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violencia institucional

Desarchivan dos polémicas causas

Son por la muerte de dos jóvenes. En ambas hay uniformados acusados.


Las causas judiciales por las muertes de Maximiliano Zamudio, de 16 años y asesinado de dos disparos en la puerta de su casa de barrio Tablada por un prefecto, y la de Alejandro Ponce, de 23, cuyo cuerpo apareció en las aguas del Paraná tres días después de que un grupo de policías lo persiguiera a la altura de los Silos Davis, fueron desarchivadas ayer por orden del nuevo fiscal Regional Patricio Serjal para que continúen siendo investigadas. Ambas pesquisas habían sido archivadas meses atrás por el fiscal de Homicidios Dolosos Miguel Moreno, quien desde un comienzo fue acusado por familiares de las víctimas de no producir pruebas, maltratarlos en las entrevistas y desestimar testimonios contradictorios con la versión de los uniformados. El mismo reclamo fue planteado desde la Multisectorial contra  la Violencia Institucional y la Asamblea por los derechos de la Niñez y la Juventud, que entendieron el desarchivo de las causas como una victoria de la lucha popular.

Para María y Mirta, las mamás de Maximiliano y Alejandro, la decisión de Serjal abre una luz de esperanza para que las muertes de sus hijos, ocurridas a mediados y fines de 2015, no queden impunes. Así lo expresaron a El Ciudadano.

“Ahora sí tengo un poco de esperanza. Lo único que le pido al nuevo fiscal es que investigue bien al prefecto, porque no mató a un perro, mató a un nene de 16 años”, dijo María tras acusar a Moreno: “Me investigó a mi en vez de investigar al asesino de mi hijo”, dijo, y recordó que en unos días se cumplen dos años de su muerte.

Maxi tenía 16 años y era el mayor de tres hermanos. Tenía una discapacidad mental, por lo que iba a una escuela especial que dejó unos meses antes de su muerte porque quería dedicarse al fútbol. La noche del 26 de mayo, la calle Colón al 4300 estaba casi desierta y el único almacén que quedaba abierto se preparaba para cerrar. María acostaba a Jeremías, su nene más chico, cuando escuchó los disparos, pero pensó que estaban tirando bombas por un partido de fútbol. Un rato antes, Maxi había salido de la casa, pasado por lo de su tía en busca de un yogur y se fue a la calle. Los pocos vecinos que estaban en la vereda vieron entrar un Falcon a la estrecha calle sin asfalto del barrio Tablada, según contó María, y no podían explicarse qué hacía un hombre solo a esas horas de la noche en un lugar donde casi nunca entran vehículos. Con extrañeza se quedaron mirando y vieron que el conductor llamó a Maxi, que estaba acodado en la entrada de una casa. El chico se acercó a la ventanilla y, después de un intercambio de palabras, lo vieron caer al piso por un disparo. El hombre salió del auto, le pegó una patada y volvió a gatillar, esta vez en su cabeza. El conductor del Falcon, el prefecto Ariel Fernando C., de 34 años, dio una versión opuesta al referir que actuó en legítima defensa ante un intento de robo con algo que tenía apariencia de un arma. No pasó ni un día detenido.

Mirta, la mamá de Alejandro Ponce, celebró la decisión de Serjal y dijo que en la reunión del miércoles, que las atendió junto a sus abogados, “fue muy claro, recto y amable”. Para la mujer, quien también fue investigada por Moreno en la causa por la muerte de su hijo, el desarchivo de la causa va a permitir que “salga todo” a la luz. “Moreno me dijo en la cara que no le creía a ninguno de los testigos que declararon en la Fiscalía que vieron a los policías arrojarles piedras a mi hijo, que no sabía nadar, y decirle, «Ahogate negro de mierda» y otras cosas así. Que directamente le creía a los policías”, recordó Mirta sin ocultar sus esperanzas de que se esclarezca el caso. “Ellos lo mataron, para mi está reclaro. Si hubiesen querido sacarlo del agua y metido preso, podían. Pero no. Lo mataron porque le tiraron piedras para que se ahogue”, dijo Mirta.

El cuerpo de Alejandro apareció tres días después de una persecución policial por el robo de un celular en el parque de los silos Davis, a fines de octubre de 2015. Participaron efectivos de la seccional 3ª, de Motorizada y del Comando Radioeléctrico que lo acusaron junto a su hermano, y ambos terminaron en el río. Su hermano logró salir, con un corte en la frente y Alejandro se hundió.

Desde la Multisectorial emitieron un comunicado en el que destacan que “el accionar de Moreno es sólo la expresión de un patrón de intervención generalizado y sistemático del Ministerio Público de la Acusación en relación a las causas de Violencia Institucional”. Al respecto dijeron que las investigaciones “no se adecúan a los estándares internacionales en la materia conforme lo establecen las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país. Es decir, no son de investigaciones imparciales, prontas y efectivas”.

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