Esteban Guida
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Mientras los argentinos estamos a la espera de conocer el “programa económico plurianual” que el presidente Alberto Fernández prometió enviar al Congreso de la Nación, sus funcionarios están ajustando los últimos detalles del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se dice que el acuerdo estaría prácticamente “cerrado”, a pesar de que todavía no se conocen los detalles y sus consecuencias para el país.
Esta situación indica que, en rigor de verdad, lo que el gobierno firme con el FMI no es una consecuencia del “programa económico plurianual para el desarrollo sustentable” que tratará el Congreso; si fuera así, primero se debería debatir la propuesta que define el rumbo económico del país, ya que esto determina las posibilidades y condiciones para el repago de la deuda externa, dentro de la cual se encuentra la contraída con el FMI.
Sin embargo, como se vienen desarrollando los acontecimientos, se deduce que, en caso que el presidente envíe un programa económico al Congreso, lo que finalmente aprueben los legisladores se tendrá que ajustar a lo que se acordó previamente con el organismo internacional. Cabe preguntarse qué alternativa tendrán los legisladores de cambiar o rechazar lo que envíe el gobierno al Congreso, si ya tiene el OK del FMI. Seguramente, y para cumplir con la formalidad, la discusión versará sobre las variables más polémicas (inflación, déficit fiscal, emisión monetaria, etcétera); pero como suele ocurrir, no habrá discusión de fondo sobre la estructura económica argentina, ni sobre su posicionamiento en la División Internacional del Trabajo. Ni por lo tanto, habrá participación política de los sectores representativos de la producción y el trabajo, ni participación real vinculante del pueblo argentino.
Si esto resultara ser así, el “programa económico plurianual” será simplemente la necesidad de validar jurídicamente, lo más rápido posible (“porque si entramos en default, nos caemos del mundo…”) un acuerdo realizado “a puertas cerradas”. Como ocurrió otras veces bajo gobiernos electos democráticamente (por ejemplo, con el Plan Austral, la Convertibilidad, el arreglo con los fondos buitre, etcétera) se reitera una seria y gravosa falla de representatividad, que bien explica el rechazo de las grandes mayorías populares para con los dirigentes, cuyas decisiones no responden a las expectativas y necesidades del pueblo argentino.
¿Cómo podrá el gobierno comprometer a todo un país si no lo consulta, ni lo hace partícipe de las cuestiones políticas centrales que se derivarán del acuerdo con el FMI? De hecho, los gobiernos que se sucedieron desde el año 1974 hasta la actualidad han optado por no abrirse al pueblo, a los diferentes sectores políticos, productivos y profesionales del país, para definir la orientación política de la economía, los objetivos tácticos y estratégicos, sus principales reformas y medidas económicas. Pareciera ser que cuando asumen el gobierno, los dirigentes se arrogan el poder absoluto de decidir y, solo a veces, de comunicar las decisiones con más o menos inteligencia y dedicación. Aquella famosa frase de Cristina Kirchner: “Si quieren tomar decisiones de gobierno, formen un partido y ganen las elecciones”, parece hecha a la medida de una dirigencia que menosprecia la voluntad popular, pero que defiende celosamente un sistema democrático (liberal y fallido) sobre la que descansa su discrecionalidad.
La crítica al proceso de desarrollo de este supuesto “programa económico plurianual” no responde a una opinión más, ni al deseo de quien suscribe, sino a los antecedentes históricos de nuestro país, que refieren a un plan económico participativo y verdaderamente democrático a la altura de las necesidades y aspiraciones del pueblo argentino. El “Plan Trienal 1974-1977”, completado e implementado durante el tercer gobierno de Juan Domingo Perón, no fue una idea magistral de Perón ni el trabajo de su experimentado gabinete. Tuvo como fundamento el “Acuerdo Marco”, surgido de las coincidencias programáticas del Plenario de Organizaciones Sociales y Partidos Políticos, celebrado en 1972, del que participaron y adhirieron prácticamente todas las fuerzas políticas del país de ese entonces (salvo una minoría liberal y comunista que estaba decidida a no apoyar acuerdo nacional de paz alguno), con la intervención clave de los trabajadores y empresarios, organizados y nucleados en la CGT y la CGE, respectivamente.
Como señala Carlos Leiva en su libro “Economía y Política del tercer gobierno de Perón”, el documento Coincidencias programáticas señalaba que “la quiebra de empresas locales y la presencia creciente y dominante del capital extranjero tenían como consecuencia la oligopolización y monopolización de la economía, lo que implicaba el freno al desarrollo del mercado interno y la limitación de la presencia argentina en los mercados internacionales”. De manera explícita todos los sectores políticos (no sólo el gobierno, ni los partidos del futuro frente peronista) coincidían en afirmar que “la inflación y la crisis del Estado resultaban de la orientación global de la política económica que ha acentuado la dependencia externa trabando así las posibilidades de emprender un proceso de auténtico desarrollo autónomo e integral”.
Es decir que, más allá de que en aquel momento existían fuerzas políticas con diferentes ideologías y puntos de vista sobre la realidad y sus cursos de transformación, había una clara coincidencia respecto a las causas del problema económico argentino y del rumbo a seguir. Gracias a la capacidad de conducción de los principales líderes políticos del momento, esas coincidencias pudieron ser expresadas y acordadas, sentando las bases para el programa económico que debía implementarse por el gobierno que ganara las elecciones democráticas a realizarse (que finalmente ocurrieron en marzo de 1973).
Posteriormente, cuando Perón asume su tercera presidencia, en octubre de 1973, encaró la preparación del plan, abriendo una amplia y extensa participación en todo el país, entre los sectores productivos, los trabajadores y los gobiernos locales, de donde surgió una gran cantidad de proyectos de ley, medidas de política económica y disposiciones generales, que se comenzaron a implementar en el año 1974. Nadie, ni los argentinos ni los extranjeros, podían esgrimir incertidumbre respecto a lo que el gobierno haría; estaba escrito, firmado y ratificado en decenas de leyes; se sabía perfectamente a qué interés respondía el Plan.
Nuestra historia confronta de manera contundente con las prácticas actuales de fingir la participación política con discusiones y debates mediatizados superficiales que no van al fondo del problema económico del país, ni persiguen nuestros deseos y aspiraciones. Los diferentes gobiernos siguen decidiendo sobre la vida y el futuro de los argentinos sin respeto a nuestra nacionalidad, subestimando el deseo de participación y obstruyendo las formas de organización popular que son el mecanismo efectivo para que el gobierno tome decisiones afines al deseo del pueblo argentino.
No basta ser gobierno para arrogarse la voluntad popular; la experiencia histórica derriba los caprichos de quien pretende imponer su idea por sobre la realidad.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
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