Con la decisión de mandar al freezer la reforma constitucional, la Legislatura dejó pasar la oportunidad de consagrar nuevos derechos en la Carta Magna. Entre ellos, la paridad de género, la incorporación de derechos ambientales, de la infancia y de la tercera edad con rango constitucional, la separación de la Iglesia del Estado y la protección de la Caja de Jubilaciones y de las empresas públicas para que no puedan ser privatizadas.
El proyecto de reforma enviado por el gobierno en abril incluye, entre otros puntos, la paridad de género para las listas de diputados provinciales, senadores, concejales y comisiones comunales. También postula la representación igualitaria entre varones y mujeres para la distribución de bancas en la conformación de las listas de candidatos de convencionales constituyentes.
En paralelo al debate por la reforma hay un proyecto de ley de paridad de género que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y está siendo discutido en el Senado. La intención original del gobierno era incluirlo dentro de los puntos a reformar para que quede establecido en la letra de la Constitución y no pueda ser reformado por una ley.
Además de la paridad, el proyecto de reforma apunta a la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, ejecución y producción de políticas públicas en todas las áreas del Estado. La idea era que quedasen expresamente estipulados en el texto constitucional la eliminación de toda discriminación contra la mujer, el derecho a la diversidad sexual y los derechos sexuales y reproductivos.
Otro debate que quedó clausurado es el de la neutralidad religiosa del Estado. La Constitución vigente establece en el artículo 3 que la religión oficial de la provincia de Santa Fe es la Católica, Apostólica y Romana, aunque también considera “la libertad religiosa” de los ciudadanos. La reforma apuntaba a eliminar ese artículo y avanzar hacia la neutralidad religiosa. Ese cambio también deberá esperar.
Con el recuerdo fresco de las privatizaciones de los 90 y del intento macrista de “armonizar” las Cajas de Jubilaciones provinciales para ponerlas en línea con el sistema nacional, dentro de los puntos de la reforma se proponía darle rango constitucional al sistema previsional dentro de la órbita estatal y establecer en la nueva Carta Magna la imposibilidad de privatizar o vender las empresas públicas de servicios (EPE y Assa). Durante el debate legislativo se mencionó la venta del Banco de Santa Fe, también en los 90, que no hubiese sido posible si la Constitución lo prohibía. Otro tema que deberá esperar.
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