Cuando la organización económica de un país no está orientada al bienestar de las personas y a la realización de su comunidad, las decisiones que se toman, por más bien intencionadas que sean, terminan agudizando la injusticia social inicial.
Los ejemplos son numerosos, pero la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), celebrado durante el actual gobierno del Frente de Todos, puede ser tomada como un hecho formal por demás representativo. Sin propuesta de cambio sustancial en la organización económica del país, la decisiones en materia de política económica están subordinadas a las condiciones impuestas por el organismo internacional, que, como se sabe, no tiene como objetivo el bienestar de los argentinos y la realización de nuestra comunidad, sino el sostenimiento de la posición periférica y colonial de la Argentina en beneficio del poder económico trasnacional.
Sometidos a este “acuerdo”, el futuro de la economía argentina no tiene rumbo de solución. Este es un hecho inexorable, que supera cualquier debate ideológico. Los desequilibrios persistentes que registra nuestra economía y la incertidumbre sobre la dinámica de los precios, es un claro indicador de que no hay perspectiva de continuidad alguna. De hecho, dentro del propio Frente de Todos han surgido las principales críticas a la política económica, las que se suman a las inconsistencias de un gobierno que ganó las elecciones con una idea de cambio, que en la práctica no se realizó. Desde la firma del acuerdo, el gabinete económico sólo tiene por objetivo político llegar al final de su mandato; tan grave es la situación que, para la coalición oficialista, quien logre este objetivo se transforma en el candidato natural para competir en la próxima elección a presidente de la nación.
Un caso particular que refleja los desincentivos que se generan por el desorden económico, es el impacto del impuesto a las ganancias sobre el trabajo. Para tomar un caso concreto y actual, peligra la actividad petroquímica local por los desincentivos que genera la mala aplicación de este impuesto, a pesar de que conceptualmente y bien utilizado es un efectivo y progresivo mecanismo de recaudación y orientación económica.
Los trabajadores del sector petroquímico del cordón industrial del Gran Rosario están poniendo en alerta a empresarios y funcionarios del gobierno, porque los trabajadores optan por no realizar más horas extraordinarias a su jornada laboral debido al descuento que están sufriendo en sus “horas extras”. Esto es lógico, ya que al aplicar las deducciones por ley, un trabajador termina ganando menos trabajando más. Sí, parece ilógico, pero es real; se trata de un clarísimo ejemplo de desincentivo económico. De continuar gravando las horas extras, y al no contar con los operarios necesarios para la normal y segura operación de la planta, el impacto final de esta medida podría ser también la caída en la producción industrial del único productor nacional de caucho y estireno.
Representantes de los trabajadores vienen alertando sobre el efecto que está generando el Impuesto a las Ganancias expresando que “este impuesto no solo perjudica el poder adquisitivo de los trabajadores sino que atenta contra la productividad de la industria nacional, haciendo que los trabajadores de mayor calificación, mayores responsabilidades y mejores ingresos se los castigue pagando de antemano lo mismo que una gran empresa, Banco o Multinacional. Este impuesto aplicado tal como está hoy, lejos de ser justo, proporcionado y equitativo, perjudica a los trabajadores, deteriora la producción de la industria nacional y alienta la evasión”.
Asumiendo la posición de mero ejecutor del programa del FMI, el Estado (en sus diferentes niveles y poderes) abandona su rol central e indelegable en la organización de la economía nacional. Esto genera incertidumbre y zozobra, ya que por más que algunos sigan insistiendo con la desaparición del Estado, en todo el mundo es éste el único que puede garantizar que la economía de mercado (en sus diversos matices y cualidades) tienda al bienestar de las personas y no colisione con los objetivos políticos de la Nación. Por supuesto, y vale la aclaración, estamos hablando de un Estado capaz y sometido a los deseos y aspiraciones del pueblo, no al que responde genuflexo a los poderes de dominación…
En este caos infligido por la incapacidad, complicidad o ignorancia de la dirigencia, existen poderes (generalmente foráneos) que se benefician política y económicamente. De hecho, buena parte de la inacción de los gobiernos en situaciones evidentes, surgen por la connivencia entre funcionarios y empresarios, en perjuicio de la Patria y los argentinos. Estos circuitos se desarrollan fácilmente en las sombras del poder; allí donde no llega la luz de la verdad, la participación política y el amor para la Patria.
Pero no todo es oscuridad. Existen políticos, empresarios y trabajadores que enfrentan esta situación y lo hacen en el día a día de sus responsabilidades, dando muestras de que es posible otra cosa. A través de las asambleas, los trabajadores vienen proponiendo alternativas y remarcando que es insoportable e inaceptable que el gobierno mire para otro lado. Por su parte, a las empresas ya no les sirve especular con que son simples “agentes de retención”, puesto que de no encontrar una pronta solución al tema, se quedarán indefectiblemente sin mano de obra calificada para sus industrias.
El problema de la economía argentina tiene una faceta política central. No hay rumbo de solución si el pueblo libremente organizado no logra establecer un gobierno centralizado con autoridad que lleve adelante un proyecto nacional que abarque a todos los argentinos. En este sentido todos tiene algo para aportar: los trabajadores organizados, las empresas y sus gremios, el estado en sus diferentes niveles y el pueblo libremente organizado. No es una utopía, es la propuesta de solución que necesitamos adoptar.
Esteban Guida/ Fundación Pueblos del Sur
fundacion@pueblosdelsur.org
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