Graciana Petrone
Casi un centenar de trabajadores de la Comisión Nacional de Pensiones -organismo que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad que está bajo la órbita de la vicepresidenta Gabriela Michetti, se enteraron este lunes de una ola de despidos en distintas oficinas del país, entre ellas del Centro de Atención Local (CAL) de Rosario.
Son cerca de 70 trabajadores que no pudieron ingresar a sus lugares de trabajo como lo hacen todos los días, ya que en la sede central en Buenos Aires hubo varias patrullas de la Policía Federal con un listado en mano de los despedidos y los agentes le impidieron el paso.
En Rosario la decisión del gobierno nacional afectó a dos empleados: Lautaro Sarmiento que trabaja hace 15 años y Javier Elola, ambos del CAL que funciona en San Lorenzo 1045.
Desde la junta interna de la Comisión de Pensiones decidieron estar en asamblea permanente y realizaron un paro activo este martes.
Según contó la delegada de Pensiones, Alicia Escudero, “este mediodía habrá una reunión con las autoridades para ver cuál es la situación pero mientras tanto decidimos llevar adelante el estado de asamblea permanente, manteniendo la exigencia de la reincorporación”.
“La mayoría de los trabajadores estamos precarizados. El grueso tenemos un mínimo 15 años de antigüedad y seguimos firmando contratos. Es una situación en las que legalmente tienen todas a su favor ya que el contrato puede ser despedido en cualquier momento. El caso de Lautaro es todavía más perverso porque él se presentó recientemente a un concurso de planta permanente, pasó la parte escrita, fue citado el día viernes para la entrevista final, le dijeron bienvenido a planta permanente y este lunes estaba incluido en un listado”, contó la delegada a El Ciudadano.
Con respecto a la precarización, Escudero consideró que “este tipo de contrato les sirve a las autoridades para despedirte en cualquier momento, sin ningún problema”.
Entre renuncia y despidos
De acuerdo a lo que refirió escudero, ,el presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad, Javier Urreta Sáenz Peña, presentó la renuncia este viernes antes que se conociera la lista con los 70 despedidos y que la reunión que mantendrán ya no será con el ex titular del organismo, sino con la persona que quedó a cargo del área de Pensiones, Alejandro Parsano.
“Hay cerca de 850 trabajadores en esta situación y hay despidos por goteo. Dos en Rosario, cuatro en Córdoba, los mismo en Jujuy, tres en Tierra del Fuego, uno en entre Ríos y demás”, agregó la delegada.
Alerta también para beneficiarios
“Sabemos que es una realidad que está ocurriendo con todos los programas nacionales, no solamente el de Pensiones, todos los que dependían de Nación están inactivos o cerrados. Nosotros compartimos las instalaciones con otras áreas del Ministerio de Desarrollo Social como ayudas urgentes, talleres familiares, microemrpendimientos y medicación oncológica, entre otros, están todos cerrados por lo que estos compañeros están prácticamente sin funciones y se constituye en una antesala de futuros despidos”, aseguró.
En cuanto a la metodología de que sea la Policía la que lleve los listados de personas despedidas e impedir que ingreses a sus lugares de trabajo, Escudero consideró que es un mecanismo que se está imponiendo como en todos los conflictos que se están desarrollando a nivel nacional con los trabajadores que dependen del Estado.
“El programa de Pensiones, que es una necesidad, va prácticamente a desaparecer si continúan con esa política. Estos despidos son el corolario de un proceso de desguace. Por eso llamamos a los beneficiarios y a las organizaciones de discapacidad”, dijo.
“Vamos a ir a fondo por la reincorporación de los compañeros pero lo más grave y es lo que la gente tiene que saber, que está en discusión la desaparición de las políticas sociales. Un programa de Pensiones que ha dado respuestas por más de 20 años a todo un sector de la población de personas en situación de vulnerabilidad que requiere de ese programa, va prácticamente a desaparecer si se continúan con esas políticas”, añadió la delegada.
Finalmente, escudero hizo un llamado a todos los beneficiarios del programa, a organizaciones de Discapacidad y a familiares de personas con discapacidad para que acompañen el reclamo. “Hoy tenemos 100 mil trámites que están a la espera de su resolución que estaban prontos a salir y que fueron retrocedidos en su evaluación. Todos estamos en esa situación, y tenemos la atención directa con la gente. Como trabajadores ponemos lo mejor de cada uno para brindarles la mejor atención posible. Es imposible que uno no termine preocupándose cuando la gente viene a preguntar cómo está su trámite y no tenemos respuesta para darles y se ponen a llorar, es una situación muy violenta”, concluyó.
