Marcelo Cena / Télam
El juez de feria Mariano Castro instó este martes al gobierno de Río Negro a “hacerse responsable de la integridad física” de los manifestantes que participan de la séptima Marcha por la Soberanía a Lago Escondido, mientras la columna de militantes denominada “Juana Azurduy” se aprestaba a iniciar un recorrido de nueve kilómetros por agua para llegar hasta ese sitio.
El magistrado de Bariloche respondió a un recurso de amparo presentado por los abogados de la Fundación Interactiva Para Promover la Cultura del Agua (Fipca), quienes denunciaron que entre 15 y 20 peones que responden a las órdenes del magnate inglés Joe Lewis les impidieron este lunes el ingreso al camino de Tacuifí (que es público) a una de las columnas de la manifestación.
“Entiendo que los hechos denunciados ameritan adoptar alguna medida preventiva en procura de evitar que se generen situaciones disvaliosas que pongan en riesgo la integridad física de las personas involucradas o de las que pudieran involucrarse”, expresó Castro.
Así, el magistrado decidió “poner en conocimiento del Poder Ejecutivo provincial los hechos denunciados, a fin de que tome la intervención que pudiera corresponderle, en tanto que se han denunciado situaciones que tienen que ver con la seguridad personal de los manifestantes, ocupantes y terceros, de exclusiva competencia del Poder Ejecutivo”.
El amparo quedó radicado en el Juzgado N°3, a cargo del juez Santiago Morán, pero al ser presentado durante la feria judicial intervino Castro.
El magistrado se pronunció luego de que el equipo de abogados de Fipca ampliara los hechos denunciados y detallara que la situación había empeorado un día después, con la presencia de más de 300 efectivos de la Policía de Río Negro.
“Los peones de Lewis electrificaron el portón de hierro en el ingreso a Tacuifí. Las comunicaciones fueron cortadas a 3 kilómetros del ingreso a Tacuifí y hay patotas que nos esperan para no dejarnos entrar”, dijo el titular de Fipca, Julio César Urien.
La abogada de Fipca, Katerina Menéndez, confió que en el ingreso al Camino de Tacuifí “había una situación un poco más intimidatoria” que la vivida el lunes, dado que “había fuerzas policiales de Infantería”.
La abogada valoró que Castro entendiera “la gravedad de los hechos” denunciados, ya que, en una primera instancia, el juez había considerado que, por una cuestión territorial, era el juzgado de El Bolsón el que debía pronunciarse.
“Nosotros le hicimos saber a Castro que el Juzgado de El Bolsón es sistemáticamente recusado por Lewis y su sociedad. Por lo tanto, frente a los hechos graves y urgentes que estaban sucediendo en el portón, no podíamos llevar un amparo a un juez que va a entrar en un proceso de recusación”, explicó Menéndez.
A la vez, contó que le solicitaron que “en vez de resolver la competencia territorial, resolviera sobre el fondo de la situación” que tiene que ver con “el grave riesgo de vida”.
“No sólo los que estamos en el portón marchando, sino también la columna de montaña que viene”, completó.
También Urien calificó como “un paso positivo” la resolución y destacó que al juez Castro “le quedó clara la gravedad de la situación porque hay peligro de vida frente a la violencia demostrada por los partidarios de Joe Lewis”.
De esa manera, valoró que el magistrado exhortara al Poder Ejecutivo de Río Negro “a que garantice la seguridad y la vida de todos los ciudadanos que van a ingresar por el camino de Tacuifí y a los compañeros que vienen por la otra columna, que también quieren regresar por el camino de Tacuifí”.
Con dos columnas de manifestantes, la Sséptima Marcha por la Soberanía se propone llegar a orillas del lago Escondido para denunciar que en esa zona, donde Lewis tiene su estancia, existe un “enclave británico” que funciona como “la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia”. En ese paradisíaco retiro estuvieron un fin de semana, funcionarios políticos porteños, jueces federales y ejecutivos del Grupo Clarín. Todos negaron su presencia en el lugar, hasta que ya no pudieron hacerlo cuando una filtración de comunicaciones presuntamente hackeadas dejó todo al descubierto.
La columna 1, que encabezan Urien y otros dirigentes políticos, sociales y gremiales, llegó este lunes a paraje El Foyel, donde se encuentra el ingreso al camino del Tacuifí, por el cual se llega a lago Escondido, tras recorrer los 40 kilómetros que separan esa localidad de la de El Bolsón.
La columna 2 “Juana Azurduy” continuaba su marcha por el llamado Camino de Montaña, más largo, aunque de dificultad media. Este martes a las 16.30 arribó a la cabecera oeste del lago Escondido, informaron voceros de la manifestación. A partir de allí el recorrido continúa en kayak a lo largo de 9 kilómetros. En ese conjunto están el dirigente peronista Jorge Rachid y el sacerdote Francisco Paco Oliveira, integrante del grupo en Opción por los Pobres.
En esa línea, el “día importantísimo” era este miércoles: “Se va a insistir con el ingreso en el camino de Tacuifí, ya sea de los compañeros que ingresamos del Foyel como de los compañeros que ingresan por la montaña”, adelantó Urien.
Por su parte, la central obrara CTA y junto al gremio estatal ATE de Bariloche, la Corriente Clasista y Combativa, y otras organizaciones hicieron este martes su propia marcha por tierra y a pie, desde Bariloche hacia Tacuifí, tras manifestarse durante la mañana frente a la sede de los Tribunales de Bariloche para reclamar que la Justicia garantice el “libre tránsito” del camino de Tacuifí, la principal vía de acceso al espejo de agua.
En la concentración participan miembros de CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, ATE, Somos Barrios de Pie, Libres del Sur y del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) junto a integrantes de Fipca, una de las entidades que comenzó a realizar las marchas al Lago Escondido a partir de 2017.
Los manifestantes reclamaron que la Justicia cumpla con la disposición de la Camara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y Minería y Contencioso Administrativa de Bariloche, que en septiembre pasado ordenó que se abra el paso por el camino de Tacuifí para facilitar la llegada al lago Escondido.
Esta decisión fue apelada por la empresa Hidden Lake, de propiedad de Lewis, y también por el gobierno provincial de Río Negro, mientras que en los hechos el sendero de Tacuifí está bloqueado por la instalación de un grueso portón de hierro, con candados y cadenas, que en los últimos días es además vigilado por peones rurales montados a caballo, con rebenques y hondas.
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