Agustín Aranda
Diógenes Chapelet salió al patio buscando un viento para calmar el calor dominguero que apretaba a Marcelino Escalada, una comuna de 1.800 habitantes a media hora de San Justo en el norte santafesino. Pasada la hora del mate el jubilado miraba hacia la ruta nacional 11 y sintió un rocío en la cara. Olió veneno. Esa noche de verano, Chapelet, su esposa Sonia y sus hijos durmieron mal, y amanecieron con dolor de garganta. Él se levantó y fue a buscar a Baltazar, el caballo que cuidaba para mantenerse ocupado. Lo llevó a tomar agua y volvió con los pies mojados. El 5 de enero de 2018, un mes y tres días más tarde, Chapelet murió. Antes había recorrido hospitales y clínicas para aliviar problemas en los pulmones, alergias y heridas en los órganos y la piel.
El año pasado el fiscal Guillermo Persello entregó al médico Damián Verseñassi, referente nacional sobre los efectos de agrotóxicos en la salud, una carpeta. Era la historia clínica de Chapelet. Le pidió saber si la muerte podía atarse a una fumigación de un campo vecino. Según denunciaron los familiares de Chapelet, esa tarde el presidente comunal de Marcelino Escalada, José Faletto, manejaba un mosquito y liberó litros de químicos sobre los cultivos de trigo pegado a la casa del jubilado. Si comprueban que los químicos tuvieron que ver deberán levantar muestras de suelo y agua de la zona. Después podrán imputar de homicidio culposo a quien fue reelecto por la comuna un mes antes del incidente.
Chapelet vivía en una de las cuatro casas del paraje que está a tres kilómetros del centro de Marcelino Escalada. Junto a otras dos escuelas rurales es de las pocas estructuras con movimiento de personas por fuera del área urbana. La tarde del 5 de noviembre, cuando Chapelet sintió el veneno en su cara, no fue la única vez que estuvo expuesto a los agrotóxicos. Al menos según la denuncia penal que hizo su esposa Sonia y cuatro hijos de sus ocho hijos, hoy querellantes en la causa. Exactamente un mes después del primer incidente la casa de Chapelet el rocío del veneno llegó, pero esta vez desde otro campo vecino. El 5 de diciembre a las 15, siempre según la denuncia a la accedió El Ciudadano, Marcelo R., otro de los colonos de Marcelino Escalada, fumigó al lado de las casas de los Chapelet. Su esposa lo denunció en la Policía. Cinco días antes de Navidad un grupo de vecinos convocaron a una charla con ambientalistas en el Samco del pueblo. Chapelet murió ocho días después de Año Nuevo.
“Antes de morir mi papá nos pidió que hiciéramos todo lo posible para que nadie sufra más lo que él sufrió los días que estuvo envenenado”, dijo uno de sus hijos, Sergio Chapelet en una entrevista a Annur TV. Menos de dos meses después de la muerte del jubilado la comuna aprobó la ordenanza N°658 para controlar cómo hacer las fumigaciones. Al igual que en Sastre y otros pueblos los productores agrícolas resistieron la idea, pero la votación no les dejó otra alternativa que aceptar las nuevas condiciones. Parecido a lo que ya rige por la ley 11.273 de 1995 la comuna definió que los mosquitos pueden usarse para aplicar agroquímicos de bandera azul y amarilla entre los 500 a 1.500 metros desde el área urbana. El detalle estuvo en que consideraron área urbana a los parajes, caseríos y poblados de 4 o más viviendas o escuelas rurales, como el caso del lugar donde viven los Chapelet.
Definieron que son obligatorias las mangas de viento donde se manipulen productos fitosanitarios para saber para donde sopla. También tienen que sacar un permiso antes de fumigar. Lo expide la autoridad de aplicación, el presidente comunal. Otra de las restricciones son los mosquitos no pueden entrar al área urbana, que debe haber un registro de pulverizadores matriculados y que los envases de productos deben ser lavados por fuera y por dentro en cubas o piletas para después destruirse, como define la ley de residuos peligrosos.
“Fue un desastre. Antes era un descontrol. Tuvimos que hacer muchas denuncias. La Policía fue un aliado importante para que se cumpla la ordenanza”, explicó Sergio, el hijo de Chapelet a <El Ciudadano<. En pocos meses de la puesta en marcha de la ordenanza, Sergio notó un cambio en su familia que vivía en la casa pegada a la de su padre. Fue en su salud. Distinto a años atrás no necesitaron las tres inyecciones de penicilina para sacudirse las infecciones que les tomaban los pulmones. No les aparecieron llagas adentro de la boca. “Los árboles tienen un verde que no veía desde mi infancia. Cambió todo para mejor. Mi viejo no podía tener frutales, una huerta y las ovejas se quedaban sin pasto rápido. Cuando él crió chanchos la mayoría terminaban abortando antes de dar a luz”, contó.
El nombre Chapelet estuvo bordado en la bandera de la Multisectorial de Pueblos Fumigados de Santa Fe que fue desplegada en las escalinatas de la Legislatura el año pasado cuando perdió estado parlamentario el último proyecto de reforma de la ley 11.273. Un grupo de diputados empujados por vecinos y vecinas de distintas localidades querían más restricciones a las fumigaciones y mejores controles. “Son situaciones dramáticas que se repiten en todos los pueblos, donde las personas son expuestas a prácticas irresponsables y sin control del Estado. Generan un enorme daño ambiental –las inundaciones por los suelos dedicados a la siembra directa– y el daño a los alimentos que consumimos todos los días en Santa Fe”, explicó a este medio, el abogado de la causa Chapelet, Rafael Colombo. “Son consecuencia de la concentración de tierra y el desplazamiento de pequeños productores alternativos y originarios”, agregó.
Además del control, los grupos ambientalistas intentan que la provincia vaya hacia un modo de producción menos dependiente de los químicos y más de las técnicas de la agroecología. Para Sergio, el hijo de Chapelet, no se trata de una guerra con los colonos que producen. “Son nuestros vecinos y vecinas. Queremos que puedan producir sin matarnos”, dijo.
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