Autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la Afip, del Ministerio de Economía y del Banco Central pidieron al Congreso que se avance con el proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución de lavado de activos y financiación del terrorismo. El proyecto busca otorgar mayor autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera a la UIF, y entre otras cuestiones, establece también que se deberá informar al organismo las operaciones de activos virtuales, lo que incluye a las criptomonedas.
La sanción de esa iniciativa resulta clave para el gobierno nacional, ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas de la entidad. El organismo se creó en 1989 por interés de los países integrantes del G8, los más poderosos del mundo, y actualmente tiene 39 miembros plenos –37 países y dos organizaciones internacionales, la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico– y 9 asociados. El Gafi fija los estándares internacionales para prevenir y combatir el lavado, y determina políticas, leyes, regulaciones y operaciones que deben aplican los Estados y organizaciones miembro.
En ese marco se hizo el pedido al Congreso de acelerar la adecuación de la legislación interna. Ente quienes expusieron, el titular de la UIF, Juan Carlos Otero, recordó que el proyecto “tuvo un buen proceso”, que además se destacó por su carácter participativo. Y marcó que tiene tres ejes centrales: las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley 25.246 (que además de modificar el Código Penal creó la propia UIF), y “la creación de un registro de activos virtuales”.
El funcionario explicó que “es una reforma sustancial después de once años” y dijo que es muy importante, ya que “va a permitir mejorar la lucha contra el lavado de activos y la lucha contra el terrorismo”.
Otero señaló además que “en septiembre de 2023 el país va a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera” y se analizará tanto al sector público en los tres poderes como al sector privado. “Evalúan a un país y no a un gobierno”, remarcó, y recordó que en 2012 sumó nuevas recomendaciones e incorporó la “efectividad”.
El funcionario también dijo sobre el Código Penal se incorporan dos verbos, poseer y adquirir, en base a la recomendación del Gafi, y con respecto al monto de 300 mil pesos, el umbral de investigación e información de operaciones se decidió modificarlo “debido a las causas que están en trámite”.
Con respecto a la modificatoria de la ley se incorporan “activos virtuales, proveedores de activos virtuales, y clientes, beneficiarios”, y sobre la UIF “se incorpora la autarquía funcional, administrativa, económica”, además de la financiera, que “ya existía”.
Por su parte, el director del Banco Central Zenón Biagosch marcó que “después de la pandemia, los mecanismos de ofertas del servicio financiero han mutado y son distintos”, y por lógica también lo deben ser los mecanismos para controlarlos.
Verónica Grondona, directora de Fiscalidad Internacional de la Afip, señaló por su parte que “la identificación de los beneficiarios finales, tanto a partir de la titularidad como de otras vías de control, permite tener una visión sinérgica y única del problema para todos los organismos”, por lo que “el registro es necesario”.
En tanto, el presidente de la comisión de Valores, Sebastián Negri, dijo que “el modelo contempla la preocupación vinculada con el lavado de dinero, y esto incluye cuestiones relacionadas con la trazabilidad de las operaciones y la regulación de los umbrales”.
Pero no fue todo acompañamiento. El titular de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón, rechazó la inclusión en el proyecto de los abogados “como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas”, al entender que así ¡se mina la relación de confianza que debe existir con el cliente”.
También expresó su rechazo el presidente del Colegio de Abogados porteño y ex ministro Ricardo Gil Lavedra.
En tanto, la ex vicepresidenta de la UIF María Eugenia Talerico planteó elevar el umbral de punibilidad desde los actuales 300 mil pesos: “Hoy las maniobras de lavado de activos del crimen organizado afectan el orden económico y financiero. El aumento permitirá depurar los casos penales”.
Y el abogado Gustavo Juana señaló que el año pasado el Gafi publicó un documento que recomienda “la regulación de todas las actividades vinculadas con activos virtuales”, marcando que la penetración de las llamadas cripto es creciente, y ya “se estima que en Argentina hay 2,4 millones de personas que tienen criptoactivos”.
Con todo, el proyecto contempla un conjunto de reformas entre las que una de las más importantes convierte a la UIF en un organismo descentralizado, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia y autonomía y autarquía totales. Y otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF. y en ese sentido se busca disponer “la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios”. Y se marca que “los activos virtuales representan un negocio en expansión en todo el mundo y han cobrado enorme relevancia económica en los últimos tiempos, conllevando riesgos para el sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas”.
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