Santa Fe espera por estos días novedades sobre la instrumentación legal del pago de la deuda de Nación por la detracción de fondos coparticipables , y si bien ya se conoce el monto aproximado y la modalidad de la cancelación, aparece un planteo para que el acuerdo pase nuevamente por el tamiz de la Legislatura. El propio gobernador, Omar Perotti, rechazó de plano esa posibilidad.
El abogado constitucionalista, Domingo Rondina, planteó que de acuerdo a la sentencia de 2015 el pago debería hacerse en efectivo. Sin embargo, el acuerdo entre Nación y provincia es que la deuda se pagará a través de bonos. Para el letrado, esta modificación obliga a que el acuerdo vaya a Legislatura provincial para recibir el visto bueno.
Durante la última sesión legislativa, el presidente del bloque de la UCR en el senado provincial, Lisandro Enrico, había advertido sobre esta situación. La oposición pretende poner el debate a consideración, y desde el bloque peronista todavía no fijaron una postura oficial al respecto.
Hace algunos días el presidente estuvo en la capital provincial junto al gobernador Omar Perotti en el anuncio de obras para la planta potabilizadora, donde aprovechó para dar a conocer un paso más hacia el acuerdo final por la cancelación de dicha deuda.
De hecho Perotti se animó a anticipar que el monto rondará los 150 mil millones de pesos y ratificó que la modalidad de pago será similar a la que el Estado nacional mantuvo con la provincia de San Luis, con quien acordaron un monto casi equivalente a 26 mil millones de pesos a cubrir con cuatro emisiones de bonos.
Consultado este fin de semana sobre la posibilidad de que el acuerdo vuelve a Legislatura, Peroti fue categórico y manifestó: “De ninguna manera, porque lo que hay es un acuerdo para cumplir una sentencia. Lo que vamos a hacer es recibir lo que esa sentencia condena a pagar. Lo que la Corte Suprema de Justicia en su fallo nunca estableció que la forma (de pago) debería ser en efectivo. Lo que ordenaba a las partes era acordar la forma y los plazos”.
El gobernador también aprovechó para adelantar que al regreso de la gira presidencial por Alemania, ambos mandatarios volverán a tomar contacto para rubricar la firma por el acuerdo.
Desde el gobierno provincial aseguran que la provincia tendrá a disposición bonos para la segunda parte de este año y para los años consecutivos, aunque todavía no está el detalle de cuantas emisiones serán en definitiva. Lo que sí surge a partir de la certeza de que el cumplimiento será por medio de bonos, es el planteo sobre su curso administrativo.
Planteo por la forma de pago
En Legislatura ya se discutió y se convirtió en ley el proyecto que establece el destino de esos fondos provenientes de Nación. El texto prioriza obras de gastos corrientes, atiende inversión en políticas de seguridad integral y de hecho algunos municipios ya recibieron adelantos a cuenta del cobro en cuestión.
Así como tuvo lugar esa discusión, el abogado constitucionalista Domingo Rondina, planteó que la forma de pago también debería atravesar el mismo trámite, teniendo en cuenta que en la sentencia de 2015 favorable a Santa Fe, la Corte estableció que el pago debía hacerse en efectivo.
En diálogo con El Ciudadano, Rondina analizó: “Cuando vos hacés un acuerdo de pago en cuotas estás convirtiendo una obligación de pago al contado en una obligación de crédito, estás dando plazos, estás aceptando una promesa. Eso es jurídicamente una operación de crédito, y según la constitución provincial, todas las operaciones de crédito tienen que pasar por legislatura. De lo contrario el gobernador estaría incumpliendo una norma”.
La deuda original tiene que ver con la detracción de fondos coparticipables entre los años 2006 y 2015, con el objetivo de financiar Anses y Afip. El monto inicial era de 23 mil millones de pesos y llegaría a los casi 150 mil millones de los que habla el gobierno provincial por una actualización que tiene en cuenta tasas pasivas del Banco Nación.
El gobierno nacional cumplirá con la promesa de cancelar esa deuda con la provincia, pero claro está que lo hará con sus plazos y a su modo. En ese sentido, Rondina planteó la necesidad de que diputados provinciales homologuen el acuerdo con las modificaciones.
“Hay una ley donde ya se estableció el destino, donde se fija cómo se va a repartir el dinero. Eso demuestra que la legislatura tiene que intervenir. Si intervino para definir el destino, obviamente tiene que intervenir si en vez de recibirlo al contado lo va a recibir en cuotas. Si no es al contado, tiene que intervenir la Legislatura”, sostuvo.
Respecto al trámite judicial, el abogado constitucionalista recordó que estuvo frenado buena parte del gobierno de Mauricio Macri, momento en el que se firmó el pacto fiscal con el ex gobernador Miguel Lifschitz en el año 2017.
La idea en ese momento fue encontrar una salida consensuada, pero el gobierno del entonces mandatario desistió de esa posibilidad y en 2018 retomó la vía judicial.
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