Ciudad

Nuevo Alberdi

Desde Ciudad Futura repudiaron el desalojo del tambo La Resistencia

Volverán a la Justicia provincial para pedir la suspensión de la medida y no descartaron llegar a la Corte Nacional. La agrupación aseguró que existen tres legislaciones que los amparan


Después que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declarara inadmisible un recurso interpuesto para evitar el desalojo del Tambo La Resistencia, en Nuevo Alberdi, quienes integran Ciudad Futura –que desde hace una década trabajan en el predio- lanzaron un comunicado para repudiar el fallo. Desde el partido político aseguraron que volverán a la Justicia santafesina para pedir la suspensión del desalojo basándose en la denominada Ley de Barrios Populares que, según explicaron, declara a los lotes de interés social. No descartaron llevar el reclamo Corte Suprema de Justicia de la Nación. “La Corte Suprema de la provincia se desdice sin explicaciones de lo que había fallado hace tres años, activando nuevamente un conflicto que podía encaminarse hacia una solución de fondo y ahora vuelve a foja cero”, señalaron en un comunicado.

“En medio de una situación social de una fragilidad extrema, con la emergencia alimentaria a punto de declararse en todo el territorio nacional, el poder real no tiene mejor idea que seguir presionando para desalojar el último tambo que queda en Rosario. No solo pudiendo desatar una situación con resultados inciertos desde el punto de vista de la paz social, sino condenando al desalojo y el despojo de sus tierras a más de 200 familias de la Zona Rural de Nuevo Alberdi”, agregaron y destacaron el crecimiento de la producción del tambo en los 10 años desde que se inició el conflicto.

Amparados

Desde Ciudad Futura mencionaron tres leyes que entienden amparan su permanencia en el predio: la ley provincial 13.334 de suspensión de desalojos en predios rurales, la ley nacional 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar y la sancionada ley 27.453 de regularización dominal para la integración socio urbana, también conocida como Ley de Barrios Populares, que frena por cuatro años los desalojos de los inmuebles que forman parte del registro confeccionado por esa misma ley. Esa normativa además declara a esos lotes de interés social sujeto a expropiación. “Tanto los lotes del tambo como los de todas las familias de Nuevo Alberdi están incluidos en el registro que contiene la ley que aprobó por unanimidad el Congreso de la Nación. Esta ley nacional que peleamos los movimientos populares en Argentina no sólo protege del desalojo sino que además le da nuevos derechos a los poseedores, reconociéndoles su permanencia en un lugar y formalizándolos a través de un registro oficial”, señalaron desde el partido político.

“Lo que empezó como un conflicto de un barrio pasó a ser la lucha de una ciudad y ahora se convertirá en una bandera para todo el país. Para todos los barrios populares de la Argentina que día a día la pelean para salir adelante y exigen dejar de ser ciudadanos de segunda para incorporarse a todos los derechos de la vida en las ciudades. A eso nos dedicamos todo este tiempo y para eso seguiremos trabajando”, concluyeron desde Ciudad Futura.

El litigio

La semana pasada los ministros Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler de la Corte Suprema de Justicia provincial declararon inadmisible un recurso interpuesto para evitar el desalojo del Tambo La Resistencia, en Nuevo Alberdi, que arrastra un largo litigio que ahora ya no tiene más vías en Santa Fe. El máximo tribunal había admitido un recurso de queja el 6 de septiembre de 2016, cuando el desalojo tenía fecha para dos días después y era resistido por el ex movimiento político Giros. La resolución descomprimió la tensión y evitó el desalojo. Por entonces, el máximo órgano judicial había definido por unanimidad admitir “la queja interpuesta y, en consecuencia, conceder el recurso de inconstitucionalidad”, en una reunión de acuerdo en la ciudad de Santa Fe. Ese año, después de una larga disputa judicial y varias instancias de negociación, la jueza de Circuito Nº 5, Stella Maris Bertune, había dictado un desalojo del predio para el 8 de septiembre. La medida quedó paralizada y sin plazos cuando la Corte admitió el recurso de los abogados de quienes ocupan el tambo. El desalojo quedó en suspenso hasta la reciente definición.

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