Ezequiel Nieva
La tensión entre el oficialismo y la oposición no cede. A los debates por la Ley de Necesidad Pública, el estado de las cuentas públicas y la seguridad, ahora se sumó un nuevo capítulo: la conformación de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura, que es la encargada de estudiar las designaciones de jueces, fiscales, defensores y funcionarios de entes estatales como el Enress, el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Público y la Zona Franca Santafesina.
El último episodio tuvo lugar en la Cámara de Diputados. Allí el Frente Progresista, que tiene la mayoría de 28 bancas sobre un total de 50, impuso su criterio para designar a cinco integrantes de la comisión: los socialistas Pablo Farías y Lionella Cattalini, los radicales Maximiliano Pullaro y Fabián Bastía y el demoprogresista Gabriel Real. La Comisión Bicameral de Acuerdos tiene 12 integrantes (cuatro senadores y ocho diputados) cuyos mandatos duran los cuatro años de la composición legislativa. El Senado ya había designado en diciembre a sus representantes: allí tiene mayoría el PJ y por esa fuerza fueron elegidos Alcides Calvo, Joaquín Gramajo y Rubén Pirola, mientras que Lisandro Enrico (UCR) ocupa la cuarta silla.
La designación de los ocho diputados estaba demorada desde el recambio de autoridades, en diciembre. Se terminó de concretar el último jueves, en forma parcial, ya que el justicialismo decidió no nombrar ningún integrante en disconformidad con la decisión del bloque mayoritario del Frente Progresista que propuso (y consiguió) quedarse con cinco de los ocho lugares asignados para la Cámara baja.
El tema se discutió en la reunión de Labor Parlamentaria, antes de la última sesión. Allí el Frente Progresista propuso una distribución 5-1-1-1, es decir cinco lugares para el Frente Progresista y uno para cada uno de los espacios que lo siguen en cantidad de representantes: el PJ (que tiene siete bancas), el bloque religioso Somos Vida y Familia (seis) y Cambiemos (cinco).
Para el PJ, más allá la actual composición numérica de la Cámara, debió tenerse en cuenta su condición de oficialismo a nivel provincial. Sus representantes pretendían que la distribución fuera 4-2-1-1: cuatro lugares para el Frente Progresista, dos para el PJ y los dos restantes para Cambiemos y Somos Vida y Familia. “Lo más lógico era que el bloque del oficialismo tenga dos representantes en lugar de uno”, argumentó el diputado justicialista Leandro Busatto en diálogo con El Ciudadano.
En la votación realizada en la sesión del pasado jueves se impuso el criterio del bloque mayoritario de la oposición, que fue acompañado por los diputados de Cambiemos y de Somos Vida y Familia. En cambio, se abstuvieron de votar, en señal de disconformidad, el PJ, los bloques de centro izquierda Igualdad y Frente Social y Popular y el otro bloque religioso, Somos Vida, que comanda Amalia Granata.
Además de los frentistas Farías, Cattalini, Pullaro, Bastía y Real, integrarán la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura los diputados Gabriel Chumpitaz (PRO-Cambiemos) y Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia), mientras que el PJ recién definirá la semana próxima quién ocupará el octavo lugar correspondiente a la Cámara baja.
“Resolvimos momentáneamente no integrar la comisión porque, como bloque, no estamos conformes con la representación que nos dieron; estamos subrepresentados como bloque del oficialismo”, explicó Busatto.
—¿Qué piensan ustedes que busca el Frente Progresista con esta decisión?
—Han anticipado los tiempos; claramente hay una decisión política de (Miguel) Lifschitz, del socialismo y de la UCR de generar tensión con el gobierno, algo que generalmente ocurre en los últimos dos años de gestión, pero ellos decidieron anticipar los tiempos y nosotros pensamos que no nos van a dar gobernabilidad.
Así las cosas, hasta diciembre de 2023, el Frente Progresista tendrá mayoría en la Bicameral de Acuerdos con seis integrantes (cinco diputados y un senador) sobre un total de 12. El PJ solo ocupará cuatro espacios (tres senadores y un diputado) y los dos restantes serán para Cambiemos y Somos Vida y Familia. En cambio, de haberse tomado el criterio del oficialismo, la comisión tendría equilibrio absoluto entre ambos espacios, con cinco sillas para el PJ y otras cinco para el Frente Progresista.
Influye pero no define
La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura es un espacio clave para la designación de funcionarios judiciales y de otros entes públicos como el Tribunal de Cuentas, el Enress, la Defensoría del Público y la Zona Franca Santafesina.
En el caso de los jueces, fiscales y defensores, la comisión legislativa evalúa los antecedentes y entrevista a los postulados, cuyos pliegos son enviados por el gobernador luego del concurso organizado por el Consejo de la Magistratura que define el orden de mérito y remite una propuesta al Poder Ejecutivo. La comisión emite un dictamen sobre cada postulante, aconsejando su aprobación o rechazo, y luego es la Asamblea Legislativa (compuesta por la totalidad de los diputados y senadores) quien decide cada designación por mayoría simple.
En otros términos, la Comisión Bicameral de Acuerdos incide en los nombramientos, pero no los define. Lo mismo ocurre con las designaciones de los defensores del Pueblo y de los directorios de los organismos de control, cuyos candidatos son propuestos por el Poder Ejecutivo, evaluados en la Comisión de Acuerdos y luego votados por la Asamblea Legislativa.
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