Las armas habían sido secuestradas en el marco de una investigación por el homicidio de Matías Sosa, ocurrido en diciembre de 2018. El caso llegó a juicio y las pistolas quedarin en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), en el Centro de Justicia Penal. En diciembre el tribunal que presidió el debate condenó a dos policías por el hecho y dispuso la destrucción de dos de esas armas. Las otras dos debían restituirse al Ministerio de Seguridad pero desaparecieron del interior de un cajón de un despacho de la OGJ. El caso es investigado por la fiscal Paola Aguirre de la Unidad de Violencia Institucional.
El crimen de Matías Sosa ocurrió el 16 de diciembre de 2018 en barrio Parque Casas. La hermana de la víctima había mantenido una relación con el policía Franco Villarruel y era víctima de violencia de género. Ese día su hermano intentó defenderla y se enfrentó a su ex cuñado.
El hermano de Franco también se involucró en el hecho y la situación terminó con Sosa asesinado. Los uniformados intentaron hacer pasar el hecho como un enfrentamiento por un robo. Pero la investigación desechó el intentó de los policías de mejorar su situación procesal.
El crimen ocurrió frente a los vecinos y ante seis agentes del Comando Radioeléctrico que llegaron al lugar tras un llamado al 911. La víctima le reclamó a su ex cuñado por golpear a su hermana y terminó asesinado.
Un joven fue maniatado y ejecutado en una playa de estacionamiento en zona sur
Los empleados policiales Franco Hugo Villarruel, de 37 años, cuñado de Matías y su hermano Víctor Oscar Villarruel, de 35, fueron enjuiciados a fin del año pasado. Tras el debate, el tribunal compuesto por los jueces Rafael Coria, Silvia Castelli y María Isabel Mas Varela, dieron por probada la teoría acusatoria que llevó adelante el fiscal Adrián Spelta y condenó a los hermanos a 20 años de prisión. Además dispuso la destrucción de 2 armas de fuego y la devolución al Ministerio de Seguridad de otras dos armas calibres 9 milímetros.
Tras el juicio y, según la información brindada por la Fiscalía, personal de la Oficina de Gestión Judicial no realizó el depósito de las armas en el MPA porque la documentación estaba incompleta e incorrecta. Se solicitó desde Fiscalía que confeccionaran correctamente la documentación y ello no ocurrió, contó la fuente.
Según la pesquisa las armas fueron trasladadas a una de las oficinas de la OGJ y allí quedaron desde el 2 de diciembre y durante toda la feria judicial, tras lo cual notaron la faltante.
Recién en marzo se dió aviso a MPA sobre la desaparición y la fiscal Aguirre dispuso una serie de medidas investigativas, entre ellas el resguardo de la oficina donde habían quedado las armas, de las imágenes de las cámaras de seguridad internas del lugar y de las personas que tuvieron acceso a dicho espacio durante la feria.
A su vez la Corte Suprema de Justicia dispuso el inicio de un sumario administrativo. La fiscalía aclaró que la seguridad del Centro de Justicia Penal, de la OGJ y su organización dependen del máximo tribunal santafesino.
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