Arlen Buchara
Jackeline Romero tiene 50 años y es una sobreviviente. Superó los 35 años, que es el promedio de vida de una persona travesti o trans en Argentina. Son la parte más vulnerable de la sigla LGTBIQ. Jackeline empezó a los 15 años a militar por los derechos de las personas con VIH. Desde entonces la política es su herramienta de lucha, convirtiéndose en las últimas elecciones en la única candidata trans a concejala de Rosario. La semana pasada fue una de las primeras cuatro personas que entraron a trabajar en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) con el anuncio de la implementación del cupo laboral trans.
Jackeline Romero es una de las impulsoras de la iniciativa en Rosario y en el resto de la provincia. Desde 2016, sólo 10 localidades de Santa Fe sancionaron ordenanzas que establecen un mínimo del cinco por ciento de los ingresos para travestis y trans. En el acumulado, 26 personas entraron en blanco al Estado a través del cupo: 22 en los municipios y cuatro en la UNR. Para que llegue a toda la provincia, el Senado santafesino firmó el jueves un compromiso de tratamiento de la ley que lleva un año y medio esperando tratamiento. La votación será el 31 de octubre.
El cupo laboral travesti-trans fue una idea que impulsó la líder y activista travesti Diana Sacayán. Lo pensó como una forma de reparar la exclusión de la que son víctimas quienes integran el colectivo. Según un informe elaborado en 2015 por la Federación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, el 90 por ciento no accede a un empleo formal en la Argentina. Para el 95 por ciento del colectivo, el trabajo sexual es o fue la única salida laboral. La ley impulsada por Diana Sacayán fue votada el 17 de septiembre de 2015 en la provincia de Buenos Aires, que aún no la implementó. Un mes después ella fue asesinada en su departamento del barrio porteño de Flores.
En mayo de 2016 Rosario se transformó en la primera ciudad del país con cupo laboral trans. Un año después llegó la implementación con los primeros cinco ingresos a la planta de la Municipalidad de Rosario. Desde entonces, se sumaron Santo Tomé, Capitán Bermúdez, Chañar Ladeado, Rosario, San José del Rincón, Gálvez, San Justo, Venado Tuerto, Santa Fe y Vera, que lo hizo la semana pasada. Entre las 10 localidades 22 personas consiguieron un trabajo en blanco 22. Según la Subsecretaría de Diversidad Sexual, la población trans de Santa Fe es de entre 900 y 1.100 personas.
La UNR avanzó en el mismo sentido el martes pasado. Si bien el cupo aún no fue sancionado como parte del reglamento, el rector Franco Bartolacci se comprometió a implementarlo de hecho con el 5 por ciento de los ingresos. Entraron cuatro personas. Jackeline Romero fue una de ellas y estará en el Área de Género y Sexualidades.
Ley provincial
El martes de la semana pasada Jaqueline Romero, otras activistas y representantes de organizaciones de Santa Fe iniciaron tres días de movilización en la Legislatura para reclamar la sanción definitiva de la ley de cupo laboral trans. El proyecto fue presentado por el diputado Carlos Del Frade y en septiembre de 2018 obtuvo media sanción de Diputados. Prevé un cupo del 10 por ciento de los ingresos a puestos de trabajo en los tres poderes del Estado para personas trans, travestis y transgénero. También alienta la contratación en el sector privado a través de convenios para pasantías.
Antes de la propuesta de Del Frade hubo iniciativas similares de Silvia Augsburger (Igualdad y Participación) y Leandro Busatto (PJ). Ambas habían perdido estado parlamentario. El proyecto de Del Frade corre el mismo riesgo si no es votado antes del 31 de noviembre. Por eso, desde las organizaciones activaron una movilización para despertar a los 18 senadores varones y una senadora mujer que integran la Cámara Alta, que tiene en el último año no trataron las leyes de paridad, educación, educación sexual integral y cupo trans. Todas tenían media sanción.
Después de la movida del martes pasado, activistas y referentes lograron distintas reuniones. Primero fueron recibidas por Miguel Ángel Capiello y Miguel González, del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS). Después llegó el encuentro con el presidente del bloque del PJ, Armando Traferri. La reunión era clave porque el peronismo tiene la mayoría del Senado.
Cara a cara
Cuando Jackeline Romero se sentó frente al jefe del bloque peronista fue clara. “Soy peronista y como militante territorial desde hace más de 30 años les pido que no nos sigan segregando. Necesitamos el voto de los senadores peronistas para que salga la ley y que todas las personas travestis y trans tengan derecho a un trabajo digno”, les dijo.
Del encuentro salió el compromiso escrito de tratar el proyecto el 31 de octubre. La militante adelantó que es posible que haya modificaciones en el texto en la parte del porcentaje. “No será menor al 5 por ciento. Lo importante es que salga. Las expectativas son muchísimas porque muchas compañeras de la provincia van a tener por primera vez la posibilidad de acceder a un trabajo”, adelantó.
Desde las organizaciones están planificando la movilización para ese día. “No perdemos el tiempo porque tiempo es lo que nos falta. Vamos a ir las organizaciones de toda la provincia. Fueron muchos años de trabajo para ver este logro. Las travestis y trans somos excluidas de todos los ámbitos laborales. Esto va a marcar un antes y un después”, agregó.
Jackeline Romero cree que el cupo es un logro de las organizaciones sociales y de los activismos. “No le debemos nada a los senadores, pero sí hay que remarcar que hay la voluntad política para permitir que el cupo sea realidad y que en Santa Fe haya una inclusión real. Me siento muy orgullosa de cómo la militancia que empezamos en Rosario se va extendiendo por toda la provincia. Vamos a seguir militando hasta que podamos trabajar en todas las localidades”, opinó.
Cómo es en Argentina
Existe un proyecto de ley en el Congreso que propone que el 1 por ciento de los empleos de la administración pública nacional sea ocupado por personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. La iniciativa fue presentada el Frente Nacional por la Ley Diana Sacayán dos veces. La primera vez fue en 2016 y perdió estado parlamentario. La segunda fue en 2018. Hasta el momento, sólo cuatro provincias – Buenos Aires, Chaco, Río Negro y Chubut– aprobaron legislaciones para incluirlo, pero ninguna lo implementó.
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