El juez federal Rodolfo Canicoba Corral convocó para el próximo jueves al Gobierno nacional para ratificar una denuncia penal contra ruralistas por la presunta construcción de canales clandestinos, que habrían contribuido a las inundaciones en San Antonio de Areco.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado citó para el próximo jueves a los funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, para que ratifiquen la denuncia presentada el pasado 29 de diciembre para que se investigue si ruralistas realizaron en los campos obras no autorizadas, que podrían haber sido causantes de las inundaciones en la localidad de San Antonio de Areco.
Además, Canicoba Corral habilitó la feria judicial para tramitar la causa, y luego de que sea ratificada la denuncia, se prevé -según las fuentes- que le corra vista a la fiscalía para que dictamine si corresponde o no impulsar la investigación.
La denuncia fue efectuada por el Gobierno nacional luego de las serias inundaciones en San Antonio de Areco, que afectaron a la mayoría de los habitantes y dejaron gran cantidad de evacuados.
Tras ello, desde el Ministerio que dirige Julio De Vido solicitaron a la Justicia que “se instruya el pertinente sumario tendiente a comprobar si (los hechos denunciados) configuran delitos penales contra la seguridad pública, tipificados en los artículos 186 y 196, en función del artículo 194 del Código Procesal Penal de la Nación”.
“Se ha verificado la existencia de numerosos canales construidos en los campos de la zona, la mayoría de los cuales colectan el agua superficial y sub-superficial de las subcuencas vecinas al cauce principal, desembocando su curso en el Río Areco y/o a los canales aliviadores de las rutas”, según la denuncia.
Además, desde el Gobierno aseguraron -tal cual lo expresaron en la denuncia- que “buena parte del agua que debía retenerse en la cuenca rural, fue derivada de manera directa y artificiosa mediante esos canales hacia el río y de allí a la ciudad”.
En la presentación, solicitaron a la Justicia que determine si la existencia de los canales “no declarados” en la zona y alrededores, es legal o no.
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