Arlen Buchara
Este lunes 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. La efeméride nació en Argentina en 1990 durante el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, un evento fundamental en la historia de los activismos feministas de la región que se hizo en las costas de San Bernardo con más de 3 mil participantes de distintos países. En los debates que se generaron hace tres décadas, la delegación brasileña propuso la fecha para recordar el 28 de septiembre de 1871, cuando se promulgó en Brasil la Ley de Libertad de Vientres que hizo libres a todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas.
Primero se llamó Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe. En 2011 la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos, una histórica organización internacional de defensa de los derechos sexuales, asumió e incorporó la campaña. Desde entonces todos los 28 de septiembre la consigna “aborto legal, un grito global” recorre el mundo, sobre todo Latinoamérica, una región particularmente desigual a la hora de hablar del acceso al derecho a decidir. El 97 por ciento de las personas gestantes vive en países donde el aborto está penalizado y sólo 6 países permiten la interrupción voluntaria sin causales, donde vive apenas el 3 por ciento de la población de la región.
Argentina estuvo a punto de entrar en la lista en 2018, cuando el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue tratado en el Congreso Nacional, con la media sanción histórica del 14 de junio y el rechazo del Senado del 8 de agosto. Aun así, siempre es importarte recordar que el aborto es legal por causales desde 1921 en el Código Penal en caso de violación y riesgo de salud de la persona gestante. La garantía de este derecho fue ratificada por la Corte Suprema en 2012 en el fallo FAL, que pidió al Ministerio de Salud la elaboración de protocolos. El último vigente es de diciembre de 2019 y fue el primer decreto de Alberto Fernández como presidente. Sin embargo, aun con protocolo el acceso al aborto legal es desigual según el lugar donde se viva: 12 de 24 provincias no adhirieren. Santa Fe lo hizo en enero.
Para entender en números qué significa que el aborto sea ilegal, según estimaciones del Ministerio de Salud en Argentina se hacen un promedio de 354.627 abortos al año, que equivalen a 41 por hora. Desde el regreso de la democracia hasta 2016, al menos 3.040 mujeres murieron por abortos practicados en condiciones inseguras. Durante los seis meses de pandemia hubo al menos tres mujeres muertas más. Todas se hubiesen evitado con un contexto de garantía de derechos por parte del Estado. Además, datos oficiales dan cuenta de que todos los años un promedio de 3.000 niñas menores de 15 años se convierten en madres. Un informe del medio feminista LatFem recopila y recorre las historias de 16 niñas y mujeres que murieron por abortos clandestinos desde el rechazo en el Senado.
Este año la efeméride llega al país en el contexto de la pandemia mundial de coronavirus, que pospuso el tratamiento de la ley prometido por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones del Congreso el 1ro de marzo pasado. Es la primera vez que desde el poder ejecutivo hay voluntad política de legalizar el aborto, con un proyecto propio escrito por Vilma Ibarra, feminista y co-autora de la ley de matrimonio igualitario. Tanto el presidente como ella remarcaron que el proyecto será enviado apenas estén dadas las condiciones sanitarias y políticas. Pero la deuda con las personas gestantes sigue sin saldarse.
Por eso, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito publicaron este domingo una carta en diferentes diarios del país exigiendo al poder político el urgente tratamiento del proyecto de ley que presentaron en 2019 y que se avance para que el aborto sea legal en el 2020. “Llevamos 15 años de lucha por una ley que es una cuestión de salud pública. De haber sido aprobada en 2018, Liliana de Santiago del Estero, B. de la Matanza, Ivana de Formosa, y tantas otras más no hubieran muerto, obligadas a buscar métodos inseguros para interrumpir un embarazo. En Argentina las niñas abusadas son forzadas a gestar y a parir, hecho que califica como tortura. Las obstaculizaciones y discriminaciones se recrudecen aún más en los casos de mujeres y niñas de los pueblos originarios. Las presas por abortar sufren la estigmatización y las rejas que disciplinan su decisión”, dijeron.
“En este contexto de emergencia sanitaria se profundizan los obstáculos en el acceso a la salud sexual. Los equipos sanitarios que hoy atienden las interrupciones legales del embarazo redoblan sus esfuerzos para garantizar este derecho, pero no alcanza. Por eso: es urgente, es prioridad y es esencial legalizar el aborto voluntario”, agregaron y pusieron el foco en un dato: las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman más 49 mil anualmente, lo cual presiona aún más al sistema de salud en tiempos de pandemia.
Abortar en pandemia
Además de posponer el tratamiento, la pandemia generó un desafío mayor. Con los sistemas de salud enfocados en la atención de Covid-19 y las medidas de aislamiento, desde distintos organismos nacionales e internacionales advirtieron que podía haber retrocesos para mujeres y personas gestantes.
Ya en abril el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) difundió un informe que reveló que 47 millones de mujeres de 114 países de ingreso bajo y mediano estaban en riesgo de no poder acceder a anticonceptivos. Previeron que se podían producir 7 millones de embarazos no planificados. Según un estudio del Instituto Guttmacher, una disminución del 10 por ciento en el acceso a la atención por el impacto del Covid-19 en los países de ingresos bajos y medios causaría 3 millones de abortos en condiciones riesgosas. Además, con esta estimación calcularon que podía haber 15 millones de embarazos no deseados, 28 mil muertes de personas gestantes durante este año y 49 millones de personas tendrían insatisfechas sus necesidades en el acceso a los anticonceptivos.
En Argentina los servicios de salud sexual y reproductiva fueron considerados esenciales desde el primer día de aislamiento, lo que significa que cualquier persona que necesite acceder a una Interrupción Legal de Embarazo (ILE) puede hacerlo, al igual que a métodos anticonceptivos.
Todavía no se conoce el impacto de la pandemia en la salud sexual, pero desde Rosario surgen algunos indicadores para prestar atención. En los primeros seis meses del año, 279 mujeres y personas gestantes accedieron a un aborto legal en la salud pública de Rosario. La cifra es casi un 60% más baja que el mismo período de 2019, cuando fueron 650. Si bien todavía es prematuro tener explicaciones, una de las hipótesis es que la pandemia pudo haber influido negativamente en el acceso de las mujeres al aborto legal. En la ciudad que no registra muertes por abortos clandestinos desde 2012, cuando empezaron las medidas de aislamiento una de las políticas fue priorizar la entrega de anticonceptivos en centros de salud y casa por casa. Además, buscaron que la mayoría de los abortos legales sea ambulatorios con pastillas de misoprostol y no en hospitales.
En el primer semestre hubo casi un 60% menos de abortos legales en la salud pública de Rosario
A nivel provincial, los últimos datos disponibles son de 2018, cuando se hicieron 2.138 interrupciones legales en la salud pública. Según fuentes allegadas al Ministerio de Salud, los datos de 2019 aún no están consolidados. Desde la nueva gestión trabajan en la garantía de todos los pedidos de ILE y en que ninguna mujer o persona gestante no pueda acceder a la práctica de forma segura. Buscan reducir el tiempo entre la primera y la última consulta y, como en Rosario, priorizan que sean hechos con misoprostol, aunque también se garantizan con aspiración manual endouterina. Es importante recordar que desde septiembre de 2019 la provincia provee el misoprostol fabricado por el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado, el único público del país que lo produce.
Además, buscan reforzar la línea telefónica de salud sexual nacional (0800 222 444), porque es una garantía de tener una atención amigable que deriva directo al área correspondiente en la provincia. Si bien hoy la mayoría de las mujeres y personas gestantes llegan al sistema de salud pública antes de llamar, la línea está en alza. Entre enero y agosto hubo un crecimiento del 900 por ciento en los llamados hechos desde Santa Fe.
El crecimiento en el 0800 se ve en todas las provincias y es atribuido a la pandemia, que hace que sea más sencillo consultar por teléfono porque los horarios y los equipos de atención en los centros de salud pueden ir variando por el Covid-19. A nivel nacional, entre mayo y junio de este año el 91,4% de las consultas que recibió la línea oficial fue por ILE.
90 días para lo urgente
Este 28 de septiembre el pedido de legalización y despenalización del aborto vuelve a renovarse. Habrá movilizaciones presenciales y virtuales en todo el país, con pañuelazos para pedir el tratamiento en el Congreso Nacional antes de que termine el año. Mientras desde el poder ejecutivo hablan de condiciones políticas y sanitarias para el tratamiento, no hay que olvidar que la pandemia golpea particularmente a los ingresos de las mujeres, quienes con peores condiciones de vida tienen menos margen para acceder a un aborto seguro. Un dato elaborado este año por el Observatorio Nacional de Acceso al Misoporstol (Misobservatorio) reveló que en 2020 alrededor de 1,2 millones de mujeres no pueden afrontar los costos de una caja de misoprostol en la Argentina. La droga es considerada por la Organización Mundial de la Salud como un medicamento esencial para un aborto seguro y ambulatorio hasta la semana 12 de embarazo. Su acceso desigual representa un peligro para las mujeres y personas gestantes en un país en el que hay sólo dos marcas que lo venden en farmacias, con precios que llegan a los 8.600 pesos. En provincias donde los Estados no garantizan el derecho a la ILE, estos costos empujan a abortar en condiciones inseguras. Quedan tres meses del 2020, 90 días en los que una vez más se juega el derecho a decidir y no morir en el intento.
Foto Ana Isla
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