Por: Guillermo Correa
“Es verdad que hoy vivimos bajo el riesgo de la soja en el sur provincial: con 30 días de trabajo al año, medio empleado cada 100 hectáreas y riesgo prácticamente cero con inversión asegurada, contra tener que hacer una hectárea cubierta de hortalizas, con el trabajo que eso significa… Si me pongo en el lugar del productor, lo termino entendiendo”, admite el director provincial de Desarrollo Territorial del Ministerio de la Producción, Mauro Casella. El funcionario, que viajó a Uruguay con la comitiva que integró la muestra “Santa Fe Expone” a mediados de diciembre pasado, reconoció que el “paisito” logró vincular con eficacia a sus pequeños productores con el mercado, mientras que en Santa Fe “10.000 productores han dejado de serlo” en los últimos años. El fenómeno, que literalmente transformó la economía y la tierra de la provincia, está cumpliendo exactamente una década y media: fue en el verano de 1996 cuando el entonces secretario de Agricultura de la Nación, Felipe Solá, dio curso favorable al expediente para incluir la soja transgénica entre los cultivos del país. “Creo que el Estado tiene que incidir ahí como para empezar a buscar equilibrar esa cuestión”, dice Casella. Y remarca que ése no es el único problema que soporta Santa Fe: la reacción en cadena que siguió a la redestinación de tierras para agricultura intensiva minó también los cinturones frutihortícolas y empujó hacia zonas marginales otras cadenas de producción. Frente a ello, el área que integra puso en marcha un plan que lleva seis meses, cuyo primer objetivo es “garantizar la supervivencia de lo que hoy está” antes de que sea demasiado tarde.
“El Censo Agropecuario nos da que tenemos, en términos de pequeños productores, unos 17 mil en toda la provincia. Pero de ellos, unos 10 mil o han arrendado y viven de renta, o se han pasado a la agricultura intensiva. Sólo unos 7.000 están haciendo una producción que no es commodity, y de ellos pudimos trabajar en algún momento del programa con unos 2 mil. Es decir: tenemos una brecha importante todavía. Y sin contar aquellos emprendimientos que no están vinculados a la tierra y que solamente hacen elaboración de alguna manufactura, de los cuales hoy tenemos relevados unos 1.300 en toda la provincia”.
—¿Han desaparecido cadenas agroalimentarias en Santa Fe?
—La cadena frutihortícola está inmersa en un fuerte proceso de destrucción que ha llevado a los productores a una informalidad total, y a que los núcleos institucionales de esa cadena hayan quedado anclados en un paradigma anterior. Hoy el problema parece que pasara solamente por el tema mano de obra, el Renatre o el Uatre (trabajadores rurales) y el problema de fondo tiene que ver con las posibilidades reales y la rentabilidad real. Hoy el cordón de Rosario y Santa Fe está fuertemente presionado por la soja. Y hacer una política como hizo San Genaro, de exclusión de fumigaciones, y ahí insertar un cordón hortícola es mucho más innovador que tratar de mantener los viejos cordones, que están sometidos a la presión de la soja y a la inmobiliaria. Y además a la competencia externa de Buenos Aires. —¿Piensan que el retroceso de productores ha tenido impacto en los precios al consumidor?
—Estoy convencido de que sí. Que el 70 por ciento de las frutas y verduras de Santa Fe vengan de afuera de la provincia en algún grado impacta. Pero no creo que sea un problema de producción, sino de comercialización: hay que encarar de formas más innovadoras los aspectos de comercialización. Por ejemplo, volver a los mercados de abastecimiento regional. Los mercados de abasto locales, de acuerdo a la dinámica de cada ciudad, pueden ser una herramienta muy interesante a la hora de diversificar la producción y de que el productor encuentre una cadena corta para vincularse con el cliente, en lugar del clásico mercado concentrador, que ha llevado a que el productor sea más un fletero que lleva y trae verdura, por ejemplo.
—Frente a ello pusieron en marcha un programa…
—Sí, se llama Programa de Desarrollo Rural. Tiene un desarrollo fuerte de seis meses, y tenemos líneas previstas para articular con otros sectores, como la Dirección de Pueblos Originarios que depende del Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. Nosotros estamos trabajando por un lado con municipios y comunas, y por otro con una red de unas 25 instituciones. Lo novedoso es que vamos a hacer un convenio con el Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) para aunar trabajo. El Inta hace cuatro años cambió sus objetivos en función de pasar de una concepción productivista a una concepción de desarrollo, y a nosotros eso nos beneficia mucho porque incorporamos muchos técnicos a esta red. Son más de cien y ya están trabajando con productores: nosotros vamos a sumarnos a esos procesos.
—¿Cómo se implementa el plan?
—La idea nuestra es establecer una línea base igualitaria y a partir de ahí establecer las diferenciaciones: comercio justo, orgánicos, etcétera. Lo que pasa es que acá tenemos tanto no relevado y tanto de economía sumergida que la línea pasa por cómo establecer el escalón más bajo, y de ahí comenzar a trabajar, en lugar empezar por una política de diferenciación, como puede ser agroecología o recuperación del arroz biodinámico como se hace en San Javier, que de igual modo son productores que tenemos incorporados. Pero pensamos en eso como un plus para agregar a esta base, no como un programa específico que termine excluyendo a la base.
—Déme un ejemplo…
—Una de las instituciones que están dentro de la red es Fundapaz. Con ellos estamos trabajando en una articulación que atienda la ley de Bosques, sobre pequeños ganaderos de la Cuña Boscosa del norte de la provincia: un proyecto con alrededor de 15 ganaderos de manejo silvopastoril. Estamos haciendo una prueba piloto que es fácilmente replicable. Pero hay mucho por hacer: hay zonas que carecen de capacidades institucionales privadas, estatales locales y estatales provinciales. Creo que una fuerte presencia es el gran desafío que tenemos como Estado, y este programa no está exento de eso. Queremos tener una llegada real a todos los territorios: en los lugares donde hay densidad institucional no hay problema, pero en los que no hay instituciones ni el Inta ni Fundapaz ni el municipio tiene capacidad de gestión, estamos complicados.
—¿La idea es recuperar cadenas?
—Nosotros brindamos asistencia técnica y capacitación, constituimos lo que se llaman Mesas de Desarrollo Rural desde donde avanzamos en gestión de la empresa agropecuaria, aspectos bromatológicos y sanitarios, soberanía alimentaria regional y demás. Se apunta a las cadenas que están presentes en la provincia, y se procura agregar valor en origen. Uno de los problemas que tenemos es la faena clandestina: hoy, cuando alguien quiere comprar un chivo, por ejemplo, sabe quién lo carnea y va a comprárselo. Y para bien, para mal o para más o menos, ha habido claramente una política de concentración de toda la industria frigorífica. Se hizo con vistas a la exportación, con una política de calidad excelente –y esto ha ayudado a la provincia en términos de producto y demás– pero a la hora de comercializar carnes al interior es una falencia que tenemos.
—En Rosario esa dificultad tienen los criadores de conejos de Economía Solidaria…
—Lo que ocurre con los conejos en Rosario se reproduce en toda la provincia en corderos, en cerdos, en chivos y en cabritos en el norte. Para ello, con la Agencia de Seguridad Alimentaria de la provincia hemos diseñado lo que son las “unidades de faena de pequeños animales” o faenas múltiples. Son unidades habilitadas para tránsito provincial –apuntamos fundamentalmente al mercado interno– y ya las estamos implementando: tres unidades con financiamiento provincial en el norte, que es el lugar donde más se da el problema de la faena clandestina, y tres en el centro-sur: el más cercano a Rosario es el de Máximo Paz , después Rufino y la idea es hacer algo en Chañar Ladeado para la cadena porcina.
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