, situación denunciada en forma permanente por los indígenas.
“El Inadi se comprometió mirar más de cerca las causas, pedir informes, estar en las denuncias que hacemos, si bien no tiene una ingerencia directa puede –y de hecho lo hace– producir dictámenes que son de cumplimiento”, agregó Sánchez, quien integra el Consejo de Participación Indígena (CPI), un organismo consultivo del Inai.
En cuanto al relevamiento y, específicamente, la mensura de tierras, tanto en el caso de Tucumán como en Santiago del Estero, hubo, según informaron los indígenas, “problemas y dilaciones” con las universidades nacionales respectivas que redundaron en que aún las comunidades no dieron el paso necesario para conseguir el ansiado título.
Sobre este punto se avanzó en que la Universidad Tecnológica se encargará de lo que falta del proceso de medición “para fin de este año”. Es decir que para cuando culmine 2011 los comuneros, en este caso, contarán con las mensuras catastrales.
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