La última propuesta que realizó la Nación para saldar la deuda que mantiene con la provincia de Santa Fe por descuentos indebidos sobre la coparticipación federal no resultó satisfactoria, según señaló el ministro de Economía, Gonzalo Saglione.

El gobierno santafesino espera una respuesta por parte del ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, sobre el mecanismo de actualización de los bonos que planteó el gobernador Miguel Lifschitz en su último encuentro con el funcionario nacional que coordina desde hace algunas semanas el gabinete económico de Mauricio Macri.

En ese encuentro, Dujovne les ofreció a Lifschitz y Saglione saldar la deuda con bonos en pesos del Estado nacional con vencimiento en un plazo mayor a diez años. Ante los pronósticos de inflación, la provincia pretende que en el acuerdo de incluya algún mecanismo para que los bonos no pierdan valor de mercado con el paso de los años.

“La última propuesta no es satisfactoria”, sostuvo el ministro Saglione ante la consulta de El Ciudadano. “Sin un mecanismo de actualización, esos bonos no son convenientes para los intereses de la provincia. Tengamos en cuenta que esta gestión no los va a cobrar, sino que eso ocurrirá en un plazo de diez años o más”.

Tras la reunión del lunes 21 de mayo en Buenos Aires, la Nación tomó el compromiso de verificar el mecanismo que solicita la provincia para que se garantice que los bonos puedan ser actualizados al momento de su vencimiento. “Le pedimos al ministro Dujovne y a su equipo una propuesta concreta de actualización de los bonos, porque así como están nos dejan desprotegidos ante el proceso inflacionario”.

El reclamo

Santa Fe le reclama al gobierno central 54 mil millones de pesos por los descuentos sobre la coparticipación. La Nación está dispuesta a reconocer 31 mil millones, que pagará con bonos y no en efectivo como quería la provincia. Para compensar la diferencia y que Santa Fe acepte la propuesta, el gobierno de Cambiemos “ofreció” financiar obras públicas en territorio santafesino que, de todos modos, son de jurisdicción nacional.

El propio gobernador Lifschitz señaló en ese momento “la necesidad de contar con algún mecanismo de actualización de los bonos para evitar que se devalúen con el paso del tiempo y con los índices inflacionarios que estimamos se van a mantener durante algunos años, más allá de los pronósticos del gobierno nacional”.

“El monto que propone reconocer el gobierno es bajo en relación a las alternativas posibles”, había dicho Lifschitz. La deuda a valores históricos asciende a 23 mil millones de pesos, la actualización más baja posible es de 31 mil millones y los montos más altos, tras la última corrida cambiaria, pueden ubicarse en torno a los 70 mil millones.

“Nosotros habíamos elegido una tasa razonable, que es la que habitualmente se utiliza en este tipo de controversias, la tasa activa del Banco Nación”, explicó en aquella ocasión el mandatario santafesino. “Con esa tasa la actualización nos da arriba a de 54 mil millones. Pero nos están ofreciendo el mínimo: 31 mil millones. Y como compensación nos garantizan un volumen de obras muy importantes que, si se ejecutaran en los próximos tres años, serían como una garantía para la provincia”.

Propuesta insuficiente

Al ministro Saglione no le convence mucho la “propuesta” de la Nación de cubrir la diferencia con obras públicas, sobre todo porque se da en el marco de un fuerte ajuste –anunciado por el propio Dujovne– en el presupuesto nacional. Dos semanas atrás, el funcionario del gobierno de Macri anunció una poda de 30 mil millones de pesos en ese concepto.

Según Saglione, primero se debe resolver la actualización de los bonos y recién después comenzar la discusión por el financiamiento de las obras públicas. “Las obras no son en concepto de pago de la deuda, sino que es un mecanismo que pensó la Nación para que aceptemos la oferta”.

En 2017, el gobierno central invirtió 1.600 millones de pesos en obras públicas en territorio santafesino; en el mismo lapso, la provincia destinó 19.400 millones de pesos entre obras y equipamiento. La “propuesta” de compensación implica una inversión nacional de 15 mil millones de pesos por año durante los próximos en tres años. “Diez veces más que el año pasado”, graficó el ministro de Economía.

Punto de partida

Entre 2006 y 2015 la Nación le descontó a Santa Fe el 15% de la coparticipación federal para financiar la Ansés y el 1,9% para la Afip. La provincia inició un reclamo judicial en 2009 y la Corte Suprema de la Nación falló a favor de Santa Fe en noviembre de 2015.

Ese fallo le ordenó a la Nación cesar con los descuentos, lo cual ocurrió a partir de diciembre de 2015. Además, ordenó la devolución de la deuda acumulada durante esa década y estableció un plazo de 120 días para que ambos gobiernos negocien el monto y la forma de pago. Ese plazo no se cumplió, del mismo modo que el plazo firmado en el Pacto Fiscal que indicaba que debía haber acuerdo antes del 31 de marzo de este año.

A valores históricos, la deuda es de 23.479 millones de pesos: 18.835 millones que fueron retenidos para la Anses y 4.644 millones para el Fondo de Autarquía de la Afip. La provincia actualizó tres veces ese monto: en julio de 2017, lo fijó en 49.480 millones; en octubre del mismo año, poco antes de la firma del Pacto Fiscal, hizo una segunda actualización del monto en 51.280 millones de pesos; y en marzo de 2018 lo fijó en 54 mil millones de pesos.