El Gobierno nacional anunció el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar. El vocero, Manuel Adorni, aseguró este martes que esto implicará un ahorro de 9.000 millones de pesos al Estado, sin exponer sobre las funciones que esos organismos cumplían ni su relevancia social en términos de economía de pequeña escala, modelos no hegem{onicos de producción y soberanía alimentaria.
En conferencia de prensa, el vocero presidencial confirmó que el Ministerio de Economía avanza en el desmantelamiento de esos dos organismos públicos que, en rigor, estaban ahora bajo la órbita de Capital Humano. “De tener 964 empleados se va a transformar en una dirección de 60, suponiendo un ahorro de 9.000 millones de pesps para el Estado”, justificó.
Adorni no se remitió a pruebas ni denuncias, pero alegó que tras una revisión de datos por parte del Gobierno se detectaron irregularidades: “Además de eso tenía 160 delegaciones, cada 3 empleados había un delegado. Había 204 vehículos y 85% (de su presupuesto) era para pagar sueldos, básicamente una agencia de empleo político”, arengó sobre el cierre.
El portavoz de la presidencia también aseguró que a través de esas dependencias “se transferían fondos discrecionales”. Como agregado contrafáctico, añadió que ante la decisión recién anunciada no habían recepcionado reclamos de entidades agrarias y concluyó bajo esa premisa: “Así que no estaba cumpliendo con la esencia para la cual había sido creado”. Adorni sobreactuó la comunicación de la medida acusando a los trabajadores que serán despedidos de ser “militantes de la política”.
El apoyo estatal a la agricultura familiar buscaba alentar formas de asociativismo, de potenciar líneas de comercialización de los productos que hacen los agricultores familiares y de visibilizar nuevos procesos productivos. Son tópicos que no están en el radar de atención del Ejecutivo que comanda el libertario Javier Milei.
La solución oficial al mentado mal manejo de las dos áreas, como ocurrió con otras dependencias, no es mejorarlas y jerarquizarlas sino darlas de baja. En este caso, el Estado es despojado de un espacio para generar políticas específicas en un conglomerado agropecuario en la que Argentina reconoce numerosas comunidades de pequeños minifundistas y campesinos.
Agricultura Familiar nació en los 90, como una contención a los estragos de una desregulación económica hoy de nuevo en marcha en el tejido social agropecuario, empujando al desplazamiento de muchas familias rurales. Primero fue el Programa Social Agropecuario (PSA) durante la gestión del entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá. Y luego como área específica dentro de Agricultura, Ganadería y Pesca, que osciló entre Secretaría y Ministerio.
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