Según consigna la agencia DPA, el texto del decreto no utiliza el término “represión”, utilizado en el texto original del III Plan de Derechos Humanos para definir el período dictatorial, y se limita a afirmar que la Comisión de la Verdad tendrá la misión de investigar las “violaciones de derechos humanos” practicadas durante el régimen militar.
Asesores del mandatario anticiparon que el nuevo proyecto no dejará brechas que puedan llevar al enjuiciamiento de los responsables de torturas a presos políticos durante la dictadura, y que han sido beneficiados por la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo.
El proyecto original, elaborado por Vannucchi y firmado por Lula el 21 de diciembre último, generó una ola de descontento en sectores castrenses, que acusaron el gobierno de impulsar un proyecto “revanchista”, cuyo objetivo sería “revocar” la Ley de Amnistía.
El pulso en torno a los proyectos se inició poco después de su anuncio, con la amenaza de renuncia del ministro Nelson Jobim, y de los comandantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, y prosiguió este domingo, con la advertencia de Vannucchi de que dimitiría si el gobierno dispusiera cambios en su proyecto.
“No puedo admitir que transformen el plan en un mostruo político único en el planeta, sin el respaldo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) ni de la OEA (Organización de Estados Americanos”, dijo Vannucchi.
Tras la reunión con Lula, Jobim aseguró que la salida adoptada por el presidente pone fin al descontento en las Fuerzas Armadas: “De mi parte, está solucionado”. Vannucchi no se manifestó de inmediato sobre el tema, pero asesores de la presidencia aseguraron que aceptó el acuerdo.
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