La Justicia santafesina confirmó que serán destruidas unas 20 mil autopartes valuadas en 60 millones de pesos que fueron incautados en allanamientos de agosto pasado por fuerzas federales. Eran vendidas en unos 23 locales del sur de Santa Fe (la mayoría en Rosario) de manera irregular, sin la documentación reglamentaria. La Fiscalía y el Ministerio de Seguridad nacional, encargados de los procedimientos con clausura de locales incluidos, coordinarán en los próximos días ingresar las autopartes al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores.
Asimismo la Cámara de Apelaciones determinó revocar la medida cautelar que ordenaba levantar la clausura de los desarmaderos donde se vendían piezas ilegales.
Según contó a El Ciudadano el fiscal Sebastián Narvaja, el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe solicitó la destrucción de las más de 20 mil autopartes secuestradas que se vendían en condiciones irregulares respecto a la actual ley.
Consultado por la disposición final de esa mercadería, Narvaja explicó que se informó a la cartera de seguridad nacional, que dispuso de manera inmediata medidas operativas para facilitar la destrucción de los autopartes a través del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores. “Es un dispositivo dependiente del Poder Ejecutivo para facilitar la compactación de autopartes que están fuera de regla. Primero se descontaminan las piezas y luego se destruyen. Los encargados son empresas privadas con las que tiene convenios la Nación”, detalló el fiscal.
Por otro lado, el funcionario judicial celebró que la Cámara de Apelaciones haya dejado sin efecto la medida cautelar impuesta por el juez José Luis Suárez, mediante la cual se levantaba la clausura de los 23 desarmaderos que fueron allanados durante el operativo de las fuerzas federales en agosto pasado.
“Nosotros presentamos la apelación y fue concedida con efectos suspensivos, lo que a los efectos prácticos significa que hasta que resolvía el tribunal superior se mantenía la clausura que se había dispuesto originariamente. La decisión del tribunal superior es muy importante en este sentido”, valoró Narvaja, quien luego indicó: “Algunos de los dueños de desarmaderos pidieron que se les levantara la clausura y se volviera atrás con el secuestro de las piezas.
Operativo en detalle
El 20 de agosto pasado, uniformados de fuerzas federales realizaron un operativo en 23 comercios de autopartes en Rosario, San Lorenzo, Granadero Baigorria, Piñero y Pérez.
El secretario de Seguridad de la Nación, el ministro de Seguridad provincial y el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos informaron ese día que en los procedimientos se incautaron más de 20 mil autopartes cuyo valor en el mercado equivaldría a los 60 millones de pesos.
De acuerdo al relato del secretario de Seguridad, Sergio Berni, las tareas de inteligencia comenzaron meses atrás y estuvieron a cargo del personal de la Dirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos y Comercialización de Autopartes, que depende del Ministerio de Seguridad, en cinco ciudades santafesinas.
El objetivo fue controlar negocios dedicados al desguace y la compraventa de autopartes. Una vez que las fuerzas federales y de la Policía provincial obtuvieron un registro de los comercios que estaban en infracción con la ley 25.761 –encargada de regular el mercado de la venta y desguace de repuestos– informaron los avances de la investigación al fiscal Narvaja, quien solicitó a la jueza Raquel Cosgaya órdenes de allanamiento para 23 locales.
En esa oportunidad, Berni remarcó el valor de estos procedimientos debido a la estrecha vinculación que posee el mercado de autopartes ilegal con los delitos relacionados al robo de vehículos.
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