Ciudad, Policiales

Fraudes granarios y financieros

Detuvieron a dos máximos directivos de la agrofinanciera Guardati y Torti imputados por estafas

Los dos procedimientos fueron en Corrientes y el río y en Mitre y Salta. Ambos, en domicilios de altos directivos de la firma que quedaron detenidos hasta una audiencia imputativa prevista para este jueves. La causa tiene como imputado a todo el directorio por irregularidades varias


Este miércoles durante la mañana personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevó adelante dos allanamientos en domicilios vinculados a directivos de la empresa Guardati y Torti, que incluye a una financiera y una corredora de cereales y está investigada por delitos económicos como estafas a ahorristas, fraudes y manipulación de balances contables. Al cabo de los operativos, quedaron detenidos preventivamente dos altos directivos de la sociedad, cuyos apellidos les dan el nombre comercial.

Uno de los procedimientos fue en un edificio de Salta al 100, el otro en Mitre al 1300. Ambos domicilios corresponden a viviendas habitadas por los directivos Juan Carlos Guardati y Ángel Alberto Torti, respectivamente. En los dos casos secuestraron documentación y celulares, a requerimiento de la justicia. Y los ejecutivos quedaron detenidos hasta, en principio, la audiencia imputativa prevista para este jueves a las 11 en el Centro de Justicia Penal Rosario.

El jefe de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos y Complejos Sebastián Narvaja, ordenó los procedimientos con el objetivo de colectar material de interés para la causa en la que se indagan defraudaciones a 158 ahorristas y otras en el nicho de negocios del corretaje granario. El martes último, también allanaron una escribanía en el primer piso de la Galería del Rosario, donde se secuestró documentación de la firma, entre la que se cuentan certificaciones.

Desde la declaración de default en 2020, Guardati y Torti comenzó a trascender más en el ámbito judicial que en el financiero comercial.
En marzo de 2021, ocho directivos y el síndico de la firma fueron imputados por administración fraudulenta, luego de que se los acusara de elaborar y publicar balances falsos.

En ese momento, unos cuarenta ahorristas denunciaron que les habían vaciado dinero de sus cuentas. La presunción fue que la rama financiera-bursátil de la firma lo había hecho para tapar el déficit financiero de su unidad de negocios como corredora de cereales, que había sido golpeada por el derrumbe de la agroexportadora Vicentin.

Entre los directivos imputados se encuentran: Susana Margarita Alesandrini, Alejandro Damian Giacomino, Juan Carlos Guardati, Juan Martín Guardati, Natalia Susana Guardati, Noemí Alicia Ponte, Gustavo Ricardo Rossi, Angel Alberto Torti y Laura Marcela Torti.

Más acá en el tiempo, en diciembre de 2021, el directorio fue objeto de una segunda imputación por defraudación a inversores. La cantidad de víctimas se amplió a 156 y los daños económicos se contabilizaban en 6.768.645 pesos y 1.152.151 dólares.

El directorio de Guardati y Torti recibió nueva imputación por otra millonaria estafa a empresario

La tercera imputación se conoció hace 15 días, luego de que una empresa de transporte acusara a la firma de haberle vaciado 19 millones de pesos de su cuenta comitente.

Todos los miembros del directorio fueron imputados por estafa y de esa manera acumularon la tercera imputación en poco más de un año. La diferencia es que en los casos anteriores, las demandas habían sido de grupos numerosos de acreedores. En este caso se trata solo de uno, que reclama el monto mencionado.

En esta oportunidad, además, se dio el agravante de que ante el reclamo, la firma prometió respaldar el faltante de dinero con un cheque a 30 días. Cuando el damnificado fue a cobrarlo, se encontró con que no tenía fondos. La presunción es que desde GyT sabían que eso iba a suceder pero lo hicieron con el objetivo de ganar tiempo.

La querella del damnificado pidió una caución por 30 millones de dólares, monto que consideraron al día de hoy equivalente al de la deuda de ese momento. En ese sentido, el juez Hernán Postma decidió el embargo de una propiedad de unos de los imputados para cubrir el monto.

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